El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley con el que pretende asumir hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. La iniciativa liderada por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero beneficiará principalmente a Andalucía y Cataluña, ya que el Estado absorbería 18.791 millones de la primera y 17.104 de la segunda; un 43% del total.

El movimiento de carácter puramente político parte del acuerdo alcanzado por el PSOE con ERC para investir presidente a Pedro Sánchez en 2023. Ese pacto incluía inicialmente la condonación de unos 15.000 millones de euros de deuda catalana, cifra que se elevó hasta los 17.104 millones, aproximadamente un 19% del total. El Estado renuncia así reclamar una parte de la deuda que la Generalitat mantenía con el Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Aunque el acuerdo se diseñó inicialmente para Cataluña, el Gobierno acabó ampliando la medida al conjunto de regiones del régimen común (sin País Vasco y Navarra). Pero esa deuda no desaparece por arte de magia, sino que el Ejecutivo asume que el dinero que se prestó en su momento a las CCAA pasará a engrosar la deuda del Estado en su conjunto.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el pasado 26 de febrero la asunción por parte del Estado de los citados 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. La quita de deuda autonómica que permitirá a las CCAA ahorrarse hasta 7.000 millones en intereses se organiza comparando el mayor endeudamiento de las comunidades durante la crisis financiera con el registrado en la pandemia y la guerra de Ucrania. A partir de esa diferencia se establece la cantidad a condonar.

El reparto se realiza en tres fases: primero se asigna la mayor parte en función de la población ajustada de cada comunidad, después se garantiza que ninguna quede por debajo de la media de condonación y, finalmente, se aplican ajustes para equiparar el nivel por habitante y reconocer a las comunidades que realizaron un mayor esfuerzo fiscal mediante subidas de impuestos.

La tercera mayor beneficiada será la Comunidad Valenciana, a la que se 'perdonan' 11.210 millones. A continuación, se sitúa la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones, pese a no haber recurrido al FLA. En un nivel intermedio figuran Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010), Castilla y León (3.643), Murcia (3.318) y Canarias (3.259). Por su parte, a Aragón se le aplicará una quita de 2.124 millones; a Baleares de 1.741; a Extremadura de 1.718; a Asturias de 1.508; a Cantabria de 809; y a La Rioja de 448 millones de euros.

No les permitirá gastar más en otras políticas públicas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó en febrero de 2025 que la Administración central "podría ver restringida su capacidad de gasto en 83.000 millones en el año de la condonación" puesto que, si bien la medida supondría un ingreso contable para las comunidades autónomas, para el Estado representaría un gasto en el cómputo de la contabilidad nacional.

Además, el organismo que preside Cristina Herrero advirtió de que el ahorro en intereses (de la deuda) generado por la condonación no incrementará el margen de gasto disponible para otras políticas públicas, ya que los intereses no se incluyen en el cálculo de gastos computables a efectos de la regla de gasto.

Asimismo, la Autoridad Independiente recomendó que la condonación de los 83.252 millones de euros fuera acompañada de condicionalidad fiscal. Es decir, que las comunidades autónomas que finalmente se adhieran a la quita, se comprometan a cumplir reglas de disciplina presupuestaria y límites de gasto, a fin de evitar que vuelvan a acumular deuda excesiva en el futuro y que garanticen así su sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo.

No obstante, la institución también subrayó que "afrontar los mecanismos extraordinarios de financiación tenía que ir de la mano de la reforma del sistema de financiación autonómico". En este sentido, el organismo encargado de vigilar la estabilidad fiscal consideró que la medida por sí sola no resuelve los problemas estructurales del sistema.

Por su parte, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente valoró "muy negativamente" la propuesta. Es "una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica de régimen común", señaló.

Un "riesgo moral"

Al igual que opina la AIReF, el hecho de que no se exija ningún tipo de condiciones para las comunidades autónomas que se acojan "tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal".

En este sentido, opinaba que será "un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado. Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, la propuesta es difícilmente superable".

Precisamente, la agencia de calificación de riesgo crediticio Standard & Poor's (S&P) publicó en febrero de 2025 un informe por el que alertaba de que esta absorción de deuda por parte del Estado supondría un "riesgo moral" al disminuir los incentivos para que las comunidades pongan freno al crecimiento de la deuda. Y además, añadía que la quita "sólo mejoraría temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits" al no reestructurar el sistema de financiación en conjunto.

La tesis de Hacienda es que la medida permitirá a las CCAA ganar autonomía financiera y facilitará su acceso a los mercados en mejores condiciones. Aunque muchas de ellas ya pueden hacerlo, a diferencia de Cataluña.

De momento, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP han rechazado la condonación porque consideran que se trata de una concesión al independentismo. Para el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, la medida se trata de una "argucia" para "prolongar la agonía" del Gobierno de Sánchez. Aunque no ha aclarado si las regiones gobernadas por su partido se acogerán a la misma.

En todo caso, la tramitación de la iniciativa no enfrenta precisamente un camino de rosas. De momento, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que la quita debería estar condicionada al hecho de que no exista 'dumping fiscal' entre comunidades autónomas. Es decir, que bonifiquen sus impuestos para que en unas regiones se pague menos que en otras o directamente nada en algunos tributos.

A nivel parlamentario, el Gobierno tendrá que recabar una mayoría suficiente para sacar adelante la condonación. Y Compromís, el socio valenciano de la investidura, rechaza los criterios del Ejecutivo central.