La Comisión Europea ha aceptado que España retrase la implantación de peajes en las autovías que en principio preveía para 2024. El Gobierno tiene el visto bueno para el cambio solicitado en la medida que el propio Ejecutivo había propuesto, eso sí, sin que implique "bajar el nivel de ambición de la medida". No está claro, sin embargo, cuándo deberá entrar en vigor el pago por uso de las carreteras, si es que deberá hacerlo en algún momento, ya que España ha ofrecido potenciar el transporte de mercancías por tren en sustitución a los peajes y la Comisión ha aceptado el cambio.

El tema de los peajes ha causado importante polémica este verano porque España incluyó en el Plan de Recuperación, remitido en 2021 a la Comisión Europea para optar a los fondos Next Generation, la mención a un sistema de pagos de este tipo, en el marco de una modificación de la ley sobre movilidad sostenible. Pero la fuerte oposición que generó llevó al Gobierno a negar que estuviese valorando implementar peajes en las autovías, incluso cuando el director de la DGT dio por hecho que serían una realidad el año que viene. Después, el tira y afloja ha sido constante, no estando claro hasta este lunes si realmente el Gobierno había conseguido o no retrasar su implantación.

Luz verde a la adenda al Plan de Recuperación

Por otro lado, la Comisión ha anunciado que ha dado luz verde a la adenda al Plan de Recuperación, que permitirá acceder hasta a 94.000 millones adicionales entre préstamos y trasferencias. Hay que recordar que España solicitó en primer lugar, y así le fueron adjudicados, casi 70.000 millones de euros en transferencias que el país no tenía que devolver. Después, este junio, el Gobierno aprobó solicitar la adenda para acceder a los créditos.

Una vez está resuelto el tema de la adenda, ahora España puede solicitar el cuarto pago de fondos Next Generation. Bruselas ha recordado que España es el único país que ha recibido ya tres pagos, es decir, que es el país que va más adelantado en la recepción y ejecución de los fondos. El Gobierno lleva asegurando desde marzo que pedirá el cuarto pago "lo antes posible", pero ha ido retrasando ese momento por las convocatorias electorales y por la presentación de la adenda, que duplicó el trabajo.

Ahora, la solicitud del cuarto pago ya parece inminente -como la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, adelantó el pasado lunes-, aunque la propia Comisión ha recordado que su decisión no es definitiva, puesto que debe ratificarla el Consejo de la UE, es decir, los ministros de los Estados miembros. Por el momento, España ha recibido 37.000 millones de fondos Next Generation, 9.000 como parte del paquete de prefinanciación y otros 28.000 como parte de los tres primeros pagos.

Con la adenda, se movilizarán un total de 93.500 millones adicionales, 7.700 millones en transferencias y 83.200 millones en préstamos, más otros 2.600 del nuevo mecanismo para financiar la transición verde (Repower EU). Para la recepción de esta nueva parte de los fondos, España ha prometido simplificar los procedimientos de concesión de permisos para la producción de energías renovables y para las infraestructuras de la red eléctrica, más algunas nuevas inversiones en energía renovable y transición ecológica, como un sistema de apoyo a la producción de hidrógeno renovable o un sistema de subvenciones para apoyar la cadena de valor de la energía renovable y el almacenamiento de energía, entre otros.

Asimismo, la adenda también modifica algunas de las medidas previstas en el plan adicional, pero ninguna relacionada con las pensiones, fiscalidad o empleo. El Gobierno ha explicado a Bruselas que los problemas en las cadenas de suministro, la guerra de Ucrania y el impacto del Covid-19, así como la fuerte inflación, han llevado a necesitar solicitar algunos cambios, como es el caso de la implantación del pago por uso de carreteras.