La determinación de la causa de la tragedia de Adamuz recaerá en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El organismo creado en 2007 tendrá un año de plazo para entregar un informe que aclare por qué descarrilaron el domingo los trenes de Iryo y de Renfe. El Gobierno defiende que se trata de un organismo independiente. La ley le confiere independencia funcional respecto de cualquier otro actor del sector ferroviario y su personal no puede aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna entidad pública ni privada. Sin embargo, esa independencia teórica ya fue cuestionada tras el trágico accidente del Alvia de Angrois ocurrido en 2013 y en el que fallecieron otros 80 pasajeros.

El Pleno que debe votar el informe definitivo está compuesto por un presidente y cinco vocales, a los que propone el propio ministro de Transportes. Antes los nombraba directamente, pero se introdujo un cambio legal para que el Congreso de los Diputados deba ser informado del nombramiento. En caso del presidente, también debe contar con el visto bueno de la comisión parlamentaria, que puede emitir un veto razonado.

Todos tienen un mandato de seis años y son profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional dentro del sector ferroviario. Pero, a diferencia de la ley que hay aprobada para crear la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación, no se contempla la dedicación exclusiva del presidente y de los vocales, que con el nuevo modelo estarían sometidos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE).

Estaba previsto que la CIAF acabase integrada dentro de la citada Autoridad Independiente. Pero esta última no cuenta aún siquiera con un estatuto orgánico que necesita regularse por real decreto. Pese a que el plazo legal concluyó hace seis meses, el Gobierno aún no lo ha aprobado. En abril de 2025 concluyó el trámite de aportaciones y alegaciones y, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada.

El presidente Ignacio Barrón fue elegido durante la parte final del mandato de la exministra Raquel Sánchez como sustituto de Fernando Montes. Este concluyó su mandato el 22 de marzo y Barrón, ingeniero aragonés con cuatro décadas de trayectoria en Renfe, cogió los mandos el 24 de mayo. Además de directivo de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), fue director del área internacional y jefe de la oficina en Bruselas de Renfe. También presidió la comisión técnica promovida por el Ministerio de Fomento de Ana Pastor (PP) tras el siniestro de Angrois.

Tres nombrados por Puente

Ese año se renovaron también al vocal especialista en explotación de servicios y a los vocales especialistas en seguridad y circulación ferroviaria y al de señalización y comunicaciones. Por su parte, en 2024, ya con Óscar Puente al frente del ministerio, se designó al vocal especialista en infraestructura (el 10 de mayo) y al de material rodante (el 21 de agosto). Y también se cambió, por motivos personales, al vocal de explotación de servicios ferroviarios.

La CIAF dice ser "independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias que pudieran resultar implicadas". Sin embargo, se da la circunstancia de que varios de sus vocales acumulan largas trayectorias en empresas como las públicas Renfe o Adif, el administrador público de la infraestructura ferroviaria. Tres vocales son ingenieros; de caminos, industrial y de telecomunicaciones. Además, hay un vocal experto en seguridad y circulación ferroviaria y otro en explotación de los servicios ferroviarios.

Un 'ex' de Renfe y de Correos

Además del presidente, también estuvo muchos años en Renfe Avelino Castro López. Ingeniero técnico industrial, es un histórico de la operadora pública, donde ocupó entre otros cargos el de director de Operaciones, director de Cercanías Urbanas y director general de Fabricación y Mantenimiento. Desde 2018 hasta 2022, trabajó en Correos bajo los mandos de Juan Manuel Serrano. El ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la comisión ejecutiva del PSOE lo nombró como director de Correos Express, la filial de paquetería urgente.

Después fue director de Estrategia del Grupo Correos y los sindicatos le acusaron de ser el 'cerebro en la sombra' del giro estratégico de la operadora postal, que acabó acumulando pérdidas millonarias durante aquella etapa. Tras un período de fuerte tensión sindical, Castro dejó la compañía por jubilación en 2022. Serrano, cesado a finales de 2023, fue recolocado en el ministerio de Puente como nuevo director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E, S.A. (Seitt). Castro, por su parte, encontró acomodo en la Ciaf, dependiente del mismo ministerio.

Como compañeros de Pleno tiene a otro 'ex' de Renfe, Adolfo Moreno Díaz, que ejerce de asesor por cuenta propia. Antes ejerció como gerente de Planificación, Control del Sistema e Investigación de Accidentes de la operadora pública. 

También forma parte del pleno Vicente Mendoza García de Paredes, que pasó por la subdirección de Circulación sur en Adif. Además está el ingeniero Francisco Rincón Arroyo, que llegó a ocupar el cargo de director adjunto de Programación de Instalaciones también en el área de Circulación de Adif. 

El quinto vocal es José Ignacio Sánchez Marhuenda, un ingeniero de caminos que ha pasado por grandes firmas como la ingeniería Sener o la constructora Sacyr. Con más de tres décadas de experiencia, cuenta con experiencia en estrategias de implantación y desarrollo de negocio, así como en la gestión de proyectos y obras en el sector de infraestructuras.

Investigadores y técnicos

La Comisión tiene además adscritos varios técnicos investigadores que dependen de la Secretaría que dirige Adolfo Vázquez Fernández, un funcionario de carrera con voz pero sin voto en el Pleno. Estos técnicos son los encargados de realizar y participar en las investigaciones y de elaborar los informes. A cierre del 2022, según consta en las Memorias Anuales, en la secretaría había tres investigadores coordinadores, un técnico investigador, una técnica y dos administrativos.

Por aquel entonces estaban "pendientes de cubrir cuatro puestos adicionales entre investigadores y técnicos". La propia Memoria resalta que "la dotación de personal técnico cualificado es una de las prioridades actuales de la Comisión". Sin embargo, en los informes de los ejercicios 2023 y 2024 se asegura que "el número de técnicos adscritos a la Secretaría se ha mantenido" en cada ejercicio.

No en vano, el real decreto que la regula contempla que el Ministerio es que la "dotará" de "los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo su misión y librará los medios necesarios para la remuneración de los asesores técnicos y el pago de los estudios técnicos cuando sea necesario". Si lo juzga conveniente, la CIAF puede recurrir a la colaboración de especialistas externos en campos específicos. Fuentes oficiales del Ministerio de Transportes han declinado, a preguntas de El Independiente, hacer cualquier comentario respecto a la composición actual de la CIAF y su dotación de medios.

Según la información transmitida con el inicio del Expediente, un equipo investigador de la CIAF se encuentra desplazado en el lugar del accidente desde la misma noche del suceso. A partir de ahora, su labor es recabar toda la información posible antes de analizar las evidencias. Para ello podrán requerir información a todas las partes implicadas; desde las empresas públicas, hasta el propio operador Iryo o las contratas y subcontratas encargadas de la renovación mantenimiento del tramo de la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía.

Fuentes del sector ferroviario consideran que como en este caso hay involucrada una operadora privada -participada por el Estado italiano-, el escrutinio de Bruselas sobre sus conclusiones será aún mayor que en el accidente del Alvia de Santiago de Compostela. En todo caso, lo que desarrollará la CIAF es una investigación técnica independiente de la judicial que ha abierto un juzgado de Montoro. Sí podrá incorporar en el informe recomendaciones para incrementar la seguridad en el transporte ferroviario y favorecer la prevención de accidentes.