La creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sigue atascada en el Congreso. Casi cuatro años después de que el Gobierno pusiera en marcha el proyecto, la norma continúa sufriendo la falta de apoyo parlamentario por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su aprobación era uno de los hitos comprometidos con Bruselas para el desembolso de fondos europeos. Ahora, el Gobierno ha optado por borrar el compromiso en la última Adenda del Plan de Recuperación y Resiliencia.

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El objetivo de la autoridad es que los clientes puedan presentar sus reclamaciones de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo. Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que su tramitación seguirá adelante en la Cámara Baja y subrayan que el hecho de que se retire como hito no supone que no se vaya a aprobar o que decaiga como reforma. La creación de esta Autoridad es una larga reivindicación de las asociaciones de usuarios financieros. Pero hasta ahora, todo han sido obstáculos.

Tras ser puesta en marcha por el departamento que entonces dirigía la ministra y vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, el proyecto decayó antes de su aprobación final en julio de 2023 por la convocatoria anticipada de elecciones generales. Tras ello, el Ejecutivo volvió a lanzar el anteproyecto en el que ya incluía las modificaciones aprobadas por la mayoría de diputados en el Congreso durante el primer intento de aprobar la creación de este organismo.

Se trata de una institución que pretende centralizar las reclamaciones que ahora recogen diversas instituciones como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. De hecho, las patronales bancarias consideraban innecesaria la creación de esta especie especie de tribunal de arbitraje voluntario. Sus resoluciones tendrían carácter vinculante para las entidades si se reclaman cuantías por debajo de los 20.000 euros.

Tras decaer una enmienda de totalidad que hubiera obligado a devolver el proyecto al Gobierno, se abrió el plazo de enmiendas al articulado. Pero desde entonces está pendiente la elaboración del informe de la ponencia para que el trámite pueda continuar. Pese a que la Autoridad pudo ver la luz en la pasada legislatura, ahora el Ejecutivo se enfrenta a otras mayorías. Y si no cuenta con el apoyo de los siete diputados de Junts, tienen todas las papeletas para naufragar.

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