España podría perder 22.500 millones si no acelera la adjudicación de los fondos europeos

La cuenta atrás de los fondos europeos ha empezado. Quedan ocho meses para que España complete la adjudicación de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y evite que 22.447 millones de euros se queden sin utilizar. La normativa de la Unión Europea fija el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para comprometer toda la financiación incorporada al Plan, un desafío que exige acelerar el ritmo actual, según la advertencia del último informe sobre España que ha publicado BBVA Research.

En 2020, la Comisión Europea aprobó los fondos Next Generation (NGUE) con el objetivo de ayudar a los países a recuperarse de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Este plan situaba a España como el segundo mayor preceptor de recursos entre los Veintisiete, tan solo por detrás de Italia. En principio, España podría recibir hasta 163.014 millones de euros: 79.854 millones en transferencias a fondo perdido y otros 86.160 millones de euros en préstamos.

Sin embargo, hasta el 30 de junio de 2025 —último dato disponible por el Ministerio de Economía—, España solo ha incorporado 106.080 millones al Plan de Recuperación. Desde 2020, el Gobierno ha dado prioridad a las transferencias por darle mayor importancia a las transferencias —que no tienen que devolverse—, frente a los préstamos, lo que explica que el crédito desagregado ascienda hasta los 79.854 millones en subvenciones y 26.225 en préstamos. No obstante, de este total, solo se han asignado 83.633 millones: 71.087 en transferencias y 12.547 millones en préstamos. Por lo tanto, quedan 22.447 millones pendientes de adjudicación antes de la fecha límite del 31 de agosto de 2026.

Este margen es el que motiva la advertencia de BBVA Research, que subraya la necesidad de acelerar el ritmo administrativo del plan. El servicio de estudios estima que "conforme se acerque el verano de 2026, la sensación de urgencia para gastar los fondos NGEU irá aumentando" y por ello, "se esperan esfuerzos por parte de las administraciones públicas para agotar los recursos, ya sea redirigiendo parte de los que no se hayan utilizado hacia otros proyectos o usos, o acelerando las licitaciones y subvenciones pendientes".

Y alerta de que alcanzar el objetivo de "gastar la totalidad del dinero disponible en el plazo establecido, implicaría un incremento de más del 60%" en la adjudicación observada en 2025. Un aviso que refleja que el ritmo actual está muy por debajo del necesario para agotar la financiación antes del cierre del programa.

España renuncia a 64.000 millones en créditos

La gestión de los fondos europeos encara además otro cambio de rumbo relevante. Este martes, El País avanzó que España no solicitará finalmente la totalidad de los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asignados por la Unión Europea. Como ya se ha detallado en este artículo, España tenía derecho a pedir hasta 86.160 millones de euros en préstamos. Pero la información publicada por El País apunta a que la petición final rondará los 22.000 millones. Es decir, aproximadamente un 75% del total del dinero del que podía disponer España se perderá, lo que equivale a 64.000 millones. No obstante, el Gobierno no renunciará a ni un euro de las subvenciones, los 79.854 millones de transferencias no reembolsables.

La decisión de limitar la petición de créditos responde a varios factores. Por un lado, el propio Ejecutivo había anticipado en los últimos meses que priorizaría las subvenciones frente a los préstamos, al considerar que la demanda del sector privado no justificaba absorber todo el volumen disponible. Buena parte de estos créditos iba a canalizarse a través del ICO y otros instrumentos financieros públicos, por lo que el Ministerio de Economía quería asegurarse de que existía un interés real por parte de empresas y autónomos antes de comprometerlos.

Y a ello se suma otro elemento clave. La mejora de la posición fiscal de España y la rebaja de la prima de riesgo han reducido la ventaja de financiarse a través de la Comisión Europea. El Tesoro puede emitir deuda a tipos muy similares a los que ofrece Bruselas, lo que resta atractivo a una deuda que computaría íntegramente como pasivo público.