El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto Ley para actualizar las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas y las entidades locales, una medida que permitirá distribuir este año la "mayor financiación territorial de la historia", según ha descrito el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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Las entregas a cuenta son los anticipos que el Estado transfiere cada año a las comunidades autónomas y ayuntamientos con cargo a la recaudación tributaria prevista. Posteriormente, una vez se conoce la recaudación real, el sistema se ajusta mediante la denominada liquidación, que corrige al alza o a la baja las cantidades inicialmente adelantadas.

Entregas a cuenta récord

En esta ocasión, España ha comunicado que las autonomías recibirán 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta en 2026, un 7% más que en el año anterior, es decir, 10.319 millones adicionales apoyados en el récord de recaudación tributaria y el dinamismo del mercado laboral. Además, si se suma la liquidación correspondiente al ejercicio 2024, que se abonará durante 2026, los recursos totales que recibirán las autonomías a través del sistema de financiación alcanzarán los 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en 2025.

Por su lado, la actualización de entregas a cuenta para las entidades locales aumentará un 8,8%, obteniendo 29.247 millones de euros, es decir, 2.354 millones más que el ejercicio anterior. Y sumando la liquidación, el volumen de fondos volverá a ser histórico: 30.073 millones de euros.

No obstante, la medida deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados. El Gobierno intentó aprobar esta actualización en dos ocasiones anteriores a través del denominado decreto ómnibus, que no logró superar la votación parlamentaria. Por ello, el ministro ha apelado directamente al Partido Popular para que respalde la iniciativa en esta tercera ocasión.

Los ayuntamientos podrán gastar su superávit

Asimismo, el Real Decreto Ley aprobado este martes incorpora una segunda medida dirigida a las entidades locales. Permitirá que los ayuntamientos que hayan cerrado 2025 con superávit presupuestario puedan destinar esos recursos a Inversiones Financieramente Sostenibles sin que computen a efectos de la regla de gasto.

Según los cálculos de Hacienda, la medida podría beneficiar a más de 2.544 entidades locales y movilizará hasta 3.168 millones de euros. Estos fondos podrán destinarse a actuaciones como infraestructuras, redes de abastecimiento y saneamiento, protección civil, energía o equipamientos públicos.

Y como novedad, el Gobierno ha establecido un régimen específico para las inversiones en vivienda. Los ayuntamientos que destinen su superávit a esta materia podrán ejecutar los proyectos no solo durante el ejercicio autorizado, sino también a lo largo de los cuatro años siguientes. Según ha defendido el ministro de Hacienda, esta fórmula permitirá dar una mayor estabilidad a las políticas municipales de vivienda y facilitar una planificación a largo plazo de las inversiones.