“El plazo de 2026 es un plazo definitivo”. Así de tajante fue Paolo Gentiloni, comisario europeo de Asuntos Económicos, en relación al plazo que tiene España y el resto de países de la Unión Europea para acometer las reformas e inversiones del Plan de Recuperación. No fue el único que zanjó el debate y frenó las intenciones del Ministerio de Economía de ampliar el plazo de implementación de los fondos Next Generation.

Durante un evento celebrado en Madrid en relación al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hizo hincapié en los desafíos que afrontarán los estados europeos en los próximos años. “La UE está obligada a reinventarse en un contexto en el que estamos viendo desarrollos vertiginosos, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial”, explicó. “Persisten las necesidades de reforma y de inversión y van a persistir más allá de 2026”, añadió.

Pero en Bruselas la fecha está marcada en el calendario como el límite establecido. No solo por una cuestión económica, sino también porque en términos políticos sería muy complejo extender el plazo que tiene cada país para acometer inversiones financiadas con estos recursos.

Céline Gauer, directora general del grupo de trabajo RECOVER en la Comisión Europea, aseguró que el plazo “no se puede ampliar porque cualquier ampliación requeriría la aprobación de todos los estados miembros y, en algunos estados miembros, incluso de sus parlamentos. Algunos estados miembros han dejado claro que esto no va a pasar, todas las instituciones nacionales tenemos que remar en la misma dirección”.

Igual de insistente fue María Teresa Fábregas, en el mismo grupo de trabajo que Gauer, que recordó que todos los estados miembros tienen que presentar la solicitud del último pago en agosto de 2026. Por ello, indicó, “en 2026 tiene que estar todo implementado, no hay cambio de fecha”.

Fondos convocados y ejecutados

La ejecución del Plan de Recuperación funciona correctamente, según las valoraciones de la Comisión. Según los datos que ofreció el ministro de Economía, a cierre de febrero de este año se han convocado 60.000 de los 70.000 millones de euros previstos de la primera parte del plan. Es decir, el 86% del total de los fondos ya han sido convocados, a un ritmo de 1.500 millones de euros al mes.

En cuanto a la ejecución y lo que está llegando a la economía, Cuerpo cifró en 13.500 millones de euros los recursos que han llegado a las pequeñas y medianas empresas. No obstante, sigue habiendo críticas por parte de organizaciones como Cepyme, que considera que el número de empresas que se beneficia de los fondos europeos es muy reducido. "Estamos en la mitad del partido y se ha ejecutado la mitad de los fondos", señaló el titular de Economía.

Sobre el impacto que la prórroga presupuestaria pueda tener en el despliegue del plan, Israel Arroyo, secretario de Estado de Economía, descartó que vaya a ser negativo. "No va a suponer un frenazo ni va a tener impacto porque esto ya se había analizado", resumió.

No obstante, queda toda una segunda parte, la relativa a los préstamos, por desplegar y por eso, la Comisión ha instado a España a reforzar las administraciones para poder gestionar semejante volumen de financiación. "La segunda etapa va a ser más complicada, las inversiones llegan en un momento crucial, hay que agilizar la implementación. Hay que reforzar las administraciones y coordinar las autoridades a todos los niveles y mejorar la comunicación de las oportunidades de financiación", subrayó Gentiloni.

Ejecutar fondos después de 2026

Pese a dejar cerrada la posibilidad de ejecutar reformas más allá de 2026, existen fórmulas para que esos fondos se desplieguen después de esa fecha. Según explicó José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, institución que jugará un papel decisivo en el reparto de los préstamos, los acuerdos de financiación se formalizarán antes del 31 de agosto de 2023, pero "las disposiciones del préstamo se irán haciendo en función de los requisitos y eso lleva varios años, pero el préstamos estará formalizado antes del 31 de agosto de 2023", subrayó.

Además, según publicó El País, el Gobierno podría adjudicar fondos europeos a empresas públicas que ejecutasen esos fondos con posterioridad. De esa forma, se cumpliría con la fecha inamovible de Bruselas, pero se ganaría margen para utilizar los millones de euros.