El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó este domingo durante su visita a Ourense la creación de un Pacto de Estado contra la "emergencia climática", al advertir que "se está agravando, cada vez es más recurrente, más asidua y cada vez tiene un mayor impacto". Sin embargo, este tipo de anuncios no aporta nada novedoso. Lo que sí supondría un cambio real, tal y como sugieren los expertos, sería elevar el presupuesto destinado a la prevención de incendios, ya que desde 2020 solo ha crecido en siete millones.

El mensaje sobre la emergencia climática encaja en una línea que Sánchez viene repitiendo desde hace años. En enero de 2020, el Consejo de Ministros aprobaba la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España. Un acuerdo por el que el Ejecutivo se comprometía a poner en marcha 30 líneas de acción prioritarias —cinco de ellas en los primeros 100 días— para situar la lucha contra el calentamiento global en el centro de la agenda política. Con aquel gesto, el Gobierno buscaba dar respuesta al consenso científico que reclamaba medidas urgentes y alinearse con la estrategia europea del Pacto Verde.

Dos años más tarde, en julio de 2022, durante una visita a Extremadura tras una crisis incendiaria, Sánchez señalaba que "todas estas olas de incendios tienen detrás olas de calor provocadas por la emergencia climática que está viviendo el planeta", por lo que apostaba por que las políticas medioambientales se convirtiesen en "políticas de Estado". Aunque los deseos del líder del PSOE acabaron en la nada durante ese año, en septiembre de 2024 las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados alcanzaron un consenso entre todos los grupos parlamentarios —a excepción de Vox— con el que se comprometían a desempeñar "una acción conjunta y coordinada de todas las instituciones" para combatir el cambio climático.

Así, aunque se ha manifestado alto y claro desde hace años que el impacto del cambio climático propensa la extensión de los incendios, el presupuesto de la Administración General del Estado (AGE) para prevenirlos no ha sufrido variaciones considerables. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MiTEco) consultadas por El Independiente indican que el presupuesto de esta partida para 2025 se sitúa en los 26 millones de euros, lo que representa apenas siete millones más que en 2020 y tan solo 2,4 millones más desde 2022. Todo esto a pesar de que en el presente ejercicio se han calcinado 403.171 hectáreas —hasta el 21 de agosto—, la mayor superficie calcinada en España desde que existe registro en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

De hecho, el gasto de esta partida se sigue manteniendo por debajo de los niveles previos a 2011. En 2010, la Administración destinó 42,7 millones a la prevención de incendios, pero tras la crisis financiera de 2008 y las políticas de ajuste del gasto público, el presupuesto se desplomó hasta mínimos históricos —11,6 millones en 2011 y 11,4 millones en 2012—. Desde entonces, apenas ha logrado remontar. Incluso con la subida prevista para 2025, el nivel actual (26 millones) continúa muy lejos de las cifras de hace quince años, cuando la inversión llegó a alcanzar los 72,5 millones en 2009.

Los incendios se apagan en invierno

Expertos y organizaciones coinciden en que la clave para frenar los grandes incendios no está solo en reforzar los operativos de extinción durante el verano, sino en invertir en prevención durante todo el año. Aurelio González del Río, secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores) Castilla y León, lo resume para este periódico de forma tajante: “No se ha mantenido limpio el monte, ha habido una dejadez total. Los incendios se combaten en invierno”.

Una idea que también recoge la propia Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 del Gobierno: "Fomentar, mediante la gestión forestal, la prevención en la lucha contra los incendios forestales. Para ello, la inversión dedicada a la extinción de incendios forestales no puede superar el 15% del total de la inversión forestal en 2050". Sin embargo, los datos muestran que la política presupuestaria ha evolucionado en sentido contrario. En 2009, el Estado destinaba 72,5 millones a prevención y 76,3 millones a extinción; en 2025, las cifras apenas alcanzan los 26 millones en prevención frente a casi 70 millones en extinción.

El resultado es que España llega cada verano con un paisaje más inflamable y operativos que, pese a su esfuerzo, se ven desbordados. La organización de conservación ambiental, WWF España, ha recordado en un comunicado publicado el pasado lunes que “la crisis climática genera cada vez más incendios extremos y simultáneos que desbordan la capacidad de extinción de los operativos de emergencia”, y ha añadido que “la única forma de evitar que los grandes incendios sigan devorando comarcas enteras cada verano pasa por gestionar y adaptar el territorio para hacerlo menos inflamable y más resiliente”. En esta línea, la organización ha advertido que hasta ahora la prevención ha sido entendida como tareas puntuales de limpieza o mantenimiento, algo “insuficiente”, cuando en realidad “la máxima debe ser crear paisajes para reducir las emergencias. En lugar de combatir las llamas, hay que combatir el abandono rural”.