Después de más de cinco meses de intensa negociación, la reforma de las pensiones ha entrado en vigor. Se trata de la segunda parte de un conjunto de medidas que empezaron a pactarse en 2021, cuando el Gobierno decidió ligar estas prestaciones al IPC. Pero este último bloque era el más complicado, puesto que exigía hacer frente a un escollo muy importante: ¿cómo hacer frente al fuerte aumento del gasto previsto para los próximos años?
Con el estreno de este nuevo formato de vídeo, Las claves de El Independiente, este periódico busca acercar al lector temas complejos desde un enfoque sencillo y didáctico. En esta ocasión, tratando de resolver una duda clave: la de si las pensiones son sostenibles con la nueva reforma, como mantiene el Gobierno. Pasando, eso sí, por explicar el conjunto de la reforma de José Luis Escrivá, los datos que la sustentan y la opinión de las instituciones competentes que ya se han pronunciado.
Tal y como ha venido analizando El Independiente, los cambios legislativos de la reforma están enfocados a aumentar las cotizaciones sociales que empresas y trabajadores aportan mes a mes a la Seguridad Social. Trata de solucionar el importante incremento del gasto al que tendrá que hacer frente el sistema en las próximas décadas, por la jubilación de la generación del baby boom pero también por la recién aprobada revalorización de las pensiones con el IPC, por la vía de los ingresos.
Mayores cotizaciones sociales para todos los trabajadores desde este año, pero también una subida del límite que ahora existe para estas cuotas, y un recargo extra -no contributivo- para los salarios más altos, los que actualmente no cotizan en base a su salario. Pero también un recorte a algunas pensiones, las de aquellas personas con carreras más lineales que se jubilen a partir de 2044, puesto que su prestación se calculará inevitablemente en base a lo que hayan cotizado durante los últimos 29 años, pudiendo eliminar los 24 peores meses. Actualmente, las pensiones se calculan en base a los últimos 25 años cotizados.
Son aspectos que, tal y como remarca el vídeo, pretenden conseguir aumentar los ingresos del Estado lo suficiente como para que no sea necesario recortar las pensiones en base a la mayor esperanza de vida. Sin embargo, los expertos tienen sus dudas y así lo han destacado tanto desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) como desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus primeras aproximaciones a la reforma.
El Banco de España aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la reforma, pero su gobernador sí ha advertido de que podrían compartir las conclusiones de la AIReF, que apuntan a que las medidas aprobadas no serían suficiente para compensar el incremento del gasto. Si así sucediese, la reforma contempla que se active un mecanismo de ajuste automático, elemento que ha resultado fundamental para conseguir el visto bueno -aún preliminar- de la Comisión Europea a la reforma.
Más allá de lo que opine Bruselas, cuyo pronunciamiento condicionará el desembolso del cuarto pago de fondos de recuperación Next Generation, la reforma está aprobada y en vigor, aunque algunas de sus medidas no se desplegarán de forma inmediata sino escalonada a lo largo de los próximos años. Además, acaba de recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados, lo que junto a la aprobación europea complicará futuros cambios si un partido de distinto color político llega al Gobierno.
El vídeo que acompaña esta noticia responde estas y otras incógnitas sobre la implementación de los cambios y a quién beneficiarán más. También incluye un cálculo acerca de cuánto costará a empresas y trabajadores el recargo de las cotizaciones del mecanismo de equidad intergeneracional, (MEI) que verán en sus nóminas ya el próximo año, y que se sumará al experimentado este 2022.
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