La Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos deja en el aire una polémica. Las palabras de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, a medios marroquíes defendiendo la plena libertad de las empresas españolas para invertir el Sáhara Occidental ocupado militarmente por Marruecos han provocado una reacción contundente del Frente Polisario, que en declaraciones a El Independiente amenaza con llevar a los tribunales a cualquier compañía española que opere en el territorio sin su consentimiento.

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Garamendi intervino este miércoles en el Foro Empresarial España-Marruecos celebrado en la sede de la patronal española. En unas declaraciones posteriores con la prensa oficialista marroquí subrayó que las compañías son libres de invertir donde consideren. "Las empresas son libres de invertir donde consideren. Por lo tanto, yo no voy a decir si tienen que invertir en un sitio o en otro. Sino que son las empresas las que tienen la visión de invertir", alegó.

Una declaración que la prensa marroquí interpretó como un guiño explícito a las inversiones en lo que denomina "Sáhara marroquí", un territorio pendiente de descolonización según Naciones Unidas y para el que España sigue siendo la potencia administradora de 'iure'. Al cierre de esta edición, el departamento de comunicación de la CEOE no había respondido a la petición de información de este diario.

El dirigente empresarial incidió en la confianza de la CEOE en la estabilidad jurídica y económica del Reino de Marruecos, en un foro destinado a reforzar la cooperación bilateral y presentar oportunidades sectoriales en un momento de creciente aproximación política entre ambos países.

Aviso del Polisario

La reacción del Polisario no tardó en llegar. Abdulah Arabi, su representante en España, acusó a Garamendi de obviar el marco legal que regula cualquier actividad económica en el Sáhara Occidental. «Por supuesto las empresas son libres de invertir donde consideren. Sin embargo, no pueden hacerlo vulnerando el Derecho Internacional», advirtió.

Arabi recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló los acuerdos que incluían al territorio saharaui sin el consentimiento del Frente Polisario, reconocido como su representante legítimo. «Las que operan en el Sahara Occidental lo hacen sin un marco jurídico que ampare su actividad», señaló. Y fue más allá: toda actividad que no cuente con la autorización expresa del Polisario contribuye de manera determinante a la ocupación del territorio, vulnera los derechos de la población saharaui y obstaculiza su derecho a la autodeterminación.

El diplomático saharaui dejó claro que el movimiento no se opone a la actividad económica en sí, pero advirtió de que estudiarán caso por caso para emprender acciones legales y sentar jurisprudencia contra aquellas empresas que decidan operar bajo control marroquí. «La implicación directa en infinidad de vulneraciones de Derechos Humanos recaerá sobre cada una de las empresas que decida instalarse allí», insistió.

El conflicto arrastra también consecuencias para los consumidores europeos, según Arabi, que denuncia que los productos procedentes del Sáhara Occidental no se etiquetan adecuadamente, lo que afecta al derecho a la información y transparencia.

La advertencia del Polisario se produce en un momento de recomposición estratégica entre Madrid y Rabat, tras el giro copernicano del Gobierno español de 2022 en favor de la propuesta marroquí de autonomía para el territorio. Un acercamiento que ha generado tensiones con Argelia, principal valedor del Polisario.

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