Las ayudas de calefacción a hogares pobres se repartirán casi en verano por el ‘no’ al PGE

La burocracia tiene sus tiempos. Y las decisiones políticas a veces entorpecen aún más los mecanismos burocráticos de la Administración y dilata sus plazos. El retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, primero, y su rechazo en el Congreso (con el voto de PP, Ciudadanos y los independentistas), después, han aplazado la puesta en marcha del nuevo programa de ayudas a la calefacción para hogares pobres.

Y lo están aplazando tanto que el reparto de las ayudas, concebidas para financiar la calefacción de hogares vulnerables en los meses de invierno (los de más consumo energético), pueden acabar realizándose casi en verano.

Y es que sin poder utilizarse la partida presupuestaria específica de 80 millones que se recogía en los PGE de 2019, los que se rechazaron, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha enfrentado a un largo proceso burocrático primero con el Ministerio de Hacienda y ahora con la Intervención General de la Administración del Estado que aún no se ha cerrado.

El nuevo bono social térmico consiste en ayudas directas –una suerte de cheque- para financiar el gasto en energía para calefacción, agua caliente y cocina de consumidores vulnerables. El plan inicial era repartir esas ayudas en enero o febrero mediante transferencias bancarias a los cerca 1,2 millones hogares beneficiarios. Las ayudas oscilarán entre un mínimo de 25 euros y un máximo de 100 euros.

Una vez que la Intervención dé su visto bueno a utilizar otras partidas presupuestarias para sufragar el bono social térmico, el Ministerio para la Transición Ecológica aún deberá enviar cartas a cada uno del más de un millón de beneficiarios para darles la opción de que renuncien a las ayudas. ¿Por qué? Por la posibilidad de que un hogar vulnerable al ingresar esa ayuda pierda otro tipo de prestaciones por superar el umbral de renta al que éstas están condicionadas.

Si el beneficiario recibe la notificación ministerial y en 25 no comunica su renuncia al bono social térmico, el Gobierno realizará la transferencia. Si el beneficio no recibe la notificación, se realizaría un segundo envío y, tras él si sigue sin haber respuesta, se publicaría en el Boletín Oficial del Estado y, sólo después, se efectuaría el pago. Entre los trámites burocráticos ya realizados por la falta de nuevos PGE y los que quedan por realizar, el reparto de las ayudas podría retrasarse hasta bien entrado mayo o incluso a junio.

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentado por el Gobierno se recogía una partida de 80 millones de euros destinada al nuevo bono social térmico. El Ministerio para la Transición Ecológica ya había decidido garantizar la puesta en marcha de las ayudas con o sin presupuestos, según adelantó El Independiente.

¿Quién recibirá las ayudas?

Para recibir el nuevo bono social térmico se ha de estar percibiendo el bono social eléctrico (descuentos en el recibo de la luz para hogares vulnerables) o haber completado la solicitud de éste antes del 31 de diciembre pasado. Al cierre de 2018, las comercializadoras eléctricas habían tramitado más de 1,4 millones de solicitudes completas y 1,07 millones de familias tenían aprobada su condición de perceptores del bono social formalmente.

La cuantía de la ayuda para calefacción y agua caliente que recibirán cada uno de los hogares dependerá de su grado de vulnerabilidad, de la zona climática es que esté situada la vivienda y del número total de beneficiarios apuntados. La ayuda mínima será de 25 euros para un hogar vulnerable situado en una zona con un clima suave, y el máximo para un hogar con vulnerabilidad severa y ubicado en la peor de las zonas climáticas será de 100 euros.

El atajo que no ha servido

En el real decreto con el que el Gobierno articuló el plan de choque para frenar la subida de la luz y para paliar los efectos del encarecimiento en colectivos vulnerables se estableció que las transferencias a los ciudadanos las realizarán las comunidades autónomas, aunque es el Ministerio de Transición Ecológica el que aportará los fondos necesarios para desarrollar el programa vía presupuestos generales del Estado.

Ésa será la fórmula a través de la que se canalizarán las ayudas con carácter general, pero el Gobierno buscó un atajo este año para garantizar que las transferencias llegaban a tiempo a los beneficiarios y evitar retrasos administrativos en cada región que pudieran aplazar los pagos más allá del invierno. Con carácter excepcional y por razones de urgencia, el Ministerio para la Transición Ecológica se va a sar este año a las comunidades autónomas y realizará directamente los pagos a las familias.

El Ejecutivo no quería que eventuales problemas organizativos de las administraciones regionales dieran al traste con el reparto de las ayudas durante el invierno, cuando es precisamente el periodo en que la factura de calefacción se dispara y cuando se hace más necesario ese respaldo público a los hogares vulnerables. Al final, ha sido el juego político entre partidos lo que ha retrasado el programa.