El fracaso en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral no ha hecho desistir a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de impulsar un real decreto que refuerce el control horario. Al tratarse de una norma reglamentaria, no necesita el aval del Parlamento, lo que le permite esquivar un nuevo revés como el de la jornada reducida y garantizar su aplicación en línea con las reclamaciones de los sindicatos.

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Además, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha decidido acelerar la aplicación del Real Decreto a través de una tramitación urgente que ha recibido la luz verde del Consejo de Ministros este martes. Con esta vía exprés, Díaz busca sortear los tiempos ordinarios y lograr que la norma entre en vigor cuanto antes, ya que el procedimiento de urgencia permite reducir a la mitad los plazos habituales. De esta forma, Díaz pretende introducir el registro horario antes de que acabe el año.

No obstante, el real decreto, al carecer de rango de ley, se enfrenta a limitaciones y no puede incluir algunas de las medidas que Díaz planteaba en el proyecto original, como el endurecimiento de las sanciones. A ello se suman las "dudas" de la patronal, que cuestiona "el alcance del acceso de la Inspección de Trabajo a los datos personales de los empleados a través del fichaje digital", según explican fuentes empresariales consultadas por este periódico.

Endurecer las sanciones

Uno de los objetivos centrales del fallido proyecto de ley de la reducción de la jornada era incrementar las sanciones a las empresas que incumpliesen las horas trabajadas fijadas en el registro horario. Actualmente, las multas oscilan entre los 751 y 7.500 euros, un nivel que la titular de Trabajo consideraba "insuficiente" para disuadir a las empresas. Por ello, pretendía elevar las multas hasta los 10.000 euros y fijarlas por trabajador en vez de por centro de trabajo.

Sin embargo, el actual real decreto "no puede modificar otras normativas. En este caso, la Ley de Infracciones y Sanciones, por lo que no podrá elevar las sanciones", explica el abogado laboralista de dGP Legal, Alejandro de la Paz para El Independiente. En todo caso, Díaz "podría reabrir la cuestión en un tiempo, a través de otro proyecto de ley, aunque fuese en una norma distinta".

Protección de datos

Otro aspecto que pone en jaque la viabilidad del real decreto tiene que ver con el requerimiento electrónico del fichaje personal por trabajador, que puede verse limitado por la Ley de Protección de Datos. La ministra de Trabajo ha comentado este martes que "se acabarán los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida el jefe". El nuevo reglamento pretende garantizar la realización personal y directa de los asientos por parte de los trabajadores, así como la identificación de los cambios en la duración de la jornada (horas ordinarias, extraordinarias, flexibles, complementarias en el tiempo parcial e incluso los descansos).

"Ello podría determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismos de verificación de la identidad", ha detallado el Ministerio de Trabajo en un comunicado. Sin embargo, "las empresas podrían impugnar esta normativa por vulnerar la protección de datos si se ven obligadas a recabar información desproporcionada de los trabajadores —como datos biométricos o el propio DNI—. Lo que dependerá de cómo se justifique la necesidad de estos mecanismos de control en el texto final", concluye Alejandro de la Paz.

En este sentido, las fuentes empresariales consultadas indican que, por el momento, no han tenido acceso al contenido del real decreto, aunque expresan sus "dudas sobre el alcance del acceso de la Inspección de Trabajo a los datos personales de los trabajadores a través del fichaje digital". Y es que Inspección de Trabajo tendrá acceso en remoto al registro en todo momento, permanentemente: "Con un solo click podrá saber si se cumplen las jornadas y si cada hora extra está pagada o descansada y si no es así, la Inspección multará a la empresa (...). En definitiva, cuanto más transparente, más ojos para vigilar que nadie se salte la ley", ha remarcado la ministra.

Otras problemáticas

Las fuentes empresariales también recuerdan que existen "problemas logísticos" en la implantación del registro digital, ya que "ni en todas las empresas ni en todas las zonas de España el acceso a Internet está garantizado".

En la misma línea, Enrique Ceca Gómez-Arevalillo, socio responsable del área laboral en Ceca Magán Abogados, advierte que "la posible obligación de implantar sistemas digitales tendrá un efecto directo en la gestión empresarial y supondrá un coste adicional para muchas compañías, ya que deberán sustituir sistemas manuales por herramientas tecnológicas que garanticen la trazabilidad y el acceso inmediato a los datos".

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