La gestión de los fondos europeos en España se encuentra en el ojo del huracán. El Tribunal de Cuentas ha dado la voz de alarma este martes en su Declaración de la Cuenta General del Estado 2024. El Tribunal ha detectado que, en noviembre de 2024, el Ministerio de Hacienda desvió créditos de los fondos europeos por valor de 2.389,4 millones de euros para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y los complementos a las pensiones mínimas.

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Una operación que ha generado controversia en el seno del Tribunal de Cuentas, ya que la normativa establece que los créditos vinculados al MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) deben destinarse, exclusivamente, a actuaciones elegibles dentro del propio marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Ocho de los doce planes industriales tienen menos fondos asignados que el dinero usado para pagar pensiones

Dentro de este debate, el contexto es fundamental para dimensionar el alcance de la operación realizada por Hacienda. La Comisión Europea creó los fondos Next Generation en 2020 con el objetivo de reactivar la economía tras la pandemia y aprovechar esta crisis para transformar estructuralmente las economías europeas, reforzando su autonomía en sectores clave y ganando soberanía estratégica, a fin de reducir su dependencia de terceros países.

En España, parte de los fondos europeos se canalizaron a través de un plan industrial, que contaba con 12 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), dotados con un presupuesto total de 41.100 millones de euros.

Pues bien, según los últimos datos disponibles del Gobierno de España —cuya última actualización está fechada a 11 de febrero de 2025, tres meses después del desvío de Hacienda para pagar las pensiones—, ocho de estos doce proyectos registran importes ya asignados por el Gobierno inferiores a los 2.389,4 millones de euros desviados para cubrir las pensiones de clases pasivas y los complementos a mínimas.

En concreto, en el PERTE para la salud de vanguardia, el PERTE de digitalización del ciclo del agua, el agroalimentario, el de chips, el de la descarbonización industrial, el de economía circular, el de la lengua y el de la industria naval.

Intervención de Bruselas

Aunque Hacienda ha defendido que este desvío se trataba de remanentes no comprometidos y que su reasignación no afectaba a la ejecución de los fondos europeos, varios consejeros del propio Tribunal discreparon de esta interpretación. De hecho, la Comisión Europea confirmó este martes que revisaría la información proporcionada por el Tribunal de Cuentas español y que estaban "en contacto con las autoridades españolas" para analizar la operación.

Pese a la advertencia, desde Bruselas matizan que los desembolsos del MRR se realizan en función del cumplimiento de hitos y objetivos incluidos en los planes nacionales de recuperación y que el importe de cada pago no está directamente vinculado a los costes reales asumidos por los Estados miembros. Por ello, el Ejecutivo comunitario apunta a que es "totalmente posible" que un país tenga que adelantar financiación para determinadas inversiones antes de recibir nuevos desembolsos europeos y añade que también puede utilizar la liquidez procedente de estos pagos para cubrir otros gastos.

Tribunal de Cuentas de la Unión Europea

No obstante, los fondos europeos no solo están en el punto de mira del Tribunal de Cuentas español, sino también en el de la Unión Europea. Este miércoles, el Tribunal de Cuentas europeo ha emitido un informe sobre la transparencia y trazabilidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y ha detectado "deficiencias" en la información que publica España sobre los mayores beneficiarios de los fondos europeos de recuperación.

En concreto, el organismo fiscalizador señala que España publica en la lista de los cien mayores perceptores finales "las cantidades asignadas" a cada beneficiario "en lugar de las cantidades recibidas", pese a que el reglamento del fondo establece que deben comunicarse los importes efectivamente percibidos.

Es decir, el Gobierno español indica los recursos que ha movilizado o asignado —el dinero que ya ha convocado, adjudicado o comprometido para proyectos concretos—, pero no necesariamente el importe que los beneficiarios han recibido efectivamente en sus cuentas. Ante ello, el Tribunal de Cuentas europeo subraya la importancia de diferenciar estos dos conceptos, porque una cosa es anunciar fondos comprometidos y otra distinta es que ese dinero haya sido finalmente desembolsado y ejecutado.

Pese a las críticas, desde el organismo europeo añaden que las autoridades españolas trabajan en una actualización de esta información para ampliar la cobertura al conjunto del plan de recuperación.