El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esquivado tener que enfrentarse a la que sería su primera huelga general de funcionarios desde que gobierna. Finalmente, el Ministerio de Función Pública dirigido por Óscar López junto a los sindicatos CSIF y UGT — CCOO no se ha pronunciado por el momento— han alcanzado un acuerdo en materia salarial. Tras once meses con el sueldo congelado, los más de 3,4 millones de empleados públicos de España recibirán una subida salarial de hasta un 11,5% a repartir entre 2025 y 2028, según han anunciado este miércoles los agentes sociales de la mesa de negociación a la salida de la sexta reunión con Función Pública.

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La negociación estuvo a punto de fracasar. La primera oferta del Gobierno planteaba una subida del 10% a distribuir en el periodo 2025-2028, pero los sindicatos la rechazaron al considerar que los datos récord de recaudación tributaria, las buenas previsiones de crecimiento económico para España y la elevación del techo de gasto público en un 8,5% para los Presupuestos Generales del Estado de 2026; permitían mejorar la oferta inicial. Tras esa negativa, el departamento dirigido por Óscar López consultó con el Ministerio de Hacienda para ver si podía incrementar la propuesta. Hacienda dio el visto bueno y la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, se presentó en la mesa del pasado jueves con una nueva oferta, del 11%, aunque advirtió a los sindicatos de que esta sería su última propuesta, "no habría plan B".

El choque se volvió a producir. Esta segunda oferta incluía una limitación clave: solo permitía aplicar un incremento máximo del 4% para 2025 y 2026. Un porcentaje que, según CSIF y CCOO, no compensaba la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los funcionarios —cabe destacar que, según las estimaciones de los expertos, la inflación de 2025 cerrará en el entorno del 2,6%—. Por su lado, UGT se desmarcó del resto de sindicatos al mostrarse dispuesto a aceptar la propuesta. Sin embargo, la falta de consenso sindical obligó a Función Pública a emplazar a una nueva reunión a los sindicatos para este miércoles. Finalmente, se ha cerrado un acuerdo en el que la cifra final a repartir será de un 11,5%. No obstante, las fuentes sindicales consultadas por El Independiente matizan que, pese a que el acuerdo técnico ya está cerrado, la firma definitiva aún no se ha producido, si bien prevén que "el acuerdo se rubricará previsiblemente este jueves". Además, CCOO, por su parte, ha preferido no pronunciarse por el momento y ha pedido más tiempo antes de tomar una decisión.

Distribución anual del 11,5%

Desde CSIF han señalado que "la clave para el visto bueno ha sido la cesión de Función Pública para añadir un 0,5% al año 2026 vinculado a que el IPC sea igual o superior al 1,5%", un incremento que se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

De esta forma, el departamento de Óscar López ha cedido y ha permitido redistribuir los porcentajes ofrecidos en su última propuesta. Así, en 2025, los empleados públicos verán reflejada en la nómina de diciembre una subida del 2,5%, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero del presente ejercicio.

En 2026 se activará una subida del 1,5%, a la que podrá añadirse un 0,5% si la inflación de ese año iguala o supera el 1,5%. Por tanto, la subida final podría alcanzar el 2%. En 2027, año en el que se convocarán Elecciones Generales, el aumento será el más alto del periodo: del 4,5%, y en 2028, se completará el acuerdo con una subida del 2%, hasta poder alcanzar un máximo del 11,5% —cifra ligeramente superior a la subida nominal gracias al denominado 'efecto arrastre', ya que los incrementos anuales se aplican sobre salarios previamente actualizados— comprometido entre sindicatos y el Gobierno para el periodo 2025-2028.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Aranque, ha explicado tras la reunión que los funcionarios "recuperarán 2,9 puntos de poder adquisitivo". Y además, ha querido resaltar los avances acordados en materia de empleo público, como la sustitución de la tasa de reposición por "un mecanismo alternativo de planificación de efectivos, basado en criterios objetivos y previsiones de personal", la mejora en la promoción interna o la agilización de los procesos selectivos.

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