La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 del 3,1%, un planteamiento que más que duplica el de la CEOE y Cepyme (1,5%). Así, con el objetivo de acercar a los empresarios para alcanzar un acuerdo tripartito, la titular del departamento ha ofrecido a las empresas que puedan aplicar deducciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades. Una vía que, de prosperar, reduciría aún más el ingreso que Hacienda obtiene por este tributo, cuya recaudación sigue lejos de los niveles previos a la crisis de 2008.

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Con datos de la Agencia Tributaria disponibles hasta noviembre, la recaudación total ha alcanzado los 301.000 millones de euros, un registro récord y que supone más de cien mil millones respecto de los 187.000 millones de 2007 en el mismo periodo. No obstante, al desagregar el dato, se observa que este impulso no se ha producido precisamente gracias al Impuesto sobre Sociedades. Mientras que en 2007 las empresas aportaron a través de Sociedades 40.500 millones de euros; en 2025, Hacienda se ha embolsado 35.900 millones. De hecho, se trata del único impuesto que no ha crecido respecto a 2007.

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En 2007, en plena etapa de expansión económica, el Impuesto sobre Sociedades alcanzó su registro más alto de la serie histórica. Sin embargo, tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008, se produjo una crisis a nivel mundial que sacudió los márgenes empresariales, desplomando la recaudación hasta los 26.000 millones. Desde entonces, los ingresos por esta vía no dejaron de caer hasta 2014, cuando se alcanzaron los 14.000 millones.

A partir de 2014, se inició una fase de recuperación económica que se trasladó en una mejora de la recaudación. Aunque Hacienda vio cómo aumentaban sus ingresos, los niveles seguían lejanos respecto de antes de la crisis. Y entonces llegó el coronavirus. En 2020, la crisis sanitaria desplomó la recaudación de este impuesto hasta su nivel más bajo (12.800 millones). Y aunque al año siguiente la recaudación se elevó por encima del nivel de 2019, el efecto arrastre de la crisis de 2008 ha hecho que hasta 2025 no se haya conseguido superar el dato histórico de 2007.

Deducciones fiscales para acercar posiciones con la patronal

En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha mostrado este miércoles durante un desayuno informativo su rechazo a la fórmula con la que el Ministerio de Trabajo pretende atraer a la CEOE al acuerdo para subir el SMI en 2026, tras cinco años consecutivos en los que las subidas se han acordado solo con los sindicatos, sin la firma de la patronal.

Trabajo ha planteado convencer a los empresarios mediante deducciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, Sordo ha subrayado que, al no conocer el detalle de la propuesta, prefiere mantener "prudencia", pero ha admitido que no le "gusta nada como suena la música". Y, precisamente, su argumento principal es que el Impuesto de Sucesiones "es el único de los grandes impuestos que no ha recuperado el nivel de recaudación previo a la crisis de 2008", pese a que "las empresas están acumulando más beneficios y más excedentes que nunca". Además, ha explicado que el impuesto de sociedades "tiene ya una multitud de fórmulas de exoneración, de bonificación, de exención, de amortización..." que hacen que las empresas "apenas paguen el 10%" de sus beneficios, de media.

El plan fiscal de Yolanda Díaz

Horas después de las declaraciones del secretario general de CCOO, la propuesta que Yolanda Díaz llevará este jueves a la mesa de diálogo —en la que Trabajo pretende cerrar el acuerdo definitivamente— se ha filtrado a Europa Press. Así las cosas, el documento contempla un incentivo fiscal progresivo para las empresas, con el que podrían compensar hasta el 100% del coste asociado a la subida del salario mínimo, siempre que la compañía aumente el número de trabajadores que ganen por encima del salario mínimo y mantenga ese incremento en el tiempo.

En concreto, en el caso de las compañías de menos de 100 empleados, la medida exige sumar al menos un trabajador a jornada completa durante un año, mientras que en las empresas de mayor tamaño el aumento deberá ser como mínimo de dos empleados o del 1% de la plantilla. Además, el beneficio fiscal quedaría limitado a firmas en las que el gasto en personal supere el 70% del total de su cuenta de resultados y obligaría a no reducir plantilla y a sostener esas mejoras salariales durante al menos dos años; de incumplirse las condiciones, el incentivo tendría que devolverse. Así, la rebaja sería progresiva y compensaría entre el 25% y el 100% del coste que la subida del SMI suponga para la empresa, en función del aumento de trabajadores que pasen a cobrar por encima del salario mínimo.