Las horas extra no pagadas suponen la pérdida de los trabajadores españoles de unos 3.200 millones de euros al año, según ha denunciado este jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo. El líder sindical ha lanzado este aviso junto a su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, durante la primera reunión del curso político tras el verano con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un día después de que fracasara en el Congreso la tramitación de la reducción de la jornada laboral desde las 40 a las 37,5 horas semanales.

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Ambos dirigentes han subrayado que, pese al revés parlamentario, los sindicatos mantendrán la batalla por la rebaja del tiempo de trabajo. En este sentido, han asegurado que la medida está “ganada en la calle” y se han comprometido a "que este debate no se cierrre", con la intención de reabrirlo en los próximos meses mediante un nuevo proyecto legislativo “con características similares”.

En paralelo, CCOO y UGT han reclamado que el nuevo diseño del control horario se apruebe "sin excusas y sin retrasos" en el próximo Consejo de Ministros. Una medida que contenga un diseño "moderno, digital y transparente, accesible en remoto por la inspección de trabajo y con acceso por parte de la representación de las personas trabajadoras", según han expuesto en un comunicado conjunto en la mañana de este jueves.

La exigencia se ha producido después del fracaso en el Congreso de la reducción de jornada, tumbada este miércoles con las enmiendas a la totalidad de Junts, PP y Vox, que prosperaron con 178 votos a favor frente a 170 en contra. En este sentido, los sindicatos han tildado de "fraude democrático" el "doble discurso" del PP y Junts, que en sus intervenciones parlamentarias manifestaron que apoyaban la reducción del tiempo de trabajo pero finalmente se unieron "a la ultraderecha más excluyente, para impedir que se tramite y se debata una ley que la sociedad demanda de forma abrumadora".

Por ello, han reclamado la tramitación vía Real Decreto del registro horario en el próximo Consejo de Ministros. Para CCOO y UGT, este registro es "clave" para atajar el "fraude masivo" de horas extraordinarias no pagadas, no cotizadas y no declaradas que se produce cada semana en España. Además, han defendido que no se trata sólo de una demanda sindical, sino que es una obligación legal europea. Así, han recordado que dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que los Estados miembros están obligados a garantizar un registro horario que cumpla con los estándares de la Unión.

No obstante, el alcance del endurecimiento del registro sería limitado al carecer de rango de ley. Un Real Decreto permitiría establecer aspectos técnicos, como la interoperabilidad del sistema o el desarrollo informático necesario para su puesta en marcha, pero no bastaría para incrementar las sanciones a las empresas o para obligarlas a llevar un registro digital.

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