El boicot a las fresas de Doñana orquestado desde Alemania no solo llena páginas en periódicos y minutos en tertulias de radio y televisión, sino que ha protagonizado parte del choque político de una España inmersa en un contexto electoral. La recogida de firmas en Campact! para que los principales supermercados de Alemania dejen de vender fresas procedentes de España "para no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana", ha situado -más si cabe- en el foco político la gestión de los recursos hídricos del énclave andaluz. La campaña que ha inspirado tuits desde la presidencia y vicepresedencia del Gobierno, así como las correspondientes respuestas de la oposición, cuenta ya con más de 160.000 firmantes.

"No al robo de agua para las fresas", clama el anuncio lanzado en la plataforma para que Lidl, ALDI, Edeka y Rewe abandonen la venta de esta fruta procedente de España. La asociación que organiza campañas en internet y se describe como "movimiento ciudadano con el que más de 2,5 millones personas defienden una política progresista", incide en que la industria de la fresa extrae "aún más agua de fuentes ilegales en el centenario parque nacional" al devolver la Junta de Andalucía el regadío a 750 hectáreas sujetas a especial protección ambiental desde 2014.

Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, ha reivindicado que "el 100% de las fresas y los frutos rojos exportados a Alemania cuenta con la certificación SPRING (Programa Sostenible de Riego y Uso de Aguas Subterráneas) que avala a productores y comerciantes en la gestión legal, eficiente y responsable del agua que usan para el riego". Los propios supermercados alemanes mencionados en Campact! exigen esta certificación. En el resto de Europa también lo imponen los británicos TESCO, Marks and Spencer y Sainsbury's; los franceses Carrefour y Auchan; o los suizos Migros y Coop, entre muchos otros.

Entre los criterios que se evalúan para la certificación SPRING están la conformidad legal de las fuentes de agua y tasas de extracción, el seguimiento del consumo de agua, el impacto de los productores en la gestión sostenible de cuencas hidrográficas, las mejores prácticas en la gestión del agua, la protección de fuentes de agua y las medidas que demuestren que se mejora continuamente la gestión del agua, por lo que la totalidad de las fresas españolas que se venden en Alemania respetan las limitaciones del Parque Nacional de Doñana.

Los detalles de SPRING

GLOBALG.A.P. es la norma con reconocimiento internacional para la producción agropecuaria cuyo objetivo es "una producción segura y sostenible con el fin de beneficiar a los productores, minoristas y consumidores en todas partes del mundo". A su vez, SPRING es un complemento de la norma de garantía de calidad agrícola integrada de GLOBALG.A.P. La norma SPRING regula en detalle cómo deben reducir los productores el impacto de su uso del agua en el medio ambiente y en la sociedad en general.

Hay cinco capítulos principales en la norma del programa SPRING y la correspondiente lista de verificación: 'Evaluación del riesgos relativos al agua y los objetivos'; 'Evaluación de la conformidad legal'; 'Gestión y uso de los recursos hídricos'; 'Gestión medioambiental protección de los recursos hídricos' y 'Transparecia'.

Cada capítulo tiene uno o varios artículos y cada artículo incluye una o varias disposiciones y, para cada disposición, los criterios de cumplimiento pertinentes. Como condición para la certificación SPRING debe presentarse una serie de documentos al organismo de acreditación, reconocido por GLOBALG.A.P., antes o durante la inspección.

Entre los documentos requeridos para el SPRING se señala el 'Registro del productor', que incluye información como sitios de producción y su identificación, referencias del registro de tierras, cultivos realizados, origen e identificación de las fuentes de agua e identificación y coordenadas de las instalaciones de almacenamiento de agua o la 'Evaluación del riesgo de impacto, actualizada y aprobada por la gerencia' del origen de las fuentes de agua y de la calidad del agua en cuestión (contaminantes), de los sistemas de almacenamiento (evaporación, fugas, etc.), de los sistemas de distribución y riego (eficiencia, fugas, etc.), del suelo (capacidad de retención de agua, permeabilidad), de la profundidad de las aguas subterráneas, de las posibles fuentes de contaminación (residuos orgánicos, fertilizantes, productos fitosanitarios, etc.), de las posibilidades de depuración posterior (tratamiento de aguas, tratamiento de efluentes, etc.) y de la influencia de las operaciones agrícolas y de las unidades de manejo de productos en la sostenibilidad de la cuenca.

En caso de inspección para conservar el certificado SPRING, el prodcutor ha de aportar documentos como: lista de los grupos de interés en la cuenca con sus riesgos y retos; prueba de la legalidad de las fuentes de suministro de agua, incluyendo los caudales y la cantidad máxima de agua permitida; mapa de la finca, completo y actualizado con todos los sitios de producción, con o sin riego, todas las fuentes de agua, todas las instalaciones de almacenamiento de agua, todas las instalaciones de almacenamiento de agua; registros de consumo de agua; prueba de que se cumplen las restricciones (caudales, cantidades máximas de agua permitidas); o el plan de evaluación para el uso eficiente de la energía, a ser posible renovable, entre otros.

Productores contra el Gobierno

Las manifestaciones en Twitter de dos miembros destacados del Gobierno, Pedro Sánchez y Teresa Ribera, presidente y vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, han desatado la indignación entre los agricultores de la fresa.

Una de las principales organizaciones profesionales agrarias del país, ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), ha solicitado la dimisión de la Ribera "por sus mensajes alentando al boicot de las fresas de Huelva. Una vez más, un destacado miembro del equipo de Gobierno de Pedro Sánchez infringe un duro e injustificado ataque al sector agrario de nuestro país y el propio presidente sorprende sumándose a la campaña de desprestigio".

La organización tilda de inaudito que "desde el propio Gobierno de la nación se esté continuamente lanzando mensajes en contra de un sector económico de vital importancia como es el sector agrario español. La primera obligación de un gobernante es estar al lado de los ciudadanos que representa y salvaguardar y defender sus intereses". Asimismo, la asociación lamenta las consecuencias de este tipo de declaraciones "pueden ser desastrosas para un sector que pasa por momentos de graves dificultades e incertidumbres, como la sequía, la inestabilidad de los mercados, la falta de rentabilidad de las explotaciones, los bajos precios en origen, los altos costes de producción y las normativas lesivas".