La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos.
La central nuclear de Garoña lleva sin funcionar desde finales de 2012 y formalmente en cerrada y en vías de desmantelamiento desde que el Gobierno rechazara renovar su licencia de explotación en 2017. Durante ese tiempo, Endesa e Iberdrola –sus propietarias a partes iguales a través de la sociedad nuclear- han asumido una factura millonaria a cuenta de la vieja planta burgalesa.
En los últimos años Endesa e Iberdrola han asumido unas pérdidas de 400 millones de euros a través de Nuclenor. Hasta ahora. Y es que, con la central ya preparando su desmantelamiento, las eléctricas se han apuntado el primer beneficio en un lustro ligado a la central de Garoña.
Endesa e Iberdrola han registrado un beneficio de 8 millones de euros (4 millones cada compañía) en sus resultados de 2018 a través de Nuclenor. La central de Garoña no registra ningún ingreso, pero las eléctricas han registrado una devolución de una pequeña parte de las provisiones apuntadas en el ejercicio anterior para las tareas de predesmantelamiento de la central.
En los años anteriores, Endesa e Iberdrola habían ido incluyendo en sus cuentas provisiones a partes iguales por importes millonarios para seguir cubriendo los costes de su filial Nuclenor. Las cuentas de ambas eléctricas correspondientes a 2017 incluían impactos negativos de 96 millones de euros (48 millones cada compañía) para cubrir los costes de los trabajos de predesmantelamiento previstos.
Un agujero que se sumaba a las pérdidas de 76 millones que las dueñas de Garoña registraron en 2016 (38 millones cada una), a las de 116 millones de 2015 y a los números rojos de 112,8 millones de euros de 2014. En total, 400 millones de euros en sólo cuatro años. Hasta el beneficio de 8 millones del año pasado.
Curiosamente, en 2013, el primer ejercicio en que Garoña no tuvo ninguna actividad, Nuclenor registró un beneficio de 22 millones de euros. Un resultado positivo consecuencia igualmente de la reversión de provisiones realizadas en años anteriores por la empresa.
La larga agonía
Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.
Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible.
El Gobierno de Mariano Rajoy finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva. Ahora está por ver quién acaba encargándose de su desmantelamiento y si el Gobierno traslada a Endesa e Iberdrola todo el coste de los trabajos.