El Ministerio de Función Pública se ha reunido este miércoles con los tres principales sindicatos entre los empleados públicos —CSIF, UGT y CCOO— para abordar dos asuntos clave: la congelación salarial que han sufrido los funcionarios en 2025 y la negociación retributiva para el periodo 2026-2028. La cita ha concluido con el rechazo frontal por parte de los sindicatos a la oferta planteada por el Gobierno, que proponía una subida fija del 10% que se repartiría en el periodo 2025-2028.

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Función Pública planteaba que dicho incremento no podría superar el 4% en los ejercicios 2025 y 2026 —al justificar que una mayor subida vulneraría el techo de gasto—, dejando para 2027 y 2028 el 6% restante. Desde Comsiones Obreras han calificado la propuesta de "inaceptable" al considerar que no compensa la inflación prevista ni permite recuperar el poder adquisitivo perdido. Por su lado, desde CSIF han reclamado que "el Gobierno está recaudando más que nunca", circunstancia que se ha ejemplificado también al elevar "el techo de gasto y por tanto, pensamos que hay margen para elevar la oferta".

Además, el Ministerio ha planteado integrar la compensación salarial de 2025 dentro del acuerdo plurianual 2026-2028, pero los sindicatos exigen que se negocie de manera diferenciada y con efectos retroactivos desde el 1 de enero, al considerar que la congelación de este año debe corregirse por completo y no diluirse en un marco a tres ejercicios. Ante el rechazo de los agentes sociales, Función Pública se ha comprometido a reformular la propuesta y presentar una alternativa este jueves.

Mesa de empleo público

A falta de un mes para que acabe el año, los empleados públicos encaran once meses con los sueldos congelados. Los sindicatos llevaban meses reprochando al departamento que dirige Óscar López su falta de voluntad negociadora, hasta el punto de anunciar un calendario de movilizaciones graduales, que culminarían con una jornada de huelga general de funcionarios —la primera desde que gobierna Pedro Sánchez— si el Ministerio mantenía su posición de bloqueo. La presión tuvo efecto y Función Pública reactivó el diálogo el pasado 5 de noviembre, cuando anunció un calendario de mesas de negociación que comenzaron el pasado 11 de noviembre con la correspondiente en el empleo público.

Durante este encuentro, el Ministerio expuso una serie de propuestas orientadas a revitalizar la plantilla de funcionarios y agilizar el acceso a la función pública. Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, explicó tras la reunión que Función Pública se había comprometido a agilizar los procesos selectivos de personal, "tanto en el empleo de nueva creación como en el de promoción interna". En este sentido, desde CSIF exigieron que la demora de los procesos "en ningún caso debía ser superior a un año", ya que actualmente pueden llegar a los tres años desde que se oferta una plaza y hasta que se cubre. 

Además, el departamento de Óscar López también se comprometió a sustituir la actual tasa de reposicion —que limita el número de plazas que las administraciones pueden convocar en función de las bajas registradas el año anterior— por "un mecanismo alternativo de planificación de efectivos, basado en criterios objetivos y previsiones de personal".

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