La Comisión Europea plantea extender al resto de países miembros, el modelo de la excepción ibérica que permite a España y Portugal poner un techo al precio del gas utilizado para generar electricidad. Este tope común para la Unión Europea estaría entre los 100 y 120 euros el Mwh, un límite más suave que la media de 60 euros del marco hispanoluso; pero con el que estima un beneficio neto de 13.000 millones de euros para el bloque.

«Sumar este mecanismo por encima del tope inframarginal produciría así un beneficio neto de aproximadamente 13.000 millones de euros sobre los 70.000 millones del tope inframarginal», apunta el documento de trabajo que el Ejecutivo comunitario ha circulado entre las capitales en el marco de las negociaciones para intervenir el mercado energético.

En este punto, añade Bruselas, los beneficios netos resultantes tendrá un «efecto beneficioso sobre la inflación», si bien advierte de que uno de los riesgos asociados a la medida es el previsible aumento del consumo del gas, en contra del objetivo de buscar fuentes alternativas tras la ruptura con Rusia por su invasión de Ucrania.

En este contexto, los servicios comunitarios apuestan por fijar un precio máximo «lo suficientemente algo para que la energía a gas no se vuelva más atractiva» que el producir electricidad a partir de otras tecnologías que fijan en entre 100 y 120 euros el megavatio por hora, casi el doble del límite medio de 60 euros que Bruselas permitió a Lisboa y Madrid.

A su llegada a la reunión de ministros de Energía de la UE en Luxemburgo, la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que España apoyará a los países que defienden la extensión del mecanismo ibérico porque entiende que se sientan «desprotegidos» frente al alza de los precios.