El Tribunal de Cuentas pone bajo la lupa la medida estrella del Gobierno para mantener el empleo durante la pandemia del coronavirus. El órgano fiscalizador ha detectado deficiencias en la gestión de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor vigentes entre marzo de 2020 y marzo de 2022.

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En total, más de 558.000 empresas se acogieron a los ERTE-Covid, beneficiando a 4,15 millones de personas trabajadoras. Las medidas alcanzaron al 22% del empleo asalariado y al 40% de las empresas con plantilla. El mecanismo de los ERTE permitió suspender temporalmente contratos sin incurrir en despidos, mientras el Estado asumía el coste de las prestaciones por desempleo (18.272 millones de euros) y exoneraba las cotizaciones sociales (7.964 millones de euros).

En relación a esto último, el Tribunal de Cuentas alerta de que las actuaciones de control de la Seguridad Social "detectaron indicios de incumplimiento que podrían afectar a 278.757 empresas y a 1,7 millones de personas". Además, la fiscalización ha detectado 10.896 beneficiarios de prestaciones por valor de 25,4 millones de euros "cuya inactividad no fue comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social".

El informe del organismo que preside Enriqueta Chicano alerta de que la falta de una aplicación informática específica (en la Dirección General del Trabajo) "dificultó la trazabilidad" de estos expedientes tramitados en un momento de excepcional incremento de solicitudes. Esto "ha conllevado la emisión de resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas".

Además, reprocha que la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes impidió un control adecuado sobre los ERTE-COVID "provocando, en ocasiones, la autorización por órganos que no eran competentes".

También dice que el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, "no ha dispuesto de información relativa a la necesaria constatación de la concurrencia de la existencia de fuerza mayor para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo al no existir un procedimiento de notificación de resoluciones entre las autoridades laborales competentes". En este sentido, el informe recoge que el SEPE tuvo que recurrir a su propio remanente para financiar las prestaciones por desempleo, con un desembolso de 13.535 millones de euros.

Por otro lado, constata que a 16 de mayo de 2024 seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a los ERTE, y solo el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo.

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