El pago de pensiones multiplicará por 13 el déficit de la Seguridad Social en 2050

Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) ha publicado este lunes un informe que analiza la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones de los países de la Unión Europea a partir de las proyecciones del Ageing Report de la Comisión Europea (el informe trienal que recoge la evolución prevista del gasto en pensiones, sanidad, dependencia y educación durante las próximas décadas). Pues bien, en este documento, Fedea señala que "España es el sexto país de la UE con mayor aumento del déficit, con 2,5 puntos de PIB" en 2050.

Es decir, la Seguridad Social no podrá hacer frente al gasto público que exigirá el pago de pensiones cuando la generación del baby boom se jubile al completo. Por tanto, deberá incrementar su déficit, que pasará del 0,2% del PIB en 2022 al 2,7% en 2050, lo que supondrá que el déficit se multiplicará por trece.

España, segundo país donde más crecerán los ingresos

Ni siquiera el fuerte aumento de los ingresos será suficiente para contener el deterioro del saldo del sistema de pensiones. Según Fedea, España será el segundo país de la UE —solo por detrás de Chipre— donde más crecerán entre 2022 y 2050, con un aumento equivalente a 1,7 puntos de PIB. Lo que revela, a juicio del centro de estudios económicos, que "España es el país que más claramente ha dirigido sus últimas reformas a reforzar los ingresos en lugar de a controlar los gastos".

Esto se debe a la reforma de pensiones de 2021 y 2023, implantada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Su reforma se enfocó en reforzar la financiación del sistema mediante la creación de nuevas cotizaciones sociales que deben pagar las empresas y trabajadores —como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización de
solidaridad, el aumento de la base máxima o la reforma de las cotizaciones de los
autónomos— y en "la normalización de las transferencias extraordinarias del Estado" para contener el déficit.

La AIReF critica el uso de transferencias

De hecho, sobre este último aspecto también ha dado la voz de alarma la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). El organismo supervisor ha cuestionado en varias ocasiones que el Gobierno utilice las transferencias como una solución estructural para reducir el déficit de la Seguridad Social. La AIReF ha advertido de que incrementar las aportaciones del Estado permite financiar el desequilibrio del sistema, pero no resuelve realmente la brecha entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones, sino que desplaza una parte creciente de su coste a las cuentas públicas.

De hecho, en su último estudio sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones concluyó que, si no se introducían nuevas reformas (es decir, incrementar los ingresos o reducir el gasto), tres de cada cuatro euros adicionales para pagar las pensiones en 2050 deberán salir del Estado. Y claro, los recursos son limitados, por lo que aumentar las transferencias en el presupuesto de la Seguridad Social supondría o reducir los recursos disponibles para otras políticas públicas o recurrir a un incremento de la deuda pública.

Una sostenibilidad basada en supuestos "excesivamente optimistas"

Además, las proyecciones también deben interpretarse "con cautela", según advierte Fedea, ya que dependen "de forma importante" de los supuestos utilizados sobre la tasa de reemplazo, la edad efectiva de jubilación, el tipo de interés y la duración de la carrera laboral. De hecho, los autores del informe consideran que algunos de ellos parten de "supuestos excesivamente optimistas que favorecen la sostenibilidad en el caso de España".

Y es que el Ageing Report parte de un conjunto de hipótesis comunes para todos los países, pero incorpora también los cálculos realizados por cada Gobierno sobre la evolución de su sistema de pensiones y el impacto de las reformas aprobadas. Desde Fedea ponen el ejemplo de los supuestos relacionados con el retraso de la edad de jubilación y la respuesta de los trabajadores a los incentivos para continuar en activo.

Las proyecciones elaboradas por el Ministerio en 2023 calculaban que en 2025 habría unas 275.000 jubilaciones demoradas sobre un total de 350.000 nuevas altas, es decir, cerca de ocho de cada diez. Sin embargo, finalmente las jubilaciones demoradas representaron solo el 10,8% de las nuevas altas. Una diferencia que ayuda a entender la advertencia de Fedea: "Los efectos sobre la tasa de reemplazo, la duración de la carrera laboral y la edad efectiva de jubilación pueden estar sobreestimados". Es decir, el gasto público del sistema de pensiones y el déficit podrían ser todavía mayores respecto a lo estimado inicialmente en su informe.