Es la fórmula con la que sueñan las compañías nucleares de nuestro país. Reúne los dos requisitos clave que desde hace meses reclaman al Gobierno: viabilidad económica y riesgo compartido. La acaban de aprobar en Suecia, el país nuclearmente más equiparable a España. El gobierno nórdico lejos de plantear un cierre nuclear, ha decidido ampliar su infraestructura de reactores y lo hará implicándose económicamente. Lo justifica en razones de estabilidad para su sistema eléctrico y de reducción de precios.
En España hace semanas que Gobierno y energéticas libran una batalla para despejar el horizonte del mercado nuclear. La disyuntiva se plantea entre el cierre definitivo o la prórroga. El Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que por ahora no tiene sobre la mesa petición ni propuesta formal de las compañías para continuar con la actividad de las cinco centrales -y siete reactores-.
Por su parte, las energéticas han mantenido un silencio medido sobre sus pretensiones que más recientemente han comenzado a romper. Su voluntad es continuar, pero no a cualquier precio. Son las condiciones de una posible prórroga las que quieren negociar. Por el momento, perciben un cambio de actitud en el Gobierno tras el apagón y se muestran más optimistas ante la posibilidad que se pueda reconsiderar el calendario de cierre acordado en 2019.
La primera en la lista de cierre es Almaraz I. Según lo acordado hace seis años, debería desmantelarse a partir de 2027. Todo apunta a que puede ser cuestión de días cuando los propietarios de la central, las compañías Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), se citen para formalizar una propuesta. En ella pesará sin duda la carga fiscal y tributaria que deban soportar en el futuro y la necesidad de garantizar la viabilidad económica de la instalación. También el futuro que pueda afectar al resto de la red de centrales nucleares.
Una red nuclear similar a la española
En el Foro Nuclear, el organismo que agrupa al sector, han puesto en valor la propuesta del Gobierno sueco. En ella el Gobierno de Ulf Kristersson se implica directamente y asegura financiación y recursos para consolidar el futuro de su industria nuclear. El Parlamento sueco acaba de aprobar la propuesta presentada por el Ejecutivo de centroderecha y que contempla ayudas de Estado a los proyectos de construcción de nuevos reactores nucleares en el país.
Actualmente Suecia cuenta con seis reactores operativos, sólo uno menos que España, y su generación de energía nuclear fue el año pasado de 46,6 TWh. En el caso de España fue sólo algo superior, 54,3 TWh. De este modo, los modelos suecos y español podrían equipararse en su dimensión. Ambos se sitúan entre los principales de la UE. Tras Francia, con 57 reactores, España es la segunda ‘potencia’ nuclear de ‘los 27’ y Suecia, junto a la República Checa, sería la tercera.
El ‘modelo sueco’, que entrará en vigor oficialmente el próximo 1 de agosto, tras agotar todo el proceso de tramitación, contempla que el Estado concederá préstamos en condiciones favorables a quienes apuesten por inversiones de carácter nuclear. El objetivo es que en el plazo de una década el país pueda contar con al menos dos reactores más de gran escala. La hoja de ruta que presentó en 2023 contempla incluso que, a más largo plazo, para el año 2045, el parque nuclear pueda ampliarse en una decena de reactores.
El plan de ayudas se limita al coste equivalente a cuatro reactores a gran escala, con una potencia instalada de 5.000 MW. Supone un incremento muy considerable de potencia nuclear, similar al 80% de la potencia total que hoy tiene instalada España -7.117 MW-.
Precios pactados y pagos compensatorios
Pero no es todo. La hoja de ruta nuclear sueca incide en otra de las cuestiones que en España mayor enfrentamiento está generando entre las energéticas y el Gobierno: la viabilidad de las centrales. El Ejecutivo se compromete con las empresas que finalmente asuman los nuevos proyectos a firmar un “contrato de cobertura” que blinde la viabilidad de la generación nuclear a las compañías. Este contrato está ligado al precio medio anual de la electricidad. Se acordará entre ambas partes. En caso de que el precio medio finalmente registrado en un año no alcance lo acordado, el Estado lo compensará a las compañías. En caso inverso, que supere el importe pactado, serán las compañías las que compensen por la diferencia al Estado.
Precisamente el alto coste en impuestos y tasas es la cuestión que más enfrenta a las energéticas con el Estado. Reclaman que se recorte de modo importante esa carga que aseguran “asfixia” la actividad económica en el sector y hace inviable en muchos casos la producción de energía de origen nuclear.
Los préstamos que Suecia se ha comprometido a conceder a quienes finalmente construyan los nuevos reactores estarán destinados a financiar los trabajos de ejecución de las centrales pero también a los ensayos de los nuevos reactores, la planificación y otras medidas necesarias para su puesta en marcha. La devolución del préstamo en cuotas sólo se iniciará una vez el reactor entre en funcionamiento.
"Rentabilidad socioeconómica"
Recientemente el ministro de Mercados Financieros sueco, Niklas Wykman, aseguró que otorgar apoyo financiero público permitirá disponer de una mayor estabilidad en el sector eléctrico. Recordó que el respaldo nuclear que se pretende permitirá estabilizar los precios, reducir los costes del sistema, además de generar más empleos y “mejores condiciones para la transición climática”.
El paso dado por el Gobierno sueco se basa en una investigación que concluyó que se había detectado una discrepancia entre la búsqueda de la viabilidad económica que pretende un inversor privado “y la rentabilidad socioeconómica” que aporta la energía nuclear. Por razones de eficiencia, el informe concluía que estaba justificado que se respaldara con fondos públicos la inversión en nucleares.
Actualmente en la UE de los 27 apenas una docena de países cuentan con centrales nucleares. Sólo Francia genera más energía nuclear que el resto de países juntos. El país galo produce 320 TWh al año, seis veces más que España. Potencias como Alemania abandonaron recientemente, en 2023, la energía nuclear. Los 33 reactores con los que contaba están parados desde entonces. En el caso de Italia, dejó de generar energía nuclear en 1990. Sus cuatro reactores están parados desde entonces. Además de Francia, España y Suecia, otros nueve países tienen actividad nuclear: Bélgica (5 reactores), Bulgaria (2), Eslovaquia (5), Eslovenia (1), Finlandia (5), Hungría (4), Países Bajos (1), República Checa (6) y Rumanía (2).
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