El primer ministro holandés, Mark Rutte.
No existirán los vetos, pero sí el control. Los países de la Unión Europea podrán elevar al Consejo Europeo su preocupación por que un país se esté "desviando" de lo pactado en el plan para recibir las ayudas contempladas en el fondo de reconstrucción. El verdadero control sobre los planes que los distintos gobiernos presenten a cambio de recibir los fondos estará en manos de los distintos países más que del Ejecutivo comunitario.
España será uno de los países más beneficiados por el fondo de reconstrucción europeo, pues recibirá más de 140.000 millones de euros a través del préstamos y transferencias, lo que supone casi la quinta parte del total que los Estados pondrán a disposición de los más afectados, que asciende a 750.000 millones de euros. Eso sí, los fondos no se canalizarán gratuitamente, sino que estarán sometidos a un control por parte de las instituciones y del resto de gobiernos de la Unión.
Como primer paso para poder optar a los fondos, los países interesados deberán preparar un programa de recuperación y resiliencia que refleje su agenda de reformas e inversiones para los años 2021, 2022 y 2023, con la condición de que en 2022 podrá revisarse y readaptarse para fijar cuál será el destino final de los fondos de cara al año siguiente.
El primer filtro que deberá pasar será el de la Comisión Europea, que tendrá que valorarlo en el plazo de dos meses. El Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen tendrá que poner una nota para la que lo que más contará será la consistencia del plan con las recomendaciones específicas que haga la institución al país, así como con el crecimiento potencial, la creación de empleo y la resiliencia económica y social. Además, un requisito previo para poder aprobarlo será que el plan contribuya de forma efectiva a la transición verde y digital de la economía.
Mayoría cualificada
Esta evaluación, en todo caso, deberá recabar el visto bueno del Consejo Europeo, es decir, de los Veintisiete. Facilitará el proceso que no será necesario aprobarlo con unanimidad (como sí ha ocurrido con los detalles del fondo de reconstrucción), sino que valdrá con una mayoría cualificada, que dará luz verde a un acuerdo de ejecución en un plazo de cuatro semanas.
Los países deberán tener muy en cuenta que una evaluación positiva de la petición de fondos por parte de un Estado dependerá del "cumplimiento satisfactorio de hitos y objetivos relevantes", como marcan las pautas que aprobaron los Veintisiete en el maratoniano Consejo Europeo del pasado fin de semana.
Conseguir una nota positiva dependerá de que el país cumpla "satisfactoriamente" determinados objetivos
Para evaluar si este cumplimiento ha sido "satisfactorio", la Comisión podrá recurrir al Comité Económico y Financiero, el órgano consultivo al que acuden habitualmente tanto el gobierno comunitario como el Consejo Europeo, que deberá intentar llegar a un consenso. La Comisión deberá emitir una opinión al respecto.
Eso sí, si, "excepcionalmente", uno o más Estados miembros consideran que se está produciendo una "desviación seria" de ese cumplimiento "satisfactorio" de los objetivos, podrán elevar al Consejo Europeo esta preocupación. Para ello, podrán pedir al presidente de este órgano que se trate en el siguiente encuentro.
Si la cuestión problemática se lleva finalmente al Consejo Europeo, la decisión que tome la Comisión sobre el plan no será definitiva hasta que se debata "en profundidad" entre los líderes de la Unión Europea. El proceso no debería durar más de tres meses a contar desde que la Comisión pide ayuda al Consejo Económico y Financiero.
No existirán los vetos, pero sí el control. Los países de la Unión Europea podrán elevar al Consejo Europeo su preocupación por que un país se esté "desviando" de lo pactado en el plan para recibir las ayudas contempladas en el fondo de reconstrucción. El verdadero control sobre los planes que los distintos gobiernos presenten a cambio de recibir los fondos estará en manos de los distintos países más que del Ejecutivo comunitario.