El Gobierno se tendrá que enfrentar a un nuevo examen sobre la sostenibilidad de las pensiones antes del 1 de junio de 2026. Aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya realizó una evaluación durante el presente año y, de acuerdo con la normativa, no debería repetirlo hasta dentro de tres, Bruselas ha solicitado un nuevo examen en el que no se contabilicen las transferencias del Estado como ingreso.

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Este requerimiento responde a la preocupación por la creciente dependencia de la Seguridad Social respecto del apoyo presupuestario. El sistema de la Seguridad Social se concebía como un sistema contributivo en el que las cotizaciones sociales debían financiar las prestaciones, al margen de la caja estatal. Sin embargo, el peso de las cotizaciones en el conjunto de ingresos corrientes del organismo se ha ido debilitando en los últimos años. Según consta en los datos de ejecución de la Seguridad Social, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa han caído un 11,9%, pasando de representar el 84,5% de los ingresos corrientes totales durante el primer semestre de 2018 hasta el 72,6% en el mismo periodo de 2025.

Este comportamiento responde precisamente al crecimiento de las cuantías de las transferencias estatales, que se han incrementado desde los 8.082,61 millones entre enero y junio de 2018 hasta los 29.765,05 millones en 2025. Lo que supone un alza del 268%. De hecho, en el primer semestre de 2024 se transfirieron 27.879,91 millones. Lo que se traduce en que, en cuestión de un año, la Seguridad Social ha necesitado 1.885,14 millones más para poder sostenerse. Y ello, pese a que la recaudación vía cotizaciones sociales marca máximos históricos. Solo en el año pasado aumentaron un 7,2% y desde 2018 han crecido un 54%, desde los 56.785,25 millones de euros recaudados entonces, frente a los 87.504,40 millones del presente ejercicio.

La trampa contable del MEI

Y es que no hay que olvidar que las empresas han sufrido un incremento en el pago de las cotizaciones del 29% desde 2018, según se desprende de la Encuesta de Coste Laboral que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, han pasado de pagar —de media— 595,78 euros por trabajador en el segundo trimestre de 2018 a 768,68 euros en el primer trimestre de 2025, el último dato disponible de la serie.

Entre las causas de este alza se encuentra el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), introducido en la reforma de las pensiones impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en 2023. Se trata de un recargo progresivo en las cotizaciones sociales —que comenzó con 0,6 puntos en 2023 y que alcanzará los 1,2 en 2029— destinado exclusivamente a reforzar el Fondo de Reservas de la Seguridad Social, la conocida hucha de las pensiones, de cara a crear un colchón que permita afrontar la jubilación de la generación del 'baby boom'.

Sin embargo, según advierte el Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides en su último informe, el aporte del MEI a la hucha de las pensiones "se trata de un mero artificio contable", ya que "este mecanismo no genera realmente un superávit genuino del sistema, sino que se está financiando mediante endeudamiento público adicional".

Es decir, aunque el MEI ingresa dinero en la hucha, ese fondo no se utiliza de manera inmediata. Entonces, para cubrir las pensiones actuales, la Seguridad Social sigue dependiendo de las transferencias del Presupuesto General del Estado, lo que implica realmente un aumento de la deuda pública en lugar de un ahorro inmediato. En otras palabras, el Fondo de Reservas funciona como un colchón que se mantiene intacto para garantizar la sostenibilidad futura del sistema, pero no reduce la necesidad de financiación anual. Cada mes, las pensiones siguen pagándose con dinero procedente del Estado, lo que refleja la dependencia del sistema de la caja pública y subraya la necesidad del examen adicional solicitado por la AIReF para evaluar su sostenibilidad.

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