La Audiencia Nacional ha rechazado imponer las medidas cautelarísimas solicitadas por el despacho de abogados Statera Legal contra el uso del resultado de la consulta pública del Gobierno abierta en mayo para decidir sobre la opa del BBVA y Sabadell.

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La sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha desestimado esta vía exprés, aunque lo ha hecho con un voto particular, según fuentes conocedoras de la decisión. Esta última llega una vez que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido elevar ya la cuestión al Consejo de Ministros, tras la petición de cinco departamentos del área económica.

Ahora, el Gobierno tiene hasta finales de junio para decidir si aprueba la operación tal y como hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o añade condiciones adicionales a los compromisos pactados por ese organismo con el BBVA.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, contrario al proceso de integración, tiene que basar su decisión en criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia. La CNMC estuvo un año analizando el posible impacto de la compra del banco catalán por parte del vasco. Tras ese proceso, supeditó la aprobación de la opa al cumplimiento de una serie de compromisos de carácter temporal, con especial foco en el crédito y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Pero para decidir si elevar o no la concentración al análisis de todo el Gobierno, Cuerpo abrió una consulta pública -habitual para elaborar proyectos normativos pero inédita para decidir sobre este tipo de operaciones- con la que recabar información cualitativa adicional no vinculante, pero que ayudase a fundamentar la decisión. El propio ministro se comprometió a publicar un informe sobre los resultados obtenidos.

Pero el despacho madrileño autor del recurso considera que el uso de esa información y la forma en que se desarrolló el procedimiento de consulta no son adecuados y generan inseguridad jurídica, además de contener "defectos formales de gravedad". De momento, el alto tribunal continuará el análisis de las medidas cautelares solicitadas.

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