El Gobierno prevé transferencias a la Seguridad Social por valor de 23.000 millones de euros con el nuevo techo de gasto aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El primer paso para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 prevé realizar de nuevo este traspaso millonario frente al criterio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El Gobierno pretende seguir con ello cubriendo el déficit contributivo de las pensiones. Es la misma cifra aprobado el anterior ejercicio. El Ejecutivo da un 0,2% de margen de déficit a la Seguridad Social, lo mismo que fijó para este ejercicio.

Precisamente su presidenta, Cristina Herrero, volvió a criticar este martes en la comisión de evaluación del Pacto de Toledo en el Congreso las crecientes transferencias por parte del Estado para sostener el sistema de pensiones. El organismo estima que el número de pensiones aumentará en seis millones entre 2023 y 2055 y que el gasto sobre el PIB alcanzará un 16% en 2050.

"Yo lo del Fondo de Reserva he de confesar que no lo entiendo muy bien. Mientras la Seguridad Social tenga déficit, no entiendo que se amplíe", expuso Herrero este martes ante la comisión parlamentaria. En opinión de la presidenta de la AIReF, la llamada 'hucha de las pensiones' debería recoger el el superávit que genere la Seguridad Social y no nutrirse de las transferencias del Estado mientras la institución sigue en situación de déficit. "Mientras la Seguridad Social tenga déficit, que yo traiga una parte de los ingresos para incluirla en el Fondo de Reserva y eso implique que tenga que acudir a transferencias del Estado o a endeudarme, no lo entiendo", prosiguió.

La AIReF, en su primer examen de sostenibilidad tras la última reforma del sistema, incluyó estas transferencias como ingresos del propio sistema de pensiones. Con esa metodología, el organismo concluyó que se cumplía la llamada “regla de gasto”, lo que, en la práctica, evitaba la activación de los mecanismos automáticos de ajuste previstos en la ley.

No obstante, advirtió que estas aportaciones no constituyen un refuerzo estructural de los ingresos por cotizaciones, sino una vía extraordinaria para equilibrar las cuentas en un contexto de gasto creciente. Además, aseguró que el cómputo de esta regla de gasto presenta debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal.

En su opinión, está muy influenciada por el momento en el que se evalúa y muestra una excesiva sensibilidad a cambios en los escenarios, sobre todo a cambios en el crecimiento potencial y los flujos migratorios. También cree que restringe los supuestos y resultados de previsiones de gasto en pensiones a los del Informe de Envejecimiento, acordados por los estados miembros y la Comisión.

Asimismo, critica que merma la capacidad de supervisión independiente de la AIReF, puesto que se limita su análisis al impacto de las medidas de ingresos y con supuestos metodológicos ajenos a la AIReF y común a todos los países. En este sentido, el organismo avisó de que un incremento de las transferencias, en ausencia de medidas, supondría "una minoración de los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto" o que incluso habría que recurrir "al endeudamiento" para salvaguardar el sistema de cobertura social.

Tras las quejas de la AIReF, el Ejecutivo borró las transferencias como medida de ingreso del sistema de pensiones y pidió realizar un nuevo examen de sostenibilidad. Así, con la nueva regla de gasto, donde se descuentan las transferencias, la Autoridad Independiente deberá presentar una nueva evaluación antes del 1 de junio de 2026, dos años antes del que estaba previsto por ley.

Este martes, Herrero indicó que a pesar del resultado del primer informe, la visión de la AIReF sobre el sistema de pensiones no ha mejorado respecto al diagnóstico de 2023, año en el que habría sido necesario adoptar medidas según la regla de gasto de pensiones.

En este sentido, la AIReF estima que la población total de España aumentará hasta los 52,1 millones de personas en 2050 debido al paulatino incremento de la longevidad y las migraciones exteriores netas. Pero, en cambio, la población en edad de trabajar comenzará a descender a partir de 2029, lo que provocará que la tasa de dependencia muestre una tendencia creciente hasta finales de la década de 2050. Eso supone casi doblar el valor actual. Según los cálculos de la institución, en ese año habrá 1,4 trabajadores por cada persona inactiva, frente a la relación de dos trabajadores por cada persona inactiva de hoy.

Por otro lado, cree que el gasto en pensiones aumentará desde el 12,9% del PIB en 2023 hasta el 16,1% en 2050, para reducirse después al 14,7% del PIB en 2070. Esto implica un incremento del gasto en pensiones de 3,4 puntos del PIB en el periodo 2022-2050. De hecho, el organismo alerta de que las reformas del sistema de pensiones entre 2021 y 2023 ya han producido un aumento del gasto de 0,5 puntos, que aumentará hasta 2,7 puntos en 2050 debido, fundamentalmente, a la revalorización de las pensiones con el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad.