Tras doce años con el modelo de financiación autonómica caducado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este miércoles a las comunidades autónomas su propuesta de reforma durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una cita precedida por el rechazo de los gobiernos autonómicos, con la única excepción de Cataluña. Durante el encuentro —de carácter informativo y en el que no se ha sometido a votación ningún acuerdo—, la titular de Hacienda ha trasladado a los consejeros que el nuevo sistema tendrá "carácter voluntario", de modo que las autonomías podrán optar por mantenerse en el modelo vigente, y anunció que a partir de este miércoles se abrirá un proceso de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas.

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El nuevo modelo planteado por Montero compromete 20.975 millones de euros adicionales al sistema, de los que 16.000 millones procederían de una mayor cesión de impuestos. Una fórmula que supondría mayor margen fiscal para las comunidades autónomas en detrimento del margen presupuestario del Estado y llega al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras haber sido negociada bilateralmente con ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), formación que venía reclamando para Cataluña un esquema de financiación singular diferenciado del resto de comunidades de régimen común.

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Precisamnete, esta negociación previa con los republicanos catalanes ha suscitado un amplio rechazo entre los gobiernos autonómicos, incluidos barones socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El dirigente manchego calificó el planteamiento de "intolerable", al considerar que "en España se pacte el modelo de financiación de todos con los independentistas y luego se sirva el plato frío al resto". A su juicio, el nuevo diseño supone "el mayor ataque a la igualdad de lo que se ha producido en toda la democracia". Y en esta misma línea se han pronunciado los consejeros de Hacienda de las regiones antes de que se iniciase el CPFF.

Por ejemplo, la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha subrayado que "ni siquiera las comunidades autónomas del Partido Socialista están de acuerdo" con el "modelo Junqueras", recordando que solo Cataluña ha defendido la propuesta. También desde Extremadura, su consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha cuestionado el planteamiento del Ejecutivo al afirmar que "esto no es un pacto de financiación autonómica, es un acuerdo político centrado en que Cataluña necesita dinero y en que Andalucía tiene que recibir más porque Montero tiene elecciones allí".

A estas críticas se han sumado también comunidades que denuncian un impacto especialmente negativo del nuevo modelo en su financiación. El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha denunciado que el reparto de fondos propuesto por el Ejecutivo central "sólo otorga a Castilla y León el 1% del total, a pesar de representar el 20% de la superficie nacional y el 5% de la población de las comunidades de régimen común". "La única explicación posible es que el modelo ha sido diseñado por ERC y responde a sus intereses", ha concluido.

Una tesis que enlaza con el documento que ha elaborado el director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), Ángel de la Fuente, y que ha publicado el centro de estudios este miércoles. El informe señala que el sistema beneficia de forma destacada a Cataluña y, aunque reconoce que la propuesta "mejora la estructura general del sistema ligeramente", alerta de que estos avances se diluyen con la incorporación de los mecanismos extraordinarios "de dudosa justificación". Entre ellos, el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes, "que reintroducen la arbitrariedad que con buen criterio se buscaba eliminar".