El sistema de la Seguridad Social se concibe como un modelo contributivo, es decir, que la sostenibilidad de las pensiones se tiene que financiar exclusivamente a través de las cotizaciones sociales, sin recurrir a la caja estatal. Sin embargo, en los últimos años, las cotizaciones han dejado de ser suficientes para lograr la equidad entre los gastos e ingresos del sistema. En paralelo, las transferencias del Estado han aumentado para cubrir este desajuste, convirtiéndose en una fuente estructural de financiación del sistema.

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Ante esta deriva, aunque la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) califica como "políticamente legítimo" utilizar las transferencias del Estado como vía de financiación de la Seguridad Social, también recuerdan que esto supone un incremento de la deuda pública. Ante ello, la Fundación ha enumerado cinco propuestas de reforma del sistema de pensiones en el último informe que han publicado este lunes. Reformas encaminadas a actuar sobre "el factor institucional (normativa de cotizaciones y cálculo de la pensión)", de tal forma que siga siendo sostenible el actual modelo contributivo.

1. Vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida

España se sitúa como el país con la mayor esperanza de vida de la Unión Europea. Mientras que en 2008 se alcanzaron los 75,4 años, en 2023 la media avanzó hasta los 84. Este ritmo de envejecimiento supone carreras laborales más cortas y periodos más largos en los que se percibe pensión, lo que genera una mayor presión sobre el sistema de la Seguridad Social.

Desde Fedea proponen vincular la esperanza de vida con la edad de jubilación ordinaria. Para ello, ponen de ejemplo lo que ya utilizan otros países: aumentar la edad de jubilación 2/3 respecto del aumento en la esperanza de vida, para mantener aproximadamente constante la ratio entre años cotizados y años de pensión. Este caso supondría, según las proyecciones del INE y tomando 2027 como año base (con una edad de jubilación de 67 años), que la edad de jubilación en 2047 se encontraría en los 68 años y en 2061, en los 68,5.

2. Ampliar la base de cálculo de la pensión

Otra propuesta para reducir el gasto en pensiones es aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora, por ejemplo, a toda la vida laboral. "Ampliar el periodo de cálculo supone una menor base reguladora y pensión", resumen desde la Fundación de Estudios.

En este sentido, la reforma impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introducirá a partir de 2026 la elegibilidad entre dos fórmulas para calcular la base reguladora de la pensión: los últimos 25 años (como hasta ahora) o los mejores 27 años de entre los últimos 29. No obstante, aunque la reforma ha ampliado la base de cálculo, "la elección de los mejores años reduce la eficacia de esta medida", concluyen desde Fedea.

3. Revalorizar las pensiones por debajo del IPC

El blindaje de las pensiones a la evolución del IPC ha ensanchado el déficit de las cuentas de la Seguridad Social. Solo en 2025, supondrá el desembolso de 6.703,6 millones de euros, según los cálculos del informe Estimación del coste de la revalorización de las pensiones y del gasto en pensiones para 2025, elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social. Por ello, desde Fedea sugieren limitar esta revalorización y, aunque señalan que "sería la medida más eficaz porque afecta a todas las pensiones", también consideran que sería "la menos popular y políticamente viable".

En su propuesta, plantean que, en épocas de bajo crecimiento económico, las pensiones se revaloricen con el IPC completo solo hasta un cierto umbral (ligado a la pensión mínima), mientras que la parte que supere ese nivel no se actualice.

4. Ajustar el porcentaje de pensión por años cotizados

Otra de las reformas que plantea Fedea pasa por modificar la escala de asignación del porcentaje de pensión en función de los años trabajados. Actualmente, para cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión hay que haber cotizado al menos 36 años y 6 meses y cumplir la edad legal de jubilación (un requisito que se endurecerá hasta fijarse en 37 años en 2027). Pues bien, la Fundación sugiere intensificar el requisito, de tal forma que solo quienes hayan completado carreras laborales más largas puedan acceder a la pensión íntegra.

5. Aumentar el tipo de cotización

La reforma de las pensiones de Escrivá apostó por el aumento de los ingresos como elemento de control en la evolución del gasto. Para ello se introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo temporal en las cotizaciones sociales destinado a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, junto con el destope gradual de las bases máximas de cotización y la creación de la llamada “cuota de solidaridad”, que pagan los salarios más altos.

Siguiendo esta línea, desde Fedea sostienen que si se opta por esta vía, se tendrá que convertir en una medida estructural y no temporal. Así, proponen vincular las subidas de las cotizaciones sociales al aumento de la esperanza de vida, como alternativa al retraso de la edad ordinaria de jubilación.

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