La cuota de solidaridad, creada en la reforma de las pensiones de 2023 por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha entrado en vigor durante el presente ejercicio. A diferencia de otras cotizaciones, esta figura grava por primera vez la parte del salario de los trabajadores por cuenta ajena que supera la base máxima de cotización, una franja que hasta 2024 quedaba exenta de aportaciones a la Seguridad Social y forma parte de una senda de incrementos anuales diseñada para desplegarse progresivamente hasta 2045. Pues bien, según las previsiones oficiales del Ministerio dirigido actualmente por Elma Saiz, la Seguridad Social cerrará 2025 con unos ingresos cercanos a los 400 millones de euros por este concepto, una cifra que el Gobierno prevé elevar hasta los 567 millones en 2026.

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El umbral: 5.101,2 euros mensuales

Este incremento previsto para 2026 se explica por el endurecimiento automático de los tipos y por la revalorización de la base máxima de cotización. La base se ha fijado en los 5.101,2 euros brutos mensuales, por lo que la cuota de solidaridad se aplicará el próximo año con un tipo del 1,15% a los salarios comprendidos entre esa cifra y los 5.611,32 euros al mes, de los que el 0,96% será asumido por la empresa y el 0,19% por el trabajador. Por tanto, si un trabajador cobra un salario mensual de 5.611,32 euros, eso implica 510,12 euros de ganancias que exceden la base máxima, por lo que a esta parte se gravará el 1,15% y contribuirá con 5,86 euros al mes (70,3 euros al año) por la cuota de solidaridad.

Para las retribuciones situadas entre los 5.611,33 y los 7.651,8 euros mensuales, el tipo se elevará al 1,25% —un 1,04% a cargo del empleador y un 0,21% del empleado—. De esta forma, si un trabajador cobra 7.651,8 euros al mes, habría que aplicar la cuota de solidaridad sobre la cantidad que excede de la base máxima (2.550,6 euros al mes) en dos tramos: los primeros 510,12 euros de exceso sobre la base máxima se gravarían con una cotización del 1,15% (5,86 euros mensuales) y los 2.040,5 euros restantes se gravarían al 1,25% (25,50 euros). Así, en total, la cuota de solidaridad para un salario de 7.651,8 euros sería de unos 31,36 euros al mes (376,3 euros anuales).

Por último, los salarios que superen los 7.651,8 euros quedarán sujetos a una cotización de solidaridad del 1,46%, repartida entre un 1,22% empresarial y un 0,24% del trabajador. Es decir, para un trabajador que supere este umbral, se aplicarían los tres tipos de cotización adicional (1,15%, 1,25% y 1,46%) en sus correspondientes tramos.

No obstante, aunque este incremento queda sujeto para 2026, el diseño forma parte de una senda de subidas fijadas a largo plazo. De acuerdo con el calendario de la reforma de Escrivá, en 2045, cuando la cuota de solidaridad esté desplegada al completo, el primer tramo tendrá una cuota del 5,5%, al segundo tramo se le aplicará un tipo del 6%, y al tercero, del 7%.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

Otra cotización adicional introducida en la última reforma de las pensiones ha sido el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que la Seguridad Social ha recaudado a lo largo del año —hasta noviembre— 4.477,44 millones de euros, según los últimos datos presupuestarios del Ministerio.

A diferencia de la cuota de solidaridad, el MEI se aplica a todos los trabajadores, independientemente de su nivel salarial, ya que grava la totalidad de la base de cotización. En 2026, esta sobrecotización volverá a incrementarse y pasará del 0,8% vigente en 2025 al 0,9% —el 0,75% será asumido por las empresas y el 0,15% restante, por los trabajadores— .

Así, al igual que la cuota de solidaridad, la reforma de Escrivá ha fijado una senda de despliegue gradual del MEI, que alcanzará el 1,2% en 2029 y se mantendrá hasta 2050, con el objetivo de reforzar el Fondo de Reserva —más conocido como la 'hucha' de las pensiones— para enfrentar la mayor presión sobre el gasto derivada de la jubilación masiva de la generación del baby boom.

Sin derechos adicionales en la pensión futura

No obstante, ni la cuota de solidaridad ni el MEI generan mayores derechos en la pensión futura de los trabajadores que las pagan. Su función es estrictamente financiera y recaudatoria, orientada a reforzar la sostenibilidad del sistema. Pero este diseño no es neutro para el mercado laboral. En 2026, sumando el porcentaje del MEI (0,9%) al tipo de cotización ordinaria por contingencias comunes (28,30%), el tipo total de cotización será del 29,2%, frente al 29,1% de 2025.

Al tomar de referencia 2017, las cotizaciones sociales a cargo de las empresas han aumentado un 31,3% hasta el segundo trimestre de 2025, seis puntos por encima del crecimiento de los salarios, que ha sido del 25,29%. Este diferencial implica que el aumento de las cotizaciones eleva el coste del empleo sin una compensación directa ni para el trabajador ni para la empresa, lo que a medio y largo plazo puede influir en las decisiones de contratación y en la calidad del empleo, tal y como advertía en su último informe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la situación económica de España, en el que señalaba que "incrementos adicionales en las cotizaciones a la Seguridad Social aumentarían aún más la cuña fiscal del trabajo y podrían perjudicar el empleo".

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