Los terratenientes de Castilla-La Mancha que lleven al menos dos años sin explotar el suelo agrario temen perder el poder sobre sus posesiones. Según ha denunciado la Plataforma para la Defensa de la Agricultura Ecológica en Castilla-La Mancha y Unión de Uniones, el Gobierno castellanomanchego que encabeza Emiliano García-Page aprobará este jueves la Ley de Agricultura Familiar que contempla confiscar durante 30 años las tierras de los propietarios que sean objeto de la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra.
"La sensación que deja es que tengo que cultivar algo aunque no sea rentable para que no me quiten lo mío. Es como cuando Pablo Iglesias dijo que las viviendas que estaban vacías o las alquilaban o se daban a las familias vulnerables", lamenta en conversación con El Independiente Felipe Ávila, secretario de Plataforma para la Defensa de la Agricultra Ecológica en Castilla-La Mancha.
Los agricultores, que acusan a García-Page de "querer incautar y quitar las tierras a sus propietarios", explican que la Ley de Agricultura familiar establece que el gobierno regional efectuará la declaración de Zona de Protección Agraria para aquellos territorios en los que consideren que se produzca "el abandono generalizado de la actividad agrícola y en los que el aprovechamiento agrícola pueda ser mejorado mediante la realización de obras".
Unión de Uniones apunta a que la Junta de Castilla-La Mancha tiene la intención de prohibir y limitar la actividad agraria en las zonas de protección agraria: "En vez de ayudar a los agricultores. García-Page, la única ocurrencia que tiene es prohibir a los agricultores que hagan tranquilamente su trabajo. Está ley nos demuestra que Castilla-La Mancha vive sometido a la dictadura de Page. Pedimos a García-Page que rectifique y elimine de la ley de agricultura familiar el quitar las tierras y las zonas de protección agraria".
Libertad de uso en las propiedades particulares
Desde la Plataforma para la Defensa de la Agricultura Ecológica en Castilla-La Mancha aseguran a este diario que en un primer momento la creación del Banco de Tierras "era como un idealista del campo". Ávila señala que el papel que vendía el gobierno autonómico era similar al de una inmobiliaria: "Poner en contacto a agricultores que vendiesen o alquilasen sus tierras con interesados; sin embargo, la realidad es que ahora han dejado claro que si consideran que una parcela no se ha destinado a su uso social dos años, lo que es un poco indeterminado, pueden iniciar el proceso para hacerse con el dominio del territorio para introducirlo en el Banco de Tierras durante 30 años".
"Normalmente las personas que tienen tierras o las cultivan o las arrendan. Si no lo hacen es porque quieren utilizar este terreno de manera lúdica o porque simplemente no es rentable", apunta Ávila, que menciona que la privación del uso durante 30 años "a efectos prácticos es una expropiación" y que el Consejo Consultivo ha advertido que la Ley de Agricultura Familiar "roza la inconstitucionalidad".
La Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha pone el foco en el consejero de Agricultura Francisco Martínez Arroyo "se ha propuesto torpedear la vida a los agricultores y lo está consiguiendo". Desde la asociación subrayan que Martínez Arroyo "parece que no quiere entender, o no llega a comprender que si una zona es 'abandonada agrariamente' es por falta de rentabilidad por lo que no se debe de establecer limitaciones, ni complicar la vida. En vez de multar, sancionar y limitar se debe incentivar y ayudar.
Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha ha propuesto que se eliminen las zonas de protección agraria y se cambien por zonas de incentivación agraria. "Si una zona se tilda de abandonada agrariamente hay que favorecer que se vuelva a la agricultura, por ello, proponemos que en estos casos la declaración de Zona de Incentivación Agraria establezca una ayuda autonómica de un incremento del 75% de la PAC que corresponda a dicha zona con el objetivo de que desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a la Declaración de Zona de Incentivación Agraria".
Ávila exclama que la Administración castellanomanchega defiende que si uno considera que sus tierras no se ajustan a los parámetros que permiten la intervención del gobierno regional se puede recurrir: "Es totalmente innecesario. Es decir, ¿Tienes que recurrir para que te quiten lo que es tuyo?", concluye.
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