A falta de un año y cuatro meses para que finalice la presente legislatura, la que era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha apartado de su cargo para emprender una nueva aventura política como candidata socialista para presidir Andalucía en los comicios que se celebrarán este 17 de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cubierto este vacío ascendiendo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero y al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, como ministro de Hacienda. Así, el presidente pone el foco en la economía en tiempos de incertidumbre. No obstante, el nuevo ministro de Hacienda deberá tomar decisiones en lo que queda de legislatura, donde se verá si decide seguir la herencia de Montero o, por el contrario, apostará por introducir cambios, como por ejemplo deflactar el IRPF.
"El impuesto silencioso" o la "trampa del IRPF", así definen los expertos la falta de ajuste de los tramos del IRPF a la inflación. En resumen, la no deflactación supone que cuando suben los salarios de los trabajadores (que lo han hecho a menor ritmo que los precios de los productos y servicios), al no haberse ajustado los tramos del IRPF a la inflación de los últimos años, los contribuyentes pasan a un tramo superior, pagando más, pese a que no existe un aumento de riqueza real, ya que el coste de la vida se ha encarecido por encima de las subidas salariales.
El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, lo explicaba esta semana en el Congreso de los Diputados, donde su formación condicionó su apoyo al decreto anticrisis a la inclusión de la deflactación del IRPF, entre otras medidas. Así, durante su intervención, Bravo ilustró el efecto de la inflación sobre la carga fiscal al señalar que un salario que en 2018 permitía no pagar IRPF —en torno a 14.000 euros— necesitaría hoy más de 17.600 euros para mantener el mismo poder adquisitivo, pero en ese nivel de renta ya se tributa, en torno a 745 euros según su estimación.
Renunciar a 9.000 millones extra
Pero claro, aquí la cuestión recae en si el nuevo ministro va a ser capaz de renunciar a una parte significativa de la recaudación que se obtiene a través de este impuesto silencioso. Según el último Documento Técnico sobre la variabilidad de los ingresos tributarios, publicado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) a principios de febrero de este año, la no deflactación del IRPF ha engrosado las arcas públicas en "0,6 puntos de PIB" entre 2019 y 2024, lo que viene a representar unos 9.000 millones de euros anuales.
En concreto, según la última publicación disponible sobre los ingresos públicos de la Agencia Tributaria, la recaudación del IRPF ha alcanzado los 133.000 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, un 10,1% más que en 2024. Y según la AIReF, el alza se ha impulsado "principalmente por el factor precios, que con el consecuente incremento asociado a los tipos efectivos supondrá el 73% del incremento esperado". Es decir, solo en los once primeros meses de 2025, Hacienda ingresará unos 8.900 millones extra gracias a la no deflactación del IRPF.
Además, este debate cobra especial relevancia en el contexto internacional actual, marcado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que amenaza con reactivar las presiones inflacionistas justo cuando comenzaban a moderarse. De hecho, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España ya han tenido que modificar al alza sus previsiones de inflación para 2026. Así las cosas, la falta de ajuste del IRPF no solo seguiría actuando como una fuente de ingresos adicional para el Gobierno sino que intensificaría el debate sobre su impacto en el poder adquisitivo de los contribuyentes. Un colchón recaudatorio que sitúa a Arcadi España ante una disyuntiva clara: aliviar la carga fiscal de los españoles o preservar los ingresos y mantener la herencia de su predecesora.
Los frentes abiertos de Hacienda
Sin embargo, este no será el único frente al que deberá enfrentarse el nuevo ministro. Montero le ha dejado bastantes deberes. Entre los principales retos figura la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno todavía no ha aprobado ninguno en esta última legislatura; el país lleva con los mismos presupuestos prorrogados desde 2023 por no lograr el consenso mayoritario de un Congreso fragmentado. Así, Arcadi España deberá intensificar la negociación parlamentaria una vez que presente su proyecto presupuestario.
Junto a ello, el nuevo ministro tendrá que desbloquear otras reformas clave que permanecen encalladas en la Cámara Baja, como la quita de la deuda —pendiente de recabar los respaldos necesarios— y avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica. Este último punto, uno de los más sensibles, cuenta con un acuerdo político previo con ERC, pero aún debe traducirse en una propuesta normativa que logre concitar apoyos suficientes antes de su tramitación parlamentaria.
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