Pedro Sánchez saluda a la ministra Montero tras una intervención en el Congreso.
Pedro Sánchez no podrá sacudirse como quisiera las críticas de aquellos que le acusaron de poner en peligro las cuentas públicas al empeñarse en subir las pensiones con el IPC. Al menos, de momento.
El marcaje en corto al que la Junta Electoral Central está sometiendo al Gobierno ha hecho que el Ministerio de Hacienda se decante en estos momentos por no hacer una valoración pública de los datos de ejecución presupuestaria del año 2018, que se conocerán, de acuerdo con el calendario previsto en la página web del departamento, el próximo 2 de abril.
Desde el Ejecutivo ya se avanza que serán mejores de lo esperado, pese a recoger la subida de las pensiones del 1,6% --la 'paguilla' hasta llegar al IPC de 2018, del 1,7%, recae en el gasto de 2019--, por lo que el departamento que dirige María Jesús Montero teme que la rueda de prensa con la que habitualmente se hace balance al cierre del ejercicio fiscal se considere una forma de propaganda electoral.
Según la Ley Órgánica del Régimen Electoral General, "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".
Con ese enunciado pendiendo como una espada de Damocles, todo apunta que no habrá presentación oficial, aunque es una cuestión que aún no se da por cerrada. Está reciente el veto de la Junta Electoral a un acto del ministro de Ciencia, Pedro Duque, en Baleares; la Agencia Tributaria también planea dejar el balance de la lucha contra el fraude en 2018 para después del 28-A. Todo eso es suficiente para declinar hacer algo más que publicar los datos de ejecución presupuestaria, como marca, por otro lado, la Ley.
Hacienda avanza mejores datos
Ahora bien, el mismo día que el Banco de España anticipaba que sin nuevos presupuestos el déficit público solo bajaría del 2,7% del PIB al 2,5% en 2019, la propia ministra avanzó el pasado miércoles que este saldo ya cerró el pasado año por debajo del 2,7% del PIB, gracias a evolución de los ingresos en el último cuatrimestre de 2018, la buena marcha de economía en la última parte del año y al menor coste de la deuda.
En efecto, los datos de recaudación tributaria hasta el mes de noviembre muestran un incremento del 8% --un 6,3% corregidos de los distintos ritmos de devolución y el Suministro Inmediato de Información (SII)--, frente al 6% presupuestado. Solo en el último trimestre, el Gobierno espera un repunte superior al 9%.
Además, el PIB sigue avanzando con fortaleza pese a la desaceleración económica que se propaga por la eurozona. Según el dato adelantado de Contabilidad Nacional, la economía española creció un 2,5% en 2018 y, de acuerdo con los registros del Banco de España, apenas habría perdido una décima en tasa intertrimestral hasta marzo, con un nuevo avance del 0,6%.
Finalmente, el Tesoro Público da por hecho que habrá un nuevo ahorro en intereses en 2018. El organismo que encabeza Carlos San Basilio ha venido anticipando una caída de las emisiones netas de 5.000 millones, desde los 40.000 millones presupuestados, y un ahorro, también motivado por los bajos tipos de interés, de unos 1.500 millones de euros que, en términos de Contabilidad Nacional --metodología con la que se mide el déficit--, serían unos 2.000 millones de euros.
Con esas credenciales, Montero aseguraba tener la certeza de que se conseguiría reducir el déficit por debajo del 2,7% que dan por hecho la gran parte de los analistas.
¿Qué lugar ocupan las pensiones?
Lo que no comentó la ministra de Hacienda fueron los detalles. Valoró especialmente el papel de los ayuntamientos y también de las comunidades a la hora de rebajar el déficit. Los primeros llevan años siendo el contrapeso de las administraciones incumplidoras con superávit de hasta el 0,6% del PIB. Las segundas sumarían en 2018 dos años siguiendo el guion.
Sin embargo, Montero no habló del balance del Estado central ni de la Seguridad Social, donde se ha concentrado en los últimos años el auténtico agujero fiscal de España, con un déficit cercano a los 19.000 millones de euros. Esa es la gran incógnita, aunque las cifras hasta noviembre de ejecución de la Seguridad Social muestran, a la par que un repunte del gasto en pensiones ligeramente por encima del 5%, tras la revalorización de las prestaciones un 1,6% en línea con el IPC, un avance de los ingresos por cotizaciones por el tirón del empleo y la subida de salarios de cerca del 5,5%.
En ese punto, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, sacaba pecho este martes de los que previsiblemente serían los datos de déficit que ofreciera Hacienda. En una acto sobre el futuro de las pensiones decía que el incremento de los salarios se aceleró en el segundo semestre de 2018 y que "cuando la ministra presente el cierre del déficit se podrá comprobar si las previsiones de que se iba a incrementar el déficit de forma escandalosa eran ciertos o no". Poco después, en una conversación con periodistas, retaba a los críticos al Gobierno y decía: "Invito a comprobar el si el déficit en 2018 ha sido superior o no".
La lectura de Granado estaba cargada de triunfalismo, como la de Montero, pero a día de hoy erraría en un hecho:Hacienda se ve difícil a día de hoy poder hacer una presentación ni puesta en escena de los datos de déficit.
El problema de la subida de las pensiones
De momento, la subida de las pensiones con el IPC solo tendrá lugar en 2018 y 2019, porque finalmente la convocatoria de elecciones anticipadas para el 28-A ha desbaratado sus planes para derogar la reforma de las pensiones de 2013 y volver a indexarlas con los precios. Las de estos dos años, son subidas que Sánchez heredó del anterior Gobierno del PP, que fue el que se comprometió a ello como peaje para sacar adelante los Presupuestos para 2018.
El caso es que la principal crítica a la subida de las pensiones con el IPC es que si se hace de forma permanente supondrá una bola de nieve de gasto que algunos analistas y el propio Banco de España ha cifrado en más de 40.000 millones en una década. Y en ese empeño está el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así es que, en el corto plazo, la subida de las pensiones no parece haber desbaratado del todo las cuentas públicas y, en todo caso, el problema se plantea por el hecho de que, al no haberse aprobado las nuevas cuentas anuales, tampoco se ha dado vía libre a las medidas que recogía el proyecto de Presupuestos para inyectar ingresos adicionales al sistema de pensiones. Esto genera además más peso muerto estructural en las cuentas del Estado, o dicho de otro modo, el déficit público estructural no se reduce, como exige Bruselas en la actual fase de vigilancia de las cuentas españolas.
La cuestión ahora es qué medidas se pueden adoptar en la próxima legislatura por el lado de los ingresos para poder absorber el efecto acumulación del mayor gasto asumido y una eventual vuelta al vínculo de las pensiones con el IPC. Esa era una de las preguntas obligadas en la rueda de prensa que Hacienda no tiene intención de celebrar.