El presidente de BBVA, Carlos Torres.
Inversores, clientes y empleados observan con preocupación el devenir de los acontecimientos en la cúpula del BBVA, segundo banco español y noveno banco europeo por capitalización (30.539 millones de euros). El gobierno en funciones no tenía esta preocupación en su radar hasta hace unas semanas, pero el Ministerio de Economía es consciente de que hay que estar preparados para un seísmo de consecuencias impredecibles si la Audiencia Nacional eleva el rango de las imputaciones. Por primera vez desde que se abrió la investigación de la Operación Trampa (pieza desgajada del sumario Tándem), un miembro del equipo de Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió ayer al enojoso asunto con un lacónico: "Espero que el banco no sufra en su cartera de inversiones".
Aunque desde la entidad se ha intentado minimizar la decisión del juez Manuel García-Castellón de imputar a BBVA como entidad por delitos de corrupción, alegando que otros bancos como Caixabank, Santander o Bankia han pasado por el mismo trance, la situación es completamente diferente. Ayer, durante la presentación de resultados semestrales, el consejero delegado, Onur Genç, reconoció: "No nos gusta salir continuamente en las portadas de los periódicos. Por supuesto, tiene un impacto reputacional".
Y, de hecho, tras la decisión del magistrado de imputar al banco, lo primero que hizo el presidente del BBVA, Carlos Torres, fue destituir a Eduardo Arbizu, anterior responsable de los servicios jurídicos y, hasta esta semana, jefe del departamento de control interno, en teoría, el encargado de vigilar que la entidad cumple con su propio código de buenas prácticas.
Desde que se descubrió que el BBVA había contratado al comisario José Manuel Villarejo, que llegó a facturar 10 millones de euros al banco, la Fiscalía Anticorrupción ha ido tejiendo una tupida tela de araña con un meridiano objetivo: acumular pruebas e indicios para poder imputar a Francisco González, que ha sido el máximo responsable del BBVA durante 19 años y que dimitió como presidente de honor el pasado 14 de marzo forzado por el actual equipo directivo para tratar de evitar que la investigación sobre Villarejo manchara la buena imagen de la entidad.
El Banco Central Europeo instará la sustitución del presidente de la entidad si resulta imputado por el juez de la Audiencia Nacional García Castellón
Como se ve, la estrategia no ha servido de mucho. La salida de Arbizu demuestra que va a ser muy difícil establecer un cortafuegos eficaz que libre a su actual presidente de un devastador incendio que amenaza con abrasar a toda la planta noble del edificio de La Vela, sede del banco a las afueras de Madrid, que González quiso convertir en un símbolo de su legado.
González ha mantenido un prudente silencio desde hace meses, pero la imputación de la entidad le obligó a pronunciarse el pasado martes en forma de comunicado oficial. En él da las claves de la que será su defensa jurídica ante una eventual imputación. Afirma: "Durante mi presidencia en el BBVA, hemos trabajado bajo unos estrictos estándares de conducta y hemos actuado dentro de la más estricta legalidad para defender los intereses del banco, esto es, de sus profesionales, sus accionistas, sus clientes y los intereses generales de la sociedad". Pero el párrafo más significativo de su escrito es en el que argumenta que se enteró por la prensa de la contratación de las empresas de Villarejo: "En mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al ex comisario Villarejo, por parte del banco, impulsé una investigación interna en el BBVA para identificar cualquier actuación irregular que se hubiera producido".
Es decir, que González se desvincula completamente de Villarejo y, al mismo tiempo, se presenta como impulsor de una investigación interna para descubrir las posibles irregularidades de su actuación.
El ex presidente del BBVA todavía no ha sido llamado a declarar por García-Castellón, pero es evidente que sus manifestaciones van a tener consecuencias para la entidad. Si mantiene su inocencia, lo que es igual que decir que no sabía nada de la relación del banco con el comisario ya retirado, la responsabilidad entonces se circunscribiría a quienes le ficharon. En primer lugar, a Julio Corrochano, que fue durante un largo periodo jefe de seguridad del banco. Pero, como éste no tenía capacidad para tomar decisiones que supusieran tan elevados desembolsos, entonces el dedo acusador sube inmediatamente de nivel. García-Castellón ha imputado ya a miembros de la anterior dirección del banco, pero las pruebas que se han ido acumulando por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la temida declaración de González pueden terminar por contaminar al actual equipo del banco, empezando por su presidente.
Carlos Torres y Francisco González eran uña y carne, pero ahora, reconocen fuentes de la entidad, "la relación es más bien gélida"
La designación de Torres como presidente del BBVA en diciembre de 2018 fue a propuesta de González, que anteriormente le había nombrado consejero delegado. El ascenso de Torres se hizo contra el criterio del Banco Central Europeo (BCE), que es partidario de un esquema de gestión en el que la presidencia no tenga funciones ejecutivas, que deben recaer en el CEO de la entidad. Pero González se empeñó en que Torres asumiera sus mismas funciones como presidente ejecutivo. Era su mano derecha y pretendía que no hubiese fisuras en caso de que la investigación acabara afectándole.
Cuando se produjo el relevo (diciembre de 2018) ya había salido a la luz el escándalo de Villarejo y el banco llevaba desde junio con una investigación interna abierta. González tenía previsto retirarse en marzo de 2021 pero, por sorpresa, adelantó quince meses su marcha para quedarse como presidente de honor con todas las prestaciones que ello lleva consigo. Lógicamente, los dos movimientos, la dimisión adelantada de González y el ascenso de Torres, tenían que ver con las consecuencias que ya se barruntaban de la investigación penal sobre las andanzas del comisario hoy en prisión.
Eran uña y carne, pero "la relación entre el presidente y el ex presidente del BBVA ahora son más bien gélidas", reconocen fuentes de la entidad. La estrategia de González (yo no sabía nada), choca necesariamente con la defensa de Torres (este asunto viene de la etapa anterior y yo nunca tuve conocimiento de lo que hacía Villarejo).
En la dirección del banco se intenta mantener la calma, ante los inversores, clientes y empleados, pero todos son conscientes de las consecuencias que tendría la imputación de Torres por parte de García-Castellón. De manera inmediata, el BCE instaría su sustitución al frente de la entidad y promovería una profunda renovación de los órganos rectores de la misma.
La maquinaria judicial se ha puesto en marcha y nadie la va a parar. La lógica de la actuación, tanto de la Fiscalía, como del juez, llevan a pensar que habrá nuevas imputaciones en breve plazo. Mientras tanto, el ventilador de la basura se ha puesto a funcionar. Los perjudicados por las actividades de Villarejo creen que, por fin, ha llegado el momento de ajustar cuentas.
El BCE y el Banco de España tienen que velar para que uno de los buques insignias de las finanzas españolas no se vea afectado por una investigación penal que ha sacado a la luz la descarada intervención política en el sistema bancario y la falta de escrúpulos de algunos de los protagonistas de esta descarnada lucha por el poder. Pero esa es otra historia.