El Banco de España ha elevado este jueves su previsión de inflación media para 2026 hasta el 3,6% durante la presentación del informe trimestral de Proyecciones Macroeconómicas. Se trata de seis décimas más de lo que estimaba en marzo y de una tasa que incluso superará el crecimiento previsto para la economía española, que la institución sitúa en el 2,3% en el presente ejercicio.
La revisión llega apenas unos días después del acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Pero el mensaje implícito del Banco de España es que el fin de los combates no implica el fin de sus efectos económicos. Tal y como advirtió la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, durante los primeros meses del conflicto, los daños sobre la capacidad energética de la región son demasiado "importantes" como para que puedan desaparecer de la noche a la mañana.
De hecho, esta revisión al alza acerca las previsiones del Banco de España a los escenarios más pesimistas que la propia institución manejaba hace apenas tres meses. En marzo, cuando actualizó sus proyecciones en plena escalada bélica, la institución elaboró tres escenarios alternativos en función de la intensidad y duración del conflicto. En el escenario central, la inflación media de 2026 se situaría en el 3%; en el adverso alcanzaría el 3,9%; y en el severo escalaría hasta el 5,9%. La nueva previsión de junio, situada en el 3,6%, acerca así el escenario central a las hipótesis más pesimistas que contemplaba entonces el organismo gobernado por José Luis Escrivá.
Prórroga de las medidas anticrisis
La revisión llega en pleno debate sobre la continuidad de las ayudas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética. Aunque las rebajas fiscales sobre la electricidad y el gas ya han desaparecido y los descuentos aplicados a los carburantes decaerán el próximo 30 de junio, este miércoles, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo estaba trabajando en la posibilidad de aprobar un nuevo paquete de medidas para proteger a los hogares y a las empresas frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.
De esta forma, el nuevo 'escudo social' sustituiría el que aprobó el pasado 20 de marzo y, pese a que el contenido definitivo todavía se desconoce, el presidente ha adelantado que cualquier prórroga se aprobaría en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 29 de junio.
De hecho, esta posible extensión de las ayudas contaría con el respaldo mayoritario de los agentes sociales. En las últimas semanas, el Ministerio de Economía ha mantenido reuniones con los sectores más afectados para estudiar la situación y: existe consenso. Desde las gasolineras hasta las organizaciones agrarias, así como sindicatos y patronales empresariales, todos los agentes han reclamado al Ejecutivo que mantenga los mecanismos de apoyo mientras persista la incertidumbre sobre los precios energéticos.
Un coste de al menos 2.500 millones
No obstante, la prórroga llegaría después de que el anterior plan movilizara 5.046 millones de euros, gran parte de ellos a través de rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y los carburantes. Según los cálculos del propio Gobierno, estas medidas beneficiaron a unos 20 millones de hogares y tres millones de empresas, pero también supusieron una merma de ingresos para las arcas públicas. Solo la suspensión temporal de determinados impuestos energéticos redujo la recaudación del Ministerio de Hacienda en más de 2.500 millones de euros.
Precisamente, este diseño de ayudas generalizadas ha sido objeto de crítica entre distintos organismos nacionales e internacionales. Instituciones como la OCDE, la Comisión Europea o Fedea han defendido reiteradamente que los apoyos públicos frente a las crisis energéticas deberían concentrarse en los hogares y empresas más vulnerables, en lugar de aplicarse de forma generalizada a toda la población.
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