Distrito Castellana Norte (DCN) ha nombrado este jueves a Álvaro Aresti como nuevo presidente de la empresa, un directivo con una trayectoria profesional de más de tres décadas en el BBVA.

El nuevo presidente sustituye en el cargo a Antonio Béjar, que fue cesado como máximo responsable de la compañía el pasado 26 de julio y figura como investigado en el conocido como ‘caso Villarejo’.

Según ha informado DCN en un comunicado, la designación de Aresti se produce tras la aprobación por unanimidad del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte por parte del pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid, algo que supone una «nueva etapa» para la empresa «que se refuerza con este nombramiento».

Álvaro Aresti cuenta con una trayectoria profesional de más de tres décadas en BBVA, donde hasta mayo de 2019 era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, Corporate & Investment Banking (CIB). Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título ‘Certified European Financial Analyst’ por IEAF (European Federation of Financial Analysts).

La empresa promotora de Madrid Nuevo Norte recuerda que el proyecto urbanístico supondrá la construcción de 10.500 nuevas viviendas (el 20% de ellas con algún tipo de protección) y un centro de negocios con más de un millón de metros cuadrados de oficinas de «última generación».

A ello se sumará una «renovada» estación de Chamartín. «Esta actuación contribuirá de forma decisiva a situar la capital de España entre las ciudades más vanguardistas y sostenibles de Europa, mejorando la calidad de vida de millones de personas», asegura la compañía.

Cifras del proyecto

La previsión es que las obras de urbanización arranquen a finales de 2020 (fase que deberá estar concluida en 2028) en una remodelación que tiene un plazo previsto de ejecución de 24 años, según informó recientemente el Ayuntamiento.

Se establece un gasto para las administraciones públicas en su conjunto, de 2.452 millones de euros y unos ingresos de 3.762 millones, lo que representa un saldo a favor de las administraciones de 1.310 millones de euros.

Por otro lado, durante la construcción se generarán 63.000 empleos directos, 31.000 indirectos y 23.000 inducidos, lo que representa un empleo total estimado durante la fase de construcción, de 117.792 empleos.

Una vez concluido, y en el funcionamiento cotidiano del ámbito, se considera que se generan 94.050 empleos en la zona con una población de 27.441 habitantes, por lo que será un ámbito utilizado por 121.491 personas de forma habitual.

La inversión movilizada se establece en 2.800 millones de euros dedicados a nuevas infraestructuras en el ámbito, a lo que se añadirá la inversión en dotaciones y equipamientos públicos con una inversión por valor de 488,2 millones de euros y la inversión en construcción de las edificaciones por importe estimado de 4.022,7 millones, lo que representa una inversión total de 7.3042,2 millones de euros destinados a la materialización del proyecto.

Su desarrollo aportará a la ciudad cerca de medio millón de metros cuadrados de nuevos parques urbanos y zonas verdes entre los que se encuentra un gran parque de 120.000 metros cuadrados que ocupará parte del espacio recuperado por la cubrición de las vías de la red ferroviaria, lo que posiblemente sea en el futuro un nuevo espacio de referencia en la ciudad. Además se dotará de más de 1,3 millones de metros cuadrados de nuevas redes públicas de transporte, zonas verdes y equipamientos, tanto al servicio del ámbito como de toda la ciudad.

Cese de Béjar por el ‘caso Villarejo’

El relevo se produce después de que la empresa cesara al antiguo presidente Antonio Béjar, que fue jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA y figura como investigado en el conocido ‘caso Villarejo’.

La destitución de Béjar tuvo lugar el mismo día en que la Fiscalía Anticorrupción solicitara inicialmente una fianza de medio millón de euros para eludir la prisión, petición que retiró a los tres días tras prestar de nuevo declaración ante el juez del ‘caso Villarejo’.

Béjar ya declaró como investigado el pasado 4 de julio, cuando reconoció que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos. No obstante, incidió en que desconocía que la sociedad fuese propiedad del comisario jubilado.

El juez de la Audiencia Nacional investiga dentro del caso Tándem los servicios de espionaje encargados al grupo empresarial de Villarejo a partir de 2004 por parte del banco con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr, para frenar el desembarco de la constructora en el Consejo de Administración de BBVA. Según la investigación el excomisario habría percibido durante 13 años una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.