Economía

El campo exige que se vigilen los precios justos en el súper: "Que no se pasen la ley por el forro"

Agricultores y ganaderos insisten en que la subida de costes de producción y el consiguiente alza de los productos ha de verse reflejado en sus retribuciones para que sus explotaciones sean viables

La Ley de la Cadena alimentaria que se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados es el clavo ardiendo al que supeditan su supervivencia los agricultores y ganaderos del campo español. El sector agrario, asfixiado por la brutal subida de los costes de producción, ha conseguido la renovación de una ley con la que, según ha transmitido Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, «no tendría porque haber ningún problema de viabilidad para los ganaderos y agricultores». Los que velan cada año por sus cosechas, calzan botas de goma para caminar por el barro o incluso dan el biberón a su ganado para que las crías más débiles salgan adelante, evidencian cierto recelo ante esta sentencia: «Vamos a exigir al Ministerio y a las comunidades autónomas que nadie se permita el lujo de pasarse la ley por el forro».

La afirmación es de Lorenzo Ramos, secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos). Ramos como Miguel Padilla, su homólogo en COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), y Pedro Barato, presidente de ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores), insisten en conversación con El Independiente en que el valor de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria radica en su cumplimiento. La petición puede resultar una obviedad, aunque se antoja necesaria cuando uno de los principales valores de esta norma no se cumple casi de manera sistemática: que los agricultores y ganaderos no vendan su producto a menos precio del que les ha costado. «La subida de los costes de producción hay que repercutirla en lo que se paga al primer eslabón de la cadena. Si no se hace, ¿para qué sirve la ley?», asevera Barato.

Las peticiones del campo

La preocupación capital de las Organizaciones Agrarias Profesionales (ASAJA, COAG y UPA) es que se lleve a rajatabla la prohibición de venta a pérdidas. Padilla sugiere que si algún agente sortea esta medida, «el Ministerio tiene que tener una infraestructura suficiente» para respetar la Ley de la Cadena Alimentaria. «No es cuestión culpar, pero lo que es inadmisible es que se infrinja la ley», sugiere el representante de COAG. Ramos muestra su satisfacción por lo conseguido, aunque persevera en cuál es la clave para levantar a un sector tan machacado. «Que la ley se haya modificado y que contemple los aspectos que hemos planteado es un hito histórico; sin embargo, ahora nos tenemos que encargar de que todo el mundo obedezca. La Administración tienen que poner funcionarios para asegurarse igual que inspeccionan nuestras explotaciones para que todo esté en orden».

A la tormenta de costes que asola a los productores se suma el efecto de las importaciones. Agricultores y ganaderos claman por la falta de control sobre los productos que provienen de fuera de Europa, frente a los estrictos -y costosos- estándares que han de acatar los españoles. Barato compara la situación con la de una competición adulterada: «Necesitamos reglas del juego iguales para todo el mundo. Es como en la Fórmula 1, donde todos tienen que usar unas ruedas, gasolina y materiales determinados. Nosotros trabajamos con unas condiciones del siglo XXI y tenemos que competir con países donde lo normal es el dumping social (abaratamiento de costes por una regulación laboral, medioambiental y fiscal laxa)».

Padilla comparte la teoría y sostiene que la Unión Europea les plantea exigencias significativamente más severas que a los rivales de otros continentes. «No es libre mercado, es competencia desleal». Por ello, COAG ha pedido la creación de una mesa para analizar las importaciones y un observatorio de los precios de los insumos de producción.

Previsiones de la nueva Ley de Cadena Alimentaria

Los pilares que sustentan la nueva Ley de Cadena Alimentaria son que el productor cubra los costes de producción -en los que se incluyen determinados gastos variables-, la existencia de un contrato escrito en prácticamente la totalidad de estas operaciones, y la figura de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) como autoridad de control. El Gobierno considera que con esta herramienta reforzará la figura del productor e impedirá que los precios que se pagan no sean inferiores a los costes de producción, lo que protegería la generación de valor.

La reticencia y la esperanza se mezclan entre los profesionales agrarios, que celebran lo logrado mientras lamentan todo lo perdido. «Llevamos años peleando por una situación insostenible que no tenía ninguna justificación. Tenemos que dar tiempo para ver el si funciona la ley; aunque sectores como el de los productores de leche no aguantan y necesitan ayudas directas ya», explica Ramos. Barato reclama más atención para los agrarios, «que no pueden ser la moneda de cambio a la hora de hacer acuerdos». Asimismo, Padilla advierte: «No me fío mucho», a lo que añade la importancia del indicativo del tan castigado sector lácteo. «Si en 10 días siguen vendiendo por debajo de los costes de producción es que esto no va a cambiar absolutamente nada», concluye.

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