El Gobierno ha puesto en marcha dos de las reformas económicas más relevantes de la legislatura con un impacto conjunto de 104.227 millones de euros. Por un lado, la condonación parcial de la deuda autonómica, que supondrá que el Estado asuma 83.252 millones, siempre que el conjunto de las comunidades autónomas decida acogerse de forma voluntaria a este mecanismo. Y por otro, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que incrementará en 20.975 millones los recursos de las comunidades autónomas mediante una mayor cesión de impuestos. Ambas medidas comparten un elemento clave: su origen en los acuerdos políticos alcanzados con Cataluña para garantizar la gobernabilidad del PSOE tanto en el Ejecutivo central como en la Generalitat.

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En términos económicos, el efecto es claro. Mientras las autonomías ganan margen financiero, el Estado asume más deuda y renuncia a parte de sus ingresos. Una asimetría cuestionada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). A finales de octubre, su presidenta, Cristina Herrero, señaló que "la Administración Central lo tiene difícil como para poner más dinero sobre la mesa para las comunidades autónomas", en un contexto marcado por una deuda pública que supera los 1,7 billones de euros y por los compromisos de gasto a corto y medio plazo que recaen, en su mayor parte, sobre el Estado. Entre ellos, Herrero señaló el envejecimiento de la población —cuyo impacto recae fundamentalmente sobre las pensiones, competencia estatal—, así como el incremento del gasto en defensa y el aumento del coste de los intereses de la deuda, "mayoritariamente de la Administración Central".

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El 'perdón' del Estado: 83.252 millones

La condonación de la deuda autonómica fue uno de los compromisos centrales del pacto entre PSOE y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) para la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Inicialmente, el acuerdo contemplaba una condonación para Cataluña de 15.000 millones de euros. Sin embargo, el diseño final del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero elevó esta cifra hasta los 17.104 millones, un 14% más de lo pactado, dentro de un esquema que extienda la medida al conjunto de las comunidades autónomas.

En total, el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda, una operación que, según el Gobierno, aliviará la carga financiera de las autonomías y reducirá el gasto en intereses. No obstante, distintos expertos consultados por El Independiente advirtieron de que el diseño responde más a un equilibrio político que a criterios estrictamente económicos.

Desde Fedea, su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, cuestionó los criterios utilizados en el diseño de la quita y advirtió de un reparto desequilibrado entre territorios: "A Cataluña le dan un ochenta y pico por ciento más de lo que deberían y comunidades como Murcia, Valencia y Andalucía, que son las que están más infrafinanciadas, salen perdiendo. Se les da bastante menos de lo que habría que darles". Además, para el investigador de Funcas, Santiago Lago, "el mensaje (que traslada la condonación) no es bueno", ya que introduce el riesgo moral de que las comunidades puedan sobreendeudarse con la seguridad de que el Estado intervendrá para rescatarlas llegado el momento.

El diagnóstico de la AIReF añade un matiz relevante. El organismo estima que la condonación permitirá a las autonomías un ahorro acumulado de 15.657 millones de euros en intereses para pagar la deuda hasta 2030. Pese a ello, advierte de que, incluso tras la quita, Cataluña, Valencia y Murcia seguirán incumpliendo los límites legales de deuda hasta 2050, lo que cuestiona la eficacia estructural de la medida. En el caso catalán, la conclusión cobra especial relevancia, al tratarse del principal beneficiario del acuerdo y del territorio cuyo saneamiento financiero se pretendía apuntalar con la condonación.

La reforma de la financiación: 20.975 millones

La segunda gran pata del acuerdo es la reforma de la financiación autonómica. El modelo actual lleva en vigor desde hace 17 años y, según su propio diseño, debería haberse reformulado hace 12 años. Pese a este prolongado bloqueo, la reforma no se activó hasta que Salvador Illa pactó con ERC su investidura como president de la Generalitat en 2024. Entonces, ERC fijó como exigencia la financiación singular para Cataluña y, aunque este planteamiento no se ha materializado al margen del sistema común, sí ha sido determinante en el impulso definitivo de la reforma y en su diseño.

La reforma se articula a través de una mayor cesión tributaria. El nuevo esquema eleva la participación de las comunidades autónomas en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA del 50% al 56,5%, además de ampliar la cesta de tributos añadiendo cuatro impuestos más cedidos al 100%. En conjunto, esta modificación supondrá unos 16.000 millones de euros adicionales para las autonomías, dentro de un paquete global que alcanza los 20.975 millones anuales.

Y aunque la financiación singular reclamada por ERC no se ha materializado formalmente, el resultado supone un avance. Con el nuevo modelo, Cataluña pasará de recibir 3.408 euros por habitante ajustado a cerca de 5.200 euros, un incremento de 1.792 euros por persona. Además, pese a que el Ejecutivo defiende que la reforma refuerza el Estado de Bienestar de todas las autonomías, varios elementos de la propuesta del nuevo modelo vuelven a situar a Cataluña entre las principales beneficiarias.

Entre ellos, el mecanismo del IVA de las pymes —que favorece a los territorios con mayor base empresarial, como Cataluña—, el reconocimiento con fondos adicionales de las competencias no homogéneas, como son los Mossos d'Esquadra o la lengua propia, y el nuevo fondo climático, dotado con 1.000 millones de euros, de los que dos tercios se distribuirán entre las comunidades del arco mediterráneo.

Menos margen presupuestario: Montero reconoce que habrá que "priorizar"

Así, si el nuevo sistema sale adelante, entrará en vigor en 2027 y tendrá una vigencia de cinco años, hasta 2031. Esto implica comprometer recursos estructurales de la próxima legislatura con independencia de quién esté al frente del Gobierno. La propia ministra de Hacienda ha reconocido que el nuevo diseño implicará que algunos ministerios dispongan de menos margen de gasto, una circunstancia que obligará a "priorizar" las partidas presupuestarias de los futuros ministros.

Las alarmas no han tardado en llegar y además, desde dentro de la propia Administración tributaria. Los inspectores de Hacienda han advertido del riesgo que supone ampliar la cesión impositiva y la gestión tributaria autonómica. En un comunicado remitido este viernes, alertan de que la fragmentación del sistema fiscal se traducirá en un incremento del gasto, una reducción de la eficiencia recaudatoria y un debilitamiento de la lucha contra el fraude.

Y en la misma línea, desde Gestha —el sindicato de los técnicos de Hacienda— han señalado que la propuesta sigue siendo insuficiente y que serían necesarios al menos 16.000 millones de euros adicionales para que las comunidades autónomas puedan financiar sus competencias sin incurrir en déficit. En este sentido, también han criticado la ausencia de alguna exigencia de disciplina fiscal por parte del Gobierno, que no se ha incorporado ni en la condonación de la deuda ni en el nuevo modelo de financiación. Lo que sí queda claro es la factura de gobernar: 104.227 millones de euros.