El Gobierno incluía las transferencias del Estado como uno de los métodos de financiación del sistema de pensiones en caso de tener que aplicar la 'cláusula de cierre'. Una fórmula introducida por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, donde establecía que si el gasto neto superaba el 13,3% del PIB en el periodo 2022-2050 debían implementarse medidas de ajuste.
Entre estas medidas se incluían las transferencias del Estado, un "ingreso" por el que se desviaba dinero desde la Seguridad Social —administración con caja separada del Estado— al Ejecutivo con partidas procedentes de impuestos y del endeundamiento público, en caso de que los ingresos por cotizaciones fuesen insuficientes para pagar las pensiones. Una financiación extra que supone unos 40.000 millones de euros anuales desde 2020.
Sin embargo, en febrero de 2025 y a colación de la condonación de la deuda autónomica por valor de 83.000 millones de euros, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió que el uso de transferencias estatales como medida de ingreso debía ser, como mínimo, limitada.
Pues bien, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha tenido que borrar finalmente varios párrafos del real decreto en el que explicaba a la AIReF qué debía contabilizar como ingreso del sistema de pensiones. Párrafos donde se encontraban las transferencias del Estado.
Precisamente, la AIReF cuestionó esta metodología en su primera evaluación de la reforma del sistema de pensiones de Escrivá el pasado 31 de marzo. En su informe, la Autoridad Independiente determinó que la reforma cumplía con lo acordado con Bruselas y no se tenía que aplicar la cláusula de cierre por lo mínimo, el gasto en pensiones se situaba en el 13,2% del PIB frente al 13,3% que marca la regla de gasto.
Sin embargo, también alertaba que la sostenibilidad del sistema no había mejorado y estimaba un crecimiento del gasto en pensiones de 3,4 puntos del PIB hasta 2050, frente al 3% que estimó dos años antes. Además, la AIReF criticó la "visión parcial" de la situación finaciera que ofrecía la regla de gasto. "Tiene muchas debilidades y limitaciones para que pueda ser considerado como un indicador de sostenibilidad del sistema de pensiones", concluía Herrero.
Nuevo examen antes del 1 de julio de 2026
La propia Comisión Europea se comprometió a revisar el informe de la AIReF a instancias de una pregunta del Partido Popular en el Parlamento Europeo el pasado 1 de abril. Así, según han adelantado El Mundo y El País, Bruselas ha presionado al Ejecutivo para repetir el examen sin incluir las transferencias del Estado como ingresos.
Así, el gobierno ha encargado a la AIReF un nuevo informe extraordinario sobre la sostenibilidad de las pensiones que deberá presentar antes del 1 de junio de 2026, dos años antes del que estaba previsto por ley, en abril de 2028. No obstante, este nuevo informe no será considerado como una nueva evaluación sino "un ejercicio de transparencia que refuerce la confianza en la sostenibilidad del sistema", han explicado fuentes del ministerio Seguridad Social.
Los sindicatos defienden las transferencias
CC.OO. y UGT han mostrado su sorpresa por el nuevo informe encargado por el Gobierno a la AIReF, decisión que según han denunciado en un comunicado, "no ha sido transmitida en modo alguno a los interlocutores sociales". Así, los sindicatos han exigido explicaciones al Ministerio, pidiendo trasladar el asunto a la Mesa de Diálogo Social en materia de Seguridad Social y han insistido en que las transferencias del Estado deben seguir considerándose ingresos legítimos, al formar parte del diseño estructural del sistema y estar amparadas por la legislación vigente.
Además, han reafirmado su confianza en que las medidas acordadas garantizaban la sostenibilidad del sistema y han considerado que la nueva evaluación debería servir para corregir proyecciones infraestimadas. Entre ellas, el aumento de ingresos por la cotización de los autónomos o el cambio de tendencia en las jubilaciones, con menos anticipadas y más demoradas.
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