El Gobierno de España ha iniciado las negociaciones con los sindicatos más representativos de los empleados públicos para definir un acuerdo salarial plurianual que abarque el periodo 2026‑2028. La propuesta incluye un esquema con componentes fijos y variables, con el objetivo de que los sueldos mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación. Estas conversaciones afectan a 3,5 millones de trabajadores y buscan dar continuidad al modelo del último acuerdo salarial, vigente entre 2022 y 2024.

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Antecedentes

Entre 2022 y 2024 se aplicó el denominado "Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI", que combinó subidas salariales fijas con cláusulas de revisión vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC) y al Producto Interior Bruto (PIB). Durante ese periodo, los sueldos de los funcionarios aumentaron en torno al diez por ciento, lo que supuso un gasto cercano a 13.000 millones de euros.

En 2022 se aplicó una subida fija del 2% más un incremento variable del 1,5%. En 2023, el alza fija fue del dos coma cinco por ciento y la variable del 1€. Para 2024 se acordó un aumento fijo del dos por ciento más un 0,5 por ciento adicional condicionado a la inflación, parte del cual aún no se ha abonado a todos los trabajadores, según reclaman los sindicatos.

La propuesta del Gobierno para 2026‑2028

En la primera reunión con CSIF, UGT y CCOO, el Gobierno presentó la idea de establecer un acuerdo plurianual que combine un componente fijo y otro variable, de forma que los salarios acompañen al menos la evolución de los precios. Por el momento, no se han concretado cifras, ya que el Ministerio de Función Pública espera definir los márgenes presupuestarios junto al Ministerio de Hacienda. Los porcentajes de incremento se discutirán en la reunión del 19 de noviembre, donde se presentará la propuesta económica formal a los sindicatos.

Reivindicaciones sindicales

Los sindicatos han señalado la necesidad de abordar primero la situación de 2025, año en el que los sueldos permanecen congelados. Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, afirmó que no aceptarán un año sin incrementos salariales, mientras que Francisco Lama, secretario nacional de Acción Sindical de CSIF, indicó que esperan que la propuesta de 2025 corrija al menos la inflación y contemple fondos adicionales para reducir las desigualdades retributivas entre administraciones.

El encuentro también sirvió para reactivar las negociaciones tras las recientes movilizaciones de funcionarios en toda España y frente a la amenaza de una huelga general en diciembre si no se logra un acuerdo satisfactorio.

Calendario de reuniones

Durante la reunión se acordó un calendario de encuentros para trabajar en un texto que posteriormente será llevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La próxima reunión está prevista para el 11 de noviembre, y se centrará en cuestiones de empleo público y condiciones laborales.

La discusión sobre los salarios se abordará en profundidad el 19 de noviembre, incluyendo la exigencia sindical de que la subida pendiente de 2024 se aplique de manera retroactiva. La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, explicó que el acuerdo también incorporará medidas organizativas que beneficien tanto a los trabajadores como a los servicios que ofrecen a la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia una Administración más participativa, digital y sostenible.

Balance y expectativas

El esquema propuesto sigue el modelo del acuerdo de 2022‑2024, que permitió mantener el poder adquisitivo frente a una inflación que actualmente se sitúa en 3,1% interanual. Los sindicatos valoran positivamente el inicio de las negociaciones, pero insisten en que las subidas de 2025 se concreten de manera inmediata y retroactiva. Si se logra un acuerdo satisfactorio, el nuevo marco salarial para 2026‑2028 no solo estabilizará los sueldos, sino que también podría incluir mejoras en igualdad retributiva, empleo público y organización interna de la Administración.

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