La reducción de la jornada de los funcionarios representa una pérdida de 17.500 empleos a tiempo completo

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que dirige Óscar López, se reunió este viernes con los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CCOO, CSIF y UGT— en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) para acordar la reducción de la jornada laboral de los funcionarios desde las 37,5 horas semanales hasta las 35 horas. La ratificación del acuerdo ha llevado la firma de los tres sindicatos pese a que CCOO no dio su visto bueno hasta este jueves, después de que Función Pública "admitiera su exigencia de incluir a la totalidad del personal del ámbito", según han explicado en un comunicado de prensa, a excepción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al no formar parte del ámbito de negociación sindical de la AGE.

Por su lado, en otro comunicado, UGT ha señalado que la puesta en marcha efectiva de la reducción de la jornada se producirá "en un plazo máximo de 15 días" tras la firma del acuerdo, después de que el departamento de Óscar López se haya comprometido con el sindicato en "publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en este plazo". El propio ministro lo ha refrendado este viernes en unas declaraciones que ha realizado en unas jornadas organizadas por eldiario.es: "En la primera quincena del mes de abril pondremos en marcha la jornada de 35 horas en la AGE". De esta forma, 246.500 funcionarios disfrutarán de una reducción de 2,5 horas semanales, lo que representa el 8% del personal total del sector público, según las cifras del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Pérdida en la calidad de los servicios públicos

"El texto acordado fija un cómputo anual de 1.533 horas, lo que supone una reducción de 109 horas anuales", según UGT. Esto significa que la Administración Central va a tener que compensar de alguna forma la pérdida de casi 27 millones de horas trabajadas anteriormente si quiere evitar un deterioro de los servicios públicos. En concreto, 26.868.500 horas anuales, lo que equivale a la pérdida de 17.527 empleados públicos a tiempo completo.

Esta alerta sobre la pérdida de calidad de los servicios públicos ha sido advertida por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del
Estado (FEDECA) que, aunque "valora favorablemente la reducción de la jornada (...) en la medida en que puede favorecer la conciliación y el bienestar de los funcionarios", también reconoce "la imposibilidad de mantener la misma calidad de los servicios públicos trabajando menos horas, en un contexto en el que muchas unidades ya operan bajo una elevada presión, con plantillas inadecuadas y recursos insuficientes".

En la misma línea se han expresado los tres sindicatos mayoritarios entre los funcionarios. Por ejemplo, UGT ha dicho que se "mostrará muy exigente con respecto a la negociación de la oferta de empleo público de 2026 y que vigilará las medidas que deben adoptar los distintos organismos para implementar la jornada sin que merme la calidad del servicio". Además, desde CSIF han recordado "la ola de jubilaciones previstas en la AGE, donde más del 50% de la plantilla cuenta con más de 50 años y más del 20% se jubilará en los próximos 5 años". Un contexto que tensiona todavía más el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos.

Oferta de Empleo Público de 2026

En paralelo a la negociación de la reducción de la jornada laboral se ha abordado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026. Sin embargo, su avance se ha enquistado, según apuntan para El Independiente fuentes de la mesa de diálogo. Aunque todavía no se han puesto cifras concretas, las fuentes indican que el Gobierno, inicialmente, quería poner sobre la mesa niveles similares a la de 2025, cuando se aprobaron 36.588 plazas, incluyendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas (y de ellas, 27.697 fueron de nuevo ingreso).

Una decisión que las tres organizaciones rechazaron al considerar que no respondería a las necesidades derivadas de la reducción de la jornada laboral. En este sentido, fuentes de la mesa de negociación apuntan a que la OEP de este año "podría ser superior por ese motivo". No obstante, también subrayan que Función Pública deberá analizar internamente el impacto de los nuevos horarios para ajustar con precisión las necesidades de personal. Todo ello en un contexto de limitado margen fiscal, que ya condicionó la negociación salarial de los empleados públicos en noviembre de 2025, cuando el departamento reconoció no disponer de mayor capacidad presupuestaria. Con todo, las mismas fuentes señalan que "convocarán la próxima reunión para después de Semana Santa". Por ello, las conversaciones continúan abiertas y, previsiblente, se "convocarán para después de Semana Santa", según trasladan las mismas fuentes.