Hace solo unos días, el hasta ahora director general de Negocio y Clientes de Adif desde marzo, Juan Pablo Villanueva, fue apartado de su cargo en el gestor de las infraestructuras ferroviarias. Antes fue director general de Construcción y director general de Adif Alta Velocidad.

Sin más detalles de las razones del movimiento, supone apartar al que fuera número dos de la expresidenta Isabel Pardo de Vera en la compañía pública dependiente del ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. La ingeniera gallega está investigada por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal y declarará este lunes ante la Audiencia Nacional.

Las investigaciones judiciales por las tramas que afectan al ministerio de Transportes dejan un reguero de imputados que poco a poco están pasando también ante los magistrados del Tribunal Supremo. Por un lado, la Justicia investiga la trama de presuntas comisiones ilegales por el suministro de mascarillas durante la pandemia. Por otro, los amaños de obra pública que habrían favorecido a determinadas constructoras. Y, entre medias, también se investiga el 'enchufe' en empresas públicas de determinadas personas vinculadas al ex ministro de Fomento entre 2018 y 2021 y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Este último fue destituido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y está investigado por presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y prevaricación. El Tribunal Supremo le impuso como medidas cautelares la retirada de pasaporte, obligación de comparecer cada quince días y le prohibió salir del país.

Su mano derecha, el asesor personal Koldo García, es una pieza clave de todas las investigaciones, pues no sólo medió en lo relativo a la obtención de mascarillas, sino que también participó en las negociaciones para que determinadas empresas consiguieran adjudicaciones de obras. Sin ser estrictamente un alto cargo del Ministerio, tenía influencia en todo lo que rodeaba al departamento.

De las dos empresas públicas antes citadas están imputados sus respectivos responsables por la época, Álvaro Sánchez Manzanares -secretario general de Puertos- y la antes citada Pardo de Vera, presidenta de Adif antes de convertirse en secretaria de Estado de Transportes bajo el mando ya de la exministra Raquel Sánchez.

Esta última comparecerá este lunes al igual que el ex director general de Carreteras con Ábalos, Javier Herrero, al que según fuentes conocedoras de la época, la propia ministra ceso a instancias de Pardo de Vera. Ahora imputado, los audios grabados por Koldo García y que la Guardia Civil ha remitido al juez le sitúan con una pieza clave de la trama de presuntos amaños de obra por valor de 264 millones, en la que también participó el sucesor de Ábalos al frente del PSOE, Santos Cerdán.

Pardo de Vera, por su parte, también está imputada en la causa por la supuesta contratación irregular de Jésica R., antigua pareja de Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. 

Respecto a Villanueva, el administrador ferroviario abrió una investigación interna tras recibir una denuncia en su Canal Ético en 2022. Se trataba de esclarecer si dio órdenes a los técnicos de la empresa pública para, presuntamente, favorecer a Obras Públicas y Regadíos (OPR) en al menos tres licitaciones cuando Ábalos era ministro. Es una de las constructoras señaladas en el 'caso Cerdán' e investigada por la Guardia Civil por pagar presuntas 'mordidas'. Pero la compañía pública dio carpetazo al asunto tras seis meses de pesquisas y solo dos días después de que The Objective destapara la investigación.