Son caminos que no siempre discurren por la misma senda. La batalla política y las urgencias o necesidades de empresas y consumidores en ocasiones no confluyen. Es lo que ayer se escenifico en el Congreso con la no convalidación del Real Decreto 7/2025 de medidas energéticas, el llamado ‘decreto antiapagones’. El voto del PP era la última esperanza del Gobierno para ver aprobada una propuesta que había logrado el respaldo de organizaciones energéticas, grandes industrias, organizaciones de consumo e incluso de movimientos ecologistas. Pero los populares se sumaron a Vox, BNG y Podemos en el voto en contra del decreto que defendió la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, y que se convirtió en el último y duro revés del Ejecutivo en el pleno que dio paso a las vacaciones de verano.

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Entre los damnificados, además de Aagesen, se sitúan no pocas organizaciones que estos días habían hecho campaña en favor del apoyo a la norma. Unos, como Greenpeace, apelando a la defensa del medio ambiente y la transición ecológica. Otros, las grandes compañías energéticas, subrayando que salvaguardaría la seguridad del suministro, otorgaría certidumbre a nuevas inversiones y ofrecería mayor competitividad a sus empresas. En el caso de las formaciones nacionalistas, incluso apelaron al refuerzo singular de sus economías gracias a las bonificaciones de peajes energéticos, a los nuevos accesos más fáciles para ‘engancharse’ a la red o incluso, con medidas que facilitarían la reconversión de empresa de purines y orines en instalaciones de biogás.

Las acciones de ‘lobby’ llevadas a cabo desde distintos ámbitos relacionados con la energía con los distintos partidos políticos finalmente no fueron suficiente. El Gobierno venía insistiendo desde la aprobación del decreto en Consejo de Ministros –el pasado 24 de junio- que supondría un cambio profundo. El mensaje fue claro: en él se recogían las medidas necesarias para que en España no se repitiera un nuevo apagón como el vivido el 28 de abril pasado.

La larga batería de medidas abordaban ejes fundamentales como el control, la evaluación y la transparencia en la gestión de las redes y el papel de los distintos agentes. Al frente de esta labor de vigilancia de todos los implicados en la generación, transporte y distribución de la energía se situaba a la CNMC y a Red Eléctrica. Ambas entidades deberían, según el ahora fallido decreto recogía, realizar evaluación, inspecciones y propuestas de modo periódico, con mayor frecuencia y detalle que hasta el momento.   

Las medidas también contemplaban facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos de energías renovables que ahora quedan paralizados. Se abogaba por una reducción de la burocracia y una revisión y actualización de la política de plazos de ejecución. El sector incluso había realizado una estimación del volumen de inversión en nuevos proyectos que podría suponer el decreto: 200.000 millones de euros.

"Al albur de la aritmética parlamentaria"

Desde la Asociación de Empresa de Energía Eléctrica (AELEC), a la que pertenecen Iberdrola, Endesa o EDP, entre otras, se había subrayado la importancia de las medidas con las que además de fortalecer la red se pretendía dar un impulso a proyectos de almacenamiento energético y se avanzaba en la certidumbre regulatoria para atraer inversiones. AELEC ya había advertido de que en caso de no prosperar el decreto se producirían “consecuencias graves” como una mayor exposición a posibles crisis de suministro en el futuro, además de una pérdida de competitividad del sector y un freno a inversiones. Perjuicios que supondrían que España no logre reducir su dependencia exterior.

El sector eólico es uno de los más perjudicados. Pocas horas después de decaer la convalidación del decreto, emitió un duro comunicado en el que aseguraba que no existían razones técnicas que justificaran no apoyarlo. A través de la Asociación Empresarial Eólica se recuerda que sin un plan de estas características se “condiciona seriamente” el desarrollo de las energías renovables, en particular la eólica, y la “electrificación de la economía”. La AEE recordaba que su contenido era “claramente apolítico” y que no haberlo respaldado fue “un error”: “La robustez de nuestro sistema energético no debería quedar al albur de una aritmética parlamentaria. Lo que está en juego es la garantía del suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad del país”.

La gran industria es otra de las grandes perjudicadas. El decreto antiapagones preveía aplicar una bonificación de hasta el 80% en los peajes energéticos para las industrias electrointensivas. La medida se iba a aplicar durante todo este año. Una reducción que incidía directamente en su capacidad competitiva y que el sector industrial ya había valorado positivamente al compensar la alta “volatilidad comercial y las incertidumbres geopolíticas” por las que atraviesa la economía internacional.

La lista de colectivos que ayer recibieron con amargura la no convalidación del decreto incluía a Greepeace. La organización ecologista señaló que contenía "medidas largamente esperadas" que contribuirían a acelerar la transición energética y el autoconsumo. Solicita que a la mayor brevedad se pueda alumbrar una nueva propuesta que además "limite el excesivo poder de las energéticas" y ponga fin al "oligopolio" energético.

El PNV había negociado con el Ministerio facilitar los procesos de enganche y rebajar ese porcentaje del 90% de solicitud de conexión a la red que venían siendo rechazadas. En el caso vasco, la formación de Aitor Esteban había logrado que se autorizarán hasta 750 ‘enchufes’ o puntos de conexión y que sólo para el País Vasco supondrían la inclusión de 5.000 MW más de potencia. A nivel nacional se estima que el decreto incluía medidas como para aumentar en 40.000 MW la potencia de conexión a la red.

Electrificación y almacenamiento

Una red que también se había previsto mejorar con elevadas inversiones tecnológicas. Consolidar la misma, apuntalar su robustez estaba previsto hacerlo no sólo con los planes y evaluaciones periódicas sino también con inversiones en tecnología por un montante de 750 millones de euros.

El refuerzo de la red y de los mecanismos de control y vigilancia, así como de suministro y contención de posibles alteraciones en el sistema fue uno de los pilares que con mayor intensidad subrayó el Gobierno. “El decreto aporta mayor certidumbre, tranquilidad y determinación a la sociedad y al tejido industrial”, aseguró ayer Aagesen. La ministra insistió en reiteradas ocasiones en que el plan del decreto se traduciría en una reducción de costes en la generación energética y con ello “una reducción de la factura” para los consumidores.

La apuesta por el almacenamiento es uno de los campos que el decreto tumbado ayer en la Cámara Baja preveía. La pretensión era contribuir a facilitar sistemas de almacenamiento en instalaciones de energías renovables y con los que se pudiera mejorar la autonomía y capacidad del sistema energético español. En esta misma línea, el decreto contemplaba dar un impulso al autoconsumo en España, reduciendo las limitaciones y facilitando la puesta en marcha de este tipo de proyectos.

La electrificación era otro de los pilares del decreto. Avanzar en la electrificación de la industria y la movilidad eran algunas de las vías de mejora que se incluían. EH Bildu había acordado con el Gobierno un plan de ayudas a la electrificación de la Industria de 300 millones de euros. Además, se contemplaban ayudas y facilidades para la instalación de puntos de recarga, tanto de acceso público como en comunidades de vecinos, entidades sociales, etc. La electrificación energética también se extendía a ámbitos como la climatización de hogares.    

"Hay poderosas razones para apoyarlo"

La ministra de Transición Energética, Sara Aagesen había solicitado a la Cámara que respaldara el decreto: "Hay poderosas razones para hacerlo", aseguró desde la tribuna. Recordó que todos los grupos le habían reclamado "respuestas" tras el apagón "y aquí están las respuestas", afirmó en referencia al Real Decreto 7/2025 que presentaba para ser convalidado.

Aagesen solicitó a los grupos "responsabilidad política y altura de miras": "Es lo que espero ver, responsabilidad con los ciudadanos y las empresas, el tejido productivo". Les reiteró que además de aportar robustez al sistema, supondría un salto en la captación de inversiones y nuevos proyectos, así como medidas que sectores como la industria electrointensiva viene reclamando. Insistió en que las medidas supondrían no sólo un refuerzo del sistema sino un beneficio para los consumidores y suponer una reducción del coste en la generación energética: "Rebajamos la factura y mejoramos la autonomía energética".

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