De acuerdo con los datos de Eurostat, España es el séptimo país de la Unión Europea con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más alto y, al mismo tiempo, es uno de los que más gravan el empleo a través de las cotizaciones sociales. En concreto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España es el tercer país de la UE que más recauda por cotizaciones a cargo de las empresas. Esta combinación —salarios mínimos relativamente elevados y una fuerte carga fiscal sobre el trabajo— hace que el coste real de contratar en España sea superior respecto del que reflejan las nóminas. Y el mejor ejemplo de esa distorsión es el salario mínimo.

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En 2026, el Ministerio de Trabajo ha propuesto elevar el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone 37 euros más al mes que en 2025 (518 euros al año), cuando se situaba en los 1.184 euros. Pero el salario que recibe el trabajador es solo una parte del coste laboral real. Cuando se incluyen las cotizaciones sociales, el desembolso efectivo que tendrá que hacer la empresa en 2026 casi se duplica.

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Según los cálculos elaborados por la patronal de los autónomos, ATA, la cotización que pagará la empresa a la Seguridad Social en 2026 para un trabajador que cobra el SMI pasará de los 445,07 euros mensuales de 2025 a los 469,45 euros, mientras que la aportación del propio trabajador subirá desde los 89,51 euros hasta los 92,57 euros. De este modo, el coste total mensual de un empleado con salario mínimo se elevará desde los 1.826,4 euros mensuales de 2025 hasta casi los 1.900 (1.894) euros. En términos reales, el aumento no es de 37 euros al mes, sino de 67; lo que implica que la subida del SMI en 2026 se traducirá en 938 euros más al año que tendrán que pagar las empresas.

Séptimo salario mínimo más alto de la UE

En las comparaciones europeas, sin embargo, el SMI se mide en términos de salario bruto, sin incluir las cotizaciones sociales y en formato de 12 pagas. Bajo este criterio —el que utiliza Eurostat—, España se sitúa entre los países con el salario mínimo más elevado del continente.

En concreto, el salario mínimo español en 2025 asciende a 1.381 euros mensuales, lo que coloca a España como el séptimo país de la Unión Europea con el SMI más alto. Por delante solo se encuentran Luxemburgo (2.708 euros mensuales), Irlanda (2.282 euros), Países Bajos (2.246 euros), Alemania (2.161 euros), Bélgica (2.112 euros) y Francia (1.802 euros).

No obstante, que estos seis países tengan un salario mínimo superior no implica que el coste laboral para sus empresas sea tan elevado como en España. De hecho, según el último informe sobre los ingresos fiscales de los 38 miembros de la OCDE, España es el tercer país de la Organización —y por tanto de la Unión Europea— que más recauda por cotizaciones sociales a cargo de las empresas, solo por detrás de Estonia y la República Checa.

Este mayor peso de las cotizaciones empresariales en España se aprecia con mayor claridad cuando se compara cómo se distribuye la carga de la Seguridad Social en los países europeos con los salarios mínimos más elevados. Según los datos de la OCDE, en España las empresas asumen el 74,61% de todas las cotizaciones sociales recaudadas.

Por su lado, "en economías como Países Bajos o Irlanda los salarios mínimos más altos conviven con cotizaciones empresariales sensiblemente más bajas", explica para este medio el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo, José Ignacio López Sánchez. En Países Bajos, las empresas soportan el 41,44% del total de las cotizaciones sociales y en Irlanda el 61,65%. No obstante, el peso global de las cotizaciones sociales en la estructura fiscal irlandesa es muy reducido; representan menos del 14% del total de los ingresos públicos, frente a más del 35% que suponen en España.

Por su parte, en Francia y Bélgica, el peso de las cotizaciones a cargo de las empresas se sitúa en el 67,94% y el 59,63%, respectivamente. En estos casos, López Sánchez explica que existen mecanismos fiscales que suavizan la carga sobre los salarios más bajos. Y en Alemania y Luxemburgo, las empresas asumen el 47,04% y el 40,94% de las cotizaciones sociales, respectivamente y como subraya el catedrático, se trata de economías con una productividad significativamente superior a la española, lo que permite absorber salarios y cargas sociales más altos sin deteriorar la viabilidad de las empresas. En cambio, en España "el salario mínimo no se eleva en función de la productividad, sino por real decreto", de modo que cada subida se traslada de forma automática y rígida a los costes laborales.

En este contexto de costes laborales elevados y cotizaciones rígidas, la propia OCDE ha advertido de que la estructura fiscal española no es neutra para el empleo. En su último informe sobre la economía española, el organismo señalaba que cargar en exceso el sistema fiscal sobre el trabajo "puede desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo", y recomendaba reequilibrar la estructura impositiva hacia tributos menos distorsionantes, como los impuestos al consumo o los medioambientales.