La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) encargada de averiguar las causas de la tragedia de Adamuz acumula un importante retraso en la entrega de dos informes sobre descarrilamientos ocurridos en 2023 y 2024. El organismo con independencia funcional, adscrito al ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, ha incumplido el plazo de un año fijado por ley que tiene para entregar sus informes sobre sucesos graves en las vías.

Uno de los dos descarrilamientos sobre el que no ha emitido aún sus conclusiones es el que ocurrió en octubre de 2024 en el túnel que une las estaciones madrileñas de Chamartín y Atocha. Un tren de Renfe se acabó desenganchando de otro al que iba acoplado y comenzó a deslizarse sin control por la infraestructura. Un miembro del centro de regulación del tráfico de Adif activó un desvío y logró hacerlo descarrilar.

El tren de la serie 114 de Renfe iba con los frenos desacoplados y dos mecánicos del fabricante Alstom a bordo, que resultaron heridos. La rápida decisión de Adif evitó que la composición acabase saliendo a la playa de vías de Atocha, donde habría podido chocar con otro tren.

El material que estaba siendo remolcado desde La Sagra hacia un taller de Fuencarral fue achatarrado tras ser retirado de la vía. Según la investigación preliminar, el tren sufrió una avería que le dejó sin tracción suficiente para superar la fuerte pendiente de la zona. El maquinista no logró reiniciar la marcha tras varios intentos y un retroceso autorizado por Adif.

El 17 de octubre de 2025, a punto de cumplirse un año del siniestro, el organismo encargado de la investigación elaboró una nota con los avances de la misma, en la que justifica por qué aún no ha publicado el informe definitivo. Según esa nota, "la CIAF está a la espera de realizar el levantamiento topográfico del túnel para la verificación de los datos de declividad". Es decir, un estudio que diga qué pendiente tiene una infraestructura cuya puesta en marcha se alargó durante años tras registrar numerosos problemas.

El organismo que preside Iñaki de Barrón argumenta que "debido a la complejidad de dicha investigación por el elevado número de documentos analizados, entrevistas realizadas, así como las distintas pruebas técnicas llevadas a cabo, se ha producido una demora en el proceso, sobrepasándose el plazo estipulado de 12 meses desde el día que se produjo el accidente".

El otro descarrilamiento del que aún tiene que aportar el informe con las conclusiones es el que ocurrió con el tren 00271 Renfe Talgo Almería - Madrid en 2023. En el suceso ocurrido en la vía 4 de Atocha Cercanías hacia Chamartín por la vía I del túnel de Recoletos descarrilaron los seis vehículos de cola de una composición que estaba compuesta por dos locomotoras y nueve coches.

Según la CIAF, la rotura de un espadín de la travesía 10 provocó que empezase a descarrilar desde el tercer coche y que los dos últimos fueran encaminados hacia la vía II. Esto dejó la composición atravesada entre las dos vías. Uno de los coches descarrilados rozó contra el hastial del túnel y 14 viajeros resultaron heridos leves por contusiones. El túnel quedó bloqueado por los trabajos de retirada del material durante dos días.

El 27 de noviembre de 2024, la CIAF publicó una nota sobre los avances en la que se aseguró estar a la espera de información relativa al procedimiento de fabricación del material de la aguja, "con vista a definir una línea de estudio basada en nuevos ensayos que puedan ayudar a determinar el mecanismo, comportamiento y características del material en la rotura".

Sin la nueva agencia independiente

La CIAF es un organismo adscrito al ministerio de Transportes, aunque la ley recoge que debe actuar en todo momento con independencia. Además del presidente, propuesto por el Gobierno, está formada por cinco vocales, expertos en diferentes materias del sector ferroviario.

El máximo responsable de la misma accedió al cargo en 2023, durante la etapa de la exministra Raquel Sánchez al frente del Ministerio. Pero a diferencia del accidente del Alvia en Santiago de Compostela en 2013, cuando la CIAF fue muy cuestionada por las víctimas y por la Comisión Europea, en esta ocasión está involucrado el operador privado Iryo, participado por el Estado italiano.

El ministro aseguró este miércoles en rueda de prensa que no teme que sus conclusiones puedan ser puestas en cuestión por que varios de los vocales tengan largas trayectorias en Renfe y Adif, dos de las empresas implicadas en la tragedia de Córdoba. "No tengo ninguna razón para dudar de los componentes de la CIAF y su independencia. Esperamos que como buenos profesionales que son emitan el juicio con el criterio", zanjó a preguntas de El Independiente.

Asimismo, Puente justificó que aún no ha podido ponerse en marcha la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes debido a trámites administrativos internos del Gobierno. La ley aprobada por el Congreso daba un plazo de un año a partir de su entrada en vigor para que este organismo fuese dotado de medios.

Pero seis meses después de cumplir el plazo legal, el Ejecutivo aún no ha aprobado el real decreto que debe regular su funcionamiento. Puente ha dicho que el ministerio de Política Territorial se está debatiendo dónde ubicar la sede de esa agencia, que también se encargará de investigar accidentes marítimos y aéreos.

Puente quiso marcar distancias con la CIAF y remarcó no tener "ninguna preferencia por ninguna hipótesis" sobre las causas de la tragedia que ha segado la vida de 42 pasajeros y un maquinista. "Sea lo que sea tenemos que garantizárselo a las víctimas. Engañarnos a nosotros mismos no tendría ningún sentido", dijo tras dos horas y media de una comparecencia en la que no avanzó ninguna novedad sobre las causas del siniestro. Eso sí, dijo, "no se trata de un problema de inversión ni de mantenimiento".