España

El Gobierno reconoce la presión de la UE para que no haya traslados de migrantes de Ceuta a la Península

MADRID (ESPAÑA), 17/09/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i) junto con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (2i) conversan con el Comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner (d) durante una reunión celebrada este jueves en Madrid. EFE/Ministerio del Interior / Miguel Berrocal SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), junto con la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (2i), conversan con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner (d), durante la reunión de este 17 de septiembre de 2026 en Madrid. | EFE / MINISTERIO DEL INTERIOR / MIGUEL BERROCAL

Aún no hay cifras oficiales de cuántos de los migrantes que cruzaron la frontera en Ceuta el 30 y 31 de julio quedan aún en la ciudad. Según las estimaciones del Gobierno, rondarán los 10.000 y no están todos todavía filiados. Ni todos tienen todavía un techo, aunque ahora, tras el visto bueno de la Audiencia Nacional, sí podrán ser realojados 1.700 en el puerto. Pero los adultos no tocarán la Península mientras no se resuelva su expediente. Es el compromiso adquirido por el Ejecutivo, el que demanda el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y lo que exige la Comisión Europea. Bruselas no quiere que pasen a territorio Schengen porque, a partir de ese momento, podrían moverse entre los Estados miembros. La UE presiona y el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a cumplir.

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Desde que comenzó esta crisis, una pregunta recurrente es por qué los migrantes no salen de Ceuta para poder destensar la ciudad. El ala socialista Ejecutivo no ha planteado esa salida en ningún momento. El propio presidente lo descartó el pasado 31 de agosto en la SER: se activarían más plazas —hasta 6.000, afirmó entonces, y hasta en torno a 10.000, aseguró el pasado lunes en El intermedio (La Sexta)— y se tenía la "suficiente capacidad" como para afrontar todo el trabajo administrativo en la ciudad. Y este jueves fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que se lo garantizó a la UE: no hay ni habrá "movimientos secundarios" desde Ceuta a la Península.

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Fue este uno de los ejes de la reunión que el ministro mantuvo junto a la titular de Inclusión, Seguridad y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. Y así lo hizo constar su equipo en una nota de prensa distribuida a los medios tras el encuentro mantenido en la sede de Interior, en Madrid: Marlaska negó ante el responsable comunitario "la existencia de movimientos secundarios de migrantes desde Ceuta a la Península". Según subrayó el titular de Interior español, ese es "un riesgo y una preocupación infundados". Además, pidió a la Comisión que "traslade este mensaje a los socios comunitarios para 'huir de falsedades sin fundamento'".

Fuentes próximas al ministro precisaban a este diario que lo que quiso decir y lo que el Gobierno está "evitando" es todo tipo de traslados de migrantes a la Península. "Ni los hay ni los habrá". "Pero no es que nos estén apretando de una forma indebida. Estamos de acuerdo en que trabajar en ello es relevante para evitar los controles internos. El comisario Brunner está trabajando en modelo cooperativo, a diferencia de otros", añadieron las mismas fuentes.

"Nos tratan como si fuéramos una colonia"

Por lo tanto, los migrantes que cruzaron la frontera continuarán confinados en Ceuta. Porque la ciudad autónoma tiene un régimen específico —que funciona desde la adhesión a Schengen en 1991—, dado que hay para salir de ella hay un control policial, y es imprescindible superarlo para pasar a la Península. Si los irregulares la alcanzaran, podrían moverse libremente y, por tanto, podrían partir hacia cualquier Estado miembro, e impedirlo exigiría levantar controles internos. Italia los aplica desde el 1 de agosto y el Gobierno ultra de Giorgia Meloni los ha ido prorrogando, pese a que desde el principio España garantizó que no viajaría ningún migrante hacia territorio peninsular, por lo que era y es materialmente imposible que accedan al país transalpino por cualquier vía. El Ejecutivo de Sánchez también ha impuesto esos controles, y los mantiene, a todos los pasajeros italianos, precisamente en respuesta a la medida extrema de Meloni.

Ministros socialistas y de Sumar admiten claramente en privado que la UE está presionando a España, que "Europa no quiere" que se trasladen migrantes a la Península, "esa es la verdad". Que "no está facilitando nada", según aseveran miembros del Gabinete del ala mayoritaria. Más duros son aún los socios de coalición del PSOE: "La Comisión nos trata casi como si fuéramos una colonia. Hay una ofensiva clara desde Europa contra el Gobierno. Hay miedo a la reacción que llegue de Bruselas y por eso no traemos a la Península a los migrantes", apunta una ministra de Sumar.

En el sector socialista señalan, no obstante, que las reglas del juego hoy son otras, dado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) está en vigor desde este verano, y limita los movimientos secundarios para que los migrantes no acaben circulando por los Estados miembros. El reglamento europeo 2024/1348 señala, en su artículo 51, que el procedimiento fronterizo "será lo más breve posible y permitirá al mismo tiempo un examen completo y equitativo de las alegaciones". Ese procedimiento tendrá una "duración máxima" de 12 semanas desde el momento en que se registre la solicitud de protección internacional hasta que el solicitante "deje de tener derecho de permanencia y no se le permita permanecer".

Otro reglamento que forma parte del PEMA, el 2024/1349 —y que establece el procedimiento fronterizo de retorno—, impone, en su artículo 4, que los Estados miembros exigirán a los migrantes cuya solicitud haya sido denegada a permanecer "en ubicaciones situadas en la frontera exterior o zonas de tránsito o en sus proximidades". Pero "cuando un Estado miembro no pueda alojar a esas personas en dichas ubicaciones, podrá recurrir a otras ubicaciones dentro de su territorio". En palabras de un ministro, a los migrantes adultos, "por tanto, solo se les puede trasladar a la Península cuando ya tienen derecho a la protección internacional".

Pero además de la exigencia legal, el Gobierno ha firmado un compromiso político con la UE. Y eso fue lo que hizo este jueves Marlaska en su reunión con Brunner: garantizarle que no se han producido "movimientos secundarios" desde Ceuta y que no los habrá y pedirle que tranquilice al resto de Estados miembros de la Unión, que huyan de "falsedades sin fundamento". España quiere lanzar el mensaje de que controla sus fronteras y de que aquellos que cruzaron, en su mayoría a nado, el espigón del Tarajal no llegarán a tocar suelo Schengen y, en consecuencia, no se diseminarán por otros países europeos. Desde la Moncloa ratifican que ese era el aviso que el ministro del Interior trasladó al comisario. Para que no quedara ninguna duda.

De hecho, el ministro destacó ante Brunner el "esfuerzo realizado por España" para gestionar una situación "extraordinaria y sin precedentes en una frontera exterior de la UE". "Hemos demostrado que las medidas adoptadas están dando resultado, pero las consecuencias de una crisis de esta magnitud", en la que en apenas unas horas penetraron más de 70.000 personas a Ceuta, "no pueden resolverse de manera inmediata", subrayó Marlaska, quien también puso en valor el regreso voluntario de "más del 90%" de los migrantes que alcanzaron el Tarajal en las horas siguientes a la gran avalancha.

"España está garantizando que no se produzcan movimientos secundarios, está actuando para retornar a quienes entraron irregularmente en Ceuta y seguirá asumiendo plenamente las responsabilidades que le corresponden en el ámbito de la protección internacional, en virtud del sistema de Dublín", señaló el titular de Interior ante el comisario europeo. Para Sumar, la prevención de Interior no deja de ser una cierta sobreactuación, porque "llega más gente a Italia que a España y nadie ha planteado que Italia quede aislada, y por eso lo de Meloni es ofensivo. Porque ella ubica a los migrantes donde quiere en todo el territorio italiano".

Agradecimiento a la ayuda europea

Además, Marlaska, según el comunicado de Interior, instó al Ejecutivo comunitario a "impulsar nuevas medidas legislativas que permitan acelerar los procedimientos de retorno y de protección internacional en crisis migratorias". Los dos ministros se interesaron igulamente por las reformas anunciadas el miércoles, en el marco del debate del estado de la Unión, por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. En su intervención, la dirigente alemana apeló a "la necesidad de promover un nuevo marco europeo de respuesta a emergencias migratorias para afrontar situaciones excepcionales".

Por otro lado, Marlaska y Saiz agradecieron a Brunner la aprobación de la ayuda financiera de emergencia de 114,7 millones de euros concedidas por la Comisión en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y Política de Visados, "destinada a incrementar la capacidad de acogida y de triaje en las ciudades autónomas y a evitar nuevas entradas irregulares". La petición de España incluye, entre algunas actuaciones, obras en los espigones ceutíes de Benzú y del Tarajal y nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para la ciudad, con una capacidad de 1.600 plazas en total.

Los titulares de Interior e Inclusión también demandaron a Brunner, según el comunicado, que tenga en cuenta la "excepcionalidad y realidad" de Ceuta y Melilla, en la definición del futuro Marco Financiero Plurianual (2028-2034) —el presupuesto de la UE— y reconozca a España, a la hora de la asignación de los fondos, el esfuerzo que realiza en la gestión de "una de las fronteras exteriores más complejas de la UE". Asimismo, Marlaska reafirmó "el compromiso de colaboración con Frontex, que ha prorrogado la operación Minerva [que controla los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa] hasta finales de diciembre, y con Europol, que ha desplegado" en la ciudad autónoma "un representante del Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes". Para el ministro, la cooperación estrecha con Europol "en la supervisión y análisis de las redes sociales y en la lucha contra el tráfico de personas está dando buenos resultados".

Los terrenos del puerto, los "más idóneos"

El Ejecutivo sintió alivio este jueves después de que la Audiencia Nacional resolviera con celeridad la cuestión de la puesta en marcha del campamento de acogida en el puerto de Ceuta para 1.700 migrantes. La víspera, los magistrados, en respuesta a un escrito del Sindicato Unificado de Policía (SUP) habían suspendido los trabajos hasta que el Gobierno entregara la documentación de las obras en la infraestructura. Este jueves, después de que el Ejecutivo facilitara el expediente, la Audiencia rechazó la medida cautelarísima solicitada por el SUP.

En la Moncloa celebraron la "rapidez" con la que decidieron los jueces y reiteraron que "los terrenos del puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo". La Audiencia, en su auto, rechazó finalmente la paralización del campamento al entender que concurren razones de interés general que justifican que el Ministerio de Transportes permitiera la ocupación temporal de una parte de las instalaciones, dos parcelas.

El ministro de Política Territorial y mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, calificó de "magnífica noticia" que la Audiencia levantara la suspensión, de tal manera que a partir de ahora 1.700 migrantes que permanecían hacinados puedan ser "derivados a los recursos" del puerto. "Nos permite filiarlos e iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país", señaló, para incidir en que el auto permitirá seguirá trabajando al Gobierno en "conseguir cuanto antes la normalidad" en la ciudad.

"Una buena noticia que nos permite seguir avanzando contra viento y marea", sostuvo por su parte en X el ministro de Transportes, Óscar Puente. Nada que ver, por tanto, con las reacciones previas a esta decisión de la Audiencia. El propio Puente había advertido de que las alternativas al puerto son "muy limitadas" por la reducida dimensión de Ceuta. La suspensión dictada el miércoles, decía, dejaba al Ejecutivo prácticamente en un "callejón sin salida". Y es que si de algo se ha quejado el Gobierno en los últimos días es de los "palos en las ruedas" puestos por el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ya que se ha negado a ceder varios espacios. No ha cooperado "en ningún momento", protestaba el responsable de Transportes. Sánchez y su Gabinete reciben un balón de oxígeno, pero la crisis sigue. Y enderezarla continúa siendo un mundo.

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