El BBVA sigue analizando el impacto de la condición adicional que impuso este martes el Gobierno para aprobar la opa sobre el Sabadell. El director general de la entidad en España, Peio Belausteguigoitia, ha asegurado que el banco mantiene todas las opciones encima de la mesa. El Consejo de Ministros fijó que si prospera la compra, tendrán que seguir operando durante al menos tres años como entidades independientes con personalidad jurídica propia, patrimonios separados y autonomía en la gestión. Algo que bloquea de facto la eventual fusión.

"El análisis es fundamentalmente de la condición adicional y de las distintas alternativas", ha dicho Belausteguigoitia durante su intervención en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. "Estamos en esa evaluación, estamos en ese análisis y en las próximas fechas se sabrá algo", ha añadido.

Hasta ahora, el banco se había limitado a trasladar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros. En él se aprueban también las condiciones impuestas por la autoridad de Competencia, que dio luz verde a la opa con compromisos tras un año de análisis de la operación. "No tenemos ningún afán de que se vaya retrasando este proceso", ha añadido Belausteguigoitia tras aclarar que no hay un plazo legal fijado para tomar la decisión.

"Es nuestro deber tener todas las alternativas o todas las posibilidades dentro de un análisis y de una evaluación, porque tenemos un deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas", añadió Belausteguigoitia. "Estamos analizando todos los escenarios", reiteró.

El lunes, el propio presidente de la entidad Carlos Torres se quejó en ese mismo foro de que el proceso se había dilatado ya 13 meses desde que dieron el paso de presentar la oferta por la entidad catalana que preside Josep Oliu. En todo caso, el banco podría seguir adelante con la opa pero recurrir ante el Tribunal Supremo el acuerdo aprobado por el Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez. Para ir ante la Justicia, sí tendría dos meses de plazo -sin contar agosto- para presentar el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.

Margen del Gobierno para intervenir

El banco ha expresado desde el primer momento que su criterio jurídico apunta a que el margen de Moncloa para modificar las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) era estrecho y que solo podía suavizar o confirmar las condiciones o compromisos acordados. Pero la condición adicional aprobada este martes, que impide hacer ajustes de plantilla vinculados a la opa o reordenar la red de oficinas, va más allá de ese margen.

El Gobierno defiende que la decisión está fundamentada en criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia y completamente "anclada" en la Constitución y la normativa vigente tanto nacional como comunitaria. Al margen de ese choque de pareceres con el Ejecutivo, que "el racional de la operación es impecable. Es una operación de crecimiento, buena para España, buena para Cataluña y buena para los clientes", remató tras recordar que la operación ha obtenido 27 autorizaciones de diferentes organismos reguladores y supervisores.

Eso sí, no aclaró en qué medida se reducen las sinergias inicialmente calculadas con ahorros de 850 millones de euros. En caso de proseguir con la opa tras la decisión del Gobierno, tendrá que exponer los nuevos cálculos de sinergias en el folleto que debe aprobar la CNMV.