El Consejo de Ministros deliberará el martes sobre las eventuales condiciones adicionales que impondrá al BBVA en la opa sobre el Sabadell. Fuentes del Gobierno consultadas por El Independiente confirman que se llevará el Acuerdo sobre la operación a la reunión en Moncloa, la última hábil para cumplir los plazos contemplados por la ley de Defensa de la Competencia, que regulan la intervención del Ejecutivo.

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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decidió hace tres semanas elevar el análisis de la operación al Consejo de Ministros, donde se pueden modular los compromisos pactados por BBVA con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recibir luz verde a la operación. Varios ministerios del ámbito económico se lo reclamaron a Cuerpo. Entre ellos, Trabajo, Transición Ecológica, Seguridad Social, Industria o Consumo, que podrán aportar ahora sus propios informes.

Cuerpo tomó la decisión también a la luz de las conclusiones de la consulta pública abierta tras conocer el visto bueno de Competencia. El Ministerio de Economía facilitó al BBVA -a petición del banco como parte interesada- acceso a los datos de la consulta pública. El polémico proceso abierto por Cuerpo tras conocer el veredicto de Competencia levantó una polvareda por el inédito uso de esta herramienta para decidir sobre una operación corporativa.

Aunque los datos eran secretos, el titular de Economía se comprometió a publicar un informe sobre los resultados de la misma, aunque no dijo cuándo. Pero este miércoles, el presidente de BBVA, Carlos Torres, reveló en el programa Más de Uno de Onda Cero algunos detalles de la consulta, que ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional por un despacho de abogados. Para apoyar el argumento de que la operación no supone problemas de interés general, manifestó que la mayoría de aportaciones apuntaban en ese sentido.

Tras un año de estudio por parte de la CNMC, la consulta de Cuerpo permitió a todos aquellos interesados o potenciales afectados por la operación trasladar sus impresiones a Economía. También pudieron aportar ideas sobre posibles medidas para frenar el impacto de la opa a distintos niveles.

El BBVA declinó participar en la misma, aunque sí lo hizo el Sabadell. Sin embargo, fuentes de la entidad catalana que preside Josep Oliu aseguran que no cuentan con información relativa a los resultados de la consulta pública.

El Gobierno podría ahora imponer una serie de condiciones que redujeran el atractivo de la operación para el BBVA, hasta el punto de hacerle desistir. La tesis de la entidad vasca es que el Ejecutivo solo puede mantener o suavizar las condiciones de Competencia. El propio Torres no descartó en su entrevista radiofónica acudir a la vía judicial frente a las medidas del Gobierno, aunque las acepte para que el proceso pueda seguir adelante.

En todo caso, el Gobierno deberá fundamentar su decisión en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia para dictar las nuevas medidas que modulen los compromisos ya adoptados por el BBVA con la CNMC, que han tenido en cuenta especialmente el efecto sobre el crédito a las pymes. El plazo recogido en la ley concluía el próximo día 26, pero la intención del Gobierno -salvo que pida nuevos informes- es abordar el asunto el próximo martes.

Desde las filas socialistas se han mostrado en contra de la operación desde el inicio, El ala del Ejecutivo de coalición representada por Sumar se opone de manera firme y ha reclamado a Cuerpo torpedear la operación. Aunque en esta fase solo puede complicarla, pues la potestad de vetarla queda reservada al ámbito de la fusión. Por tanto, no se descarta el escenario de opa sin fusión. El BBVA defiende que se mantendrían la mayoría de sinergias calculadas en 850 millones de euros.

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