La guerra de los autónomos contra el Gobierno: igualar derechos antes de subir cuotas

Los autónomos preparan su contraofensiva a la subida de cuotas planteada por el Ministerio de Seguridad Social. Frente a una reforma que consideran “recaudatoria”, reclaman que el Gobierno cumpla con el compromiso de igualar la protección social de los trabajadores por cuenta propia con quienes cotizan en el Régimen General. Piden mejorar el cese de actividad, extender el subsidio para mayores de 52 años y reconocer derechos como la acumulación del permiso de lactancia tras el nacimiento/ adopción y la posibilidad de interrumpir su actividad en caso de fallecimiento de un familiar, situaciones que en el Régimen General cuentan con cobertura y en el de autónomos siguen desprotegidas.

El desencuentro ha estallado tras el último borrador presentado el pasado lunes por el departamento de Elma Saiz. La propuesta ha logrado un consenso inusual: nadie parece estar de acuerdo con ella. Ni las asociaciones de autónomos, ni la amplia mayoría de los partidos del Congreso de los Diputados, ni siquiera los socios del Gobierno. La última en mostrar su rechazo ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, que en la tarde de este sábado ha señalado que la subida de las cuotas planteada por Saiz "no es ni progresiva ni progresista".

La advertencia de García resume el fondo de la polémica. El borrador de la Seguridad Social contempla un incremento de las cuotas lineal, no progresivo, con subidas en todos los tramos que irían desde los 200 euros hasta los 2.500 anuales solo en 2026 y se plantea una senda ascendente hasta 2028. La titular de Seguridad Social ha defendido su propuesta, ya que "da cumplimiento al acuerdo de 2022" impulsado por el entonces ministro José Luis Escrivá, que introdujo el principio de cotizar por ingresos reales. Sin embargo, fuentes de la mesa de diálogo consultadas por este diario matizan la lectura de la ministra: "El acuerdo de 2022 no obligaba a subir las cuotas de forma general ni lineal. Se pactó un modelo gradual, revisable cada tres años, para aproximar los ingresos reales y reforzar la protección, no para que todos pagaran más".

Y es que la propuesta de Saiz borra esta progresividad prometida. El incremento proporcional de las cuotas es el mismo para quienes más ganan que para los que menos ingresan y teniendo en cuenta que el 41% de los trabajadores por cuenta propia declara ingresos por debajo del salario mínimo y que el 62% no supera el SMI, la medida terminaría recayendo precisamente entre los que menos margen económico tienen.

Con este esquema, la Seguridad Social prevé elevar su recaudación desde los 13.000 millones de 2025 hasta casi los 19.000 millones en 2028 (18.744 millones), es decir, 6.000 millones adicionales en apenas tres ejercicios. “Son ganas de recaudar más”, ha apuntado este domingo Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), tras conocer los cálculos del ministerio. Por ello, las patronales de autónomos coinciden en el diagnóstico: antes de pedirles que aporten más, el Gobierno debería garantizarles los mismos derechos sociales que cualquier asalariado ya tiene.

Cese de actividad

El llamado “paro de los autónomos” sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto reducir los plazos de resolución y unificar los criterios entre mutuas, con el objetivo de facilitar el acceso a la prestación. Sin embargo, las asociaciones consideran que las medidas son "insuficientes".

Fuentes de la mesa de diálogo reconocen que “más del 60% de las solicitudes se deniegan porque la normativa exige acreditar pérdidas sostenidas durante un año o un cierre involuntario, algo casi imposible en actividades con ingresos fluctuantes”. Explican que este requisito, pensado para negocios con una facturación estable, no se adapta a la realidad del trabajo por cuenta propia, donde los ingresos pueden variar drásticamente de un mes a otro o entre temporadas. Por ello, urgen a que el cese se reconozca automáticamente, como ocurre con los asalariados. “El acuerdo de 2022 pretendía reforzar la protección del trabajador autónomo, no dejarlo fuera de las prestaciones básicas del sistema”, apuntan las mismas fuentes. “No se trata de cotizar más, sino de hacerlo con sentido. Quien contribuya, debe estar protegido”, añaden.

Equiparación de derechos con el Régimen General

Además, las principales patronales de autónomos insisten en la necesidad de equiparar sus derechos con los del Régimen General, un compromiso recogido en el Pacto de Toledo que aún está lejos de cumplirse. Reclaman que el subsidio para mayores de 52 años, vigente para los asalariados, se extienda también a los trabajadores por cuenta propia.

A ello se suma la petición de reconocer determinados derechos aún ausentes en el Régimen de Autónomos. Las organizaciones reclaman que los trabajadores por cuenta propia puedan acumular el permiso de lactancia tras el de nacimiento/adopción, en las mismas condiciones que los asalariados, y que ese periodo esté cubierto a efectos de cotización y protección social. En la misma línea, piden que se reconozca la posibilidad de interrumpir temporalmente la actividad en situaciones excepcionales —como el fallecimiento de un familiar, una catástrofe natural o el cuidado de menores y personas dependientes— sin que ello implique la pérdida de cotización.

Carga fiscal

Por último, a la presión de las cotizaciones se suma una fiscalidad que las patronales consideran desproporcionada. "Tenemos un diferencial de casi 20 puntos entre la fiscalidad de los autónomos y la de aquellos empresarios que tributan a través del Impuesto de Sociedades", explica el presidente de la organización de autónomos UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, que reclama una revisión del modelo para evitar que el trabajo por cuenta propia quede penalizado frente a las sociedades mercantiles.

El fenómeno al que alude Abad tiene su origen en las diferencias estructurales entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades. "Las empresas (SL, SA) pagan un tipo fijo de Impuesto de Sociedades del 25% sobre sus beneficios, aunque las empresas nuevas tributan solo al 15% los dos primeros años con beneficios. Por su lado, los autónomos pagan IRPF con tipos progresivos que van del 19% al 47% según sus ingresos. La diferencia clave radica en que las sociedades tienen acceso a potentes deducciones (I+D, innovación, audiovisual…) que pueden reducir drásticamente el tipo efectivo hasta el 10-15%, mientras que los autónomos en IRPF apenas tienen deducciones más allá de sus gastos de actividad y reducciones muy concretas", explica para El Independiente la experta fiscal de Taxdown, Valeria Hernández.

A esa desventaja estructural se suma otro problema, muchos autónomos no se deducen todos los gastos a los que tendrían derecho —como el vehículo, el carburante, los suministros o el trabajo desde casa— por miedo a que Hacienda los rechace en una inspección. “El motivo es la falta de claridad en los criterios fiscales. La Agencia Tributaria suele cuestionar si esos gastos son estrictamente profesionales o tienen un uso personal, lo que deja al autónomo en una situación de incertidumbre”, señalan fuentes de la mesa de diálogo. Ante ese riesgo, muchos prefieren no deducirlos, lo que infla artificialmente sus ingresos declarados y, al trasladarse después a la base de cotización, hace que terminen pagando más de lo que realmente ganan.