"Inquietante, insólito, cuestionable, un dislate...". Son algunos de los adjetivos con los que ex cargos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consultados por El Independiente califican el giro de guion del Gobierno en la opa del BBVA y Sabadell con la consulta pública abierta hasta el 16 de mayo.

El ministro de Economía Carlos Cuerpo dice querer recabar así la opinión de los sectores afectados por la oferta adquisición para tomar una decisión informada. Pero se trata de un procedimiento nunca antes usado para operaciones de este tipo y que ha causado sorpresa entre los sectores económicos y regulatorios. La consulta se hará dentro del plazo de 15 días hábiles que la ley otorga al titular de Economía para decidir si eleva o no al Consejo de Ministros la operación.

Este último tiene un mes más para endurecer los compromisos pactados por la entidad que preside Carlos Torres el regulador que preside Cani Fernández. Pero los ex altos cargos de Competencia consultados recelan de la opción abierta por el Gobierno. "Las decisiones de las instituciones no se someten a consulta pública. ¿Por qué no preguntar sobre una sentencia judicial o sobre la inversión en una planta de aluminio?", se queja un ex alto cargo del organismo.

Competencia lleva casi un año estudiando los pormenores de la compra y cómo podría afectar a los consumidores o a las empresas que trabajan con ambos bancos. Su resolución se aprobó el pasado miércoles por unanimidad y con una lista de compromisos temporales para mitigar los riesgos que percibió para la competencia. Especialmente, en el ámbito del crédito a las pymes, donde BBVA ha hecho varias concesiones.

Ninguno de los ex miembros de la CNMC cuestiona que el Gobierno -como recoge la ley- tenga margen para intervenir después de que el regulador haya emitido su opinión. Pero de ahí a abrir una consulta pública en la que pueden participar hasta los particulares creen que hay un abismo. "Pone en tela de juicio el trabajo que se ha hecho durante todo este año. No me quiero imaginar cómo estarán allí", apostilla otro de los ex altos cargos de la institución, que todavía no ha hecho público su informe completo.

El Ejecutivo, reacio desde el primer momento a la operación, debe atenerse a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia si quiere endurecer los compromisos adquiridos por BBVA. Podría llegar a modularlos tanto que incluso hiciese perder todo el atractivo a la operación, lo cual obligaría al banco vasco a desistir de la misma. Pero no hay precedente de tal extremo.

"Cuerpo se juega su prestigio personal y profesional. Él sabrá hasta dónde quiere llegar", añade otro 'ex' del organismo. En su consulta, Economía pide a los participantes que indiquen qué medidas tomarían para mitigar los efectos negativos sobre el interés general que consideran que puede tener la opa. Para ello habilita la opción de plantear propuestas para protegerlos en un máximo de 2.000 caracteres. La consulta se basa en un formulario de Microsoft Forms que permite participar con DNI falsos en sucesivos intentos y aportando respuestas diferentes en cada intento. Algo que luego se encargará de 'depurar' el equipo del propio Ministerio.

"Influye en la seguridad jurídica"

A todos los ex altos cargos consultados les preocupa especialmente la imagen que se traslada de puertas para fuera. "Influye en la seguridad jurídica y en la imagen del funcionamiento independiente del sistema", comenta una exconsejera. Supone -agrega- "desconfiar también del Banco Central Europeo (BCE)", que ya dio en su día su visto bueno a la opa.

Todos coinciden en que las garantías para las partes las da un proceso "accesible y recurrible" como el que ha seguido durante los últimos doce meses la CNMC. "Este tipo de actuaciones [la consulta pública] tiene los riesgos de todo lo que se sale de un procedimiento tasado", explica la antes citada exconsejera.

Tanto la patronal catalana Foment del Treball como el sindicato UGT llevaron ante la Audiencia Nacional la decisión de la CNMC de no permitirles personarse en el procedimiento. Algo que hizo con casi 80 entidades que lo intentaron. Pero el regulador sí realizó un test de mercado en el que consultó la opinión de diversos actores afectados por la operación. "El trabajo de Competencia es precisamente ese. Hacer una consulta pública después no se ha visto nunca en ningún sitio y no tiene justificación técnica", remarca otro de los ex altos cargos de la CNMC. Los consejeros son nombrados a propuesta del propio ministerio de Economía y validados por el Congreso.

Sin voto particular

El consejo incluye diferentes sensibilidades políticas. Sin ir más lejos, dentro de la Sala que ha tomado la decisión hay un consejero, Pere Soler, nombrado por Junts. El ex director de los Mossos d'Esquadra durante el auge del proceso independentista no emitió ningún voto particular contra la operación. Pero la formación de Carles Puigdemont reclama ahora al Gobierno una "decisión política" que frene la opa a la que se opone no solo el Sabadell sino buena parte del tejido empresarial catalán.

Para los ex miembros del regulador, se está "trufando de política una decisión técnica". "Las decisiones políticas se tienen que tomar con reglas de carácter general conocidas de antemano y aplicables por igual a todos; no caso por caso", concluye otro ex miembro del regulador.

Las decisiones políticas se tienen que tomar con reglas de carácter general conocidas de antemano y aplicables a todos por igual"

"Es como en el circo de los romanos. El pueblo aclama y el emperador sube o baja el dedo", critica con sorna otro de ellos en referencia a Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo anunció el lunes la consulta en una reunión del Cercle d'Economia a la que asistían tanto el presidente del BBVA como el del Sabadell, Josep Oliu.

La consulta fue puesta en marcha este martes por el ministerio Economía a través de un formulario en su página web. Cuerpo se limitó a decir este martes también en Barcelona que es una "buena práctica" que está "totalmente alineada con la legislación vigente" y que volvería a convocar si se produce un escenario similar. Además, sostuvo que será "muy respetuoso" con las competencias las demás instituciones que han participado en las fases anteriores de evaluación de la opa. Las respuestas a la consulta serán secretas y no vinculantes.

Los accionistas tienen un momento previsto en la ley para expresar su opinión acerca de la opa; el denominado período de aceptación que se abrirá una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publique el folleto de la opa con toda la información sobre el proceso. "Si entonces no ven la ecuación de canje, no acudirán a la oferta", concluye otra de las fuentes consultadas.